Una investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público permitió la detención de tres sujetos por múltiples delitos asociados al crimen organizado, entre ellos contrabando de cigarrillos, porte ilegal de armas y lavado de activos.
"En base a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, lograron determinar de que en un domicilio ubicado en la comuna de
Colina se mantenían en acopio y vendían cigarrillos por contrabando en grandes cantidades", dijo Cristián Ramírez, jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI.
Con una orden de registro y entrada, personal de la PDI ingresó simultáneamente a cuatro domicilios en Quinta Normal, Colina, Maipú y Arica, logrando la detención de tres personas, dos de nacionalidad chilena y un iraní.
La investigación "permitió establecer la participación de la cónyuge del primer detenido, ciudadano chileno, y de la misma manera de un aparente ciudadano iraní. No tenemos antecedentes respecto de él por cuánto tiene un ingreso irregular a Chile el año pasado y se autodenuncia la ciudad de Arica", dijo la fiscal Macarena Cañas, jefe de Flagrancia de la Fiscalía Centro Norte.
Gracias a esto, se incautaron cinco armas de fuego, más cargadores y dinero en efectivo. Pero lo principal fue el decomiso de una importante cantidad de cigarrillos que era comercializado por contrabando y con un perjuicio fiscal de 3.200 millones de pesos.
La fiscal Cañas detalló que se hizo un "levantamiento de los bienes de los imputados, particularmente de la pareja chilena, mediante la cual se pudo solicitar al Tribunal de Colina que autorizase una cautelar real. Esto significa que se le congelaron los bienes a estas personas, es decir, propiedades o bienes raíces respecto a las cuales estos imputados no podrán ejecutar actos para transferirlas, grabarlas, cederlas, etcétera".
Fruto de las diligencias investigativas fueron formalizados por los delitos de asociación delictiva, contrabando, tenencia de armas de fuego y lavado activos. Quedaron en prisión preventiva por solicitud de la Fiscalía y el tribunal dictó un plazo de 120 días para la investigación.
