Dos proyectos presentó este martes el
Presidente José Antonio Kast al Congreso, que buscan mejorar la seguridad en los establecimientos educacionales.
Las iniciativas legales se enmarcan en el contexto del alza de casos de violencia que se han registrado en el último mes, marcados por el hecho más grave hasta ahora: la muerte de una inspectora en un colegio de Calama, luego que un estudiante de 18 años la atacara con un arma blanca.
En estas últimas semanas también se han registrado casos de amenazas de "tiroteo" por parte de alumnos de distintos colegios, además del ataque incendiario ocurrido la semana pasada en el
Liceo José Victorino Lastarria.
Consultados por Emol, expertos y organizaciones revisan los pros y contras de los proyectos de ley. Tal es el caso de Escuelas Abiertas, desde donde su vocera, María Paz Larraín, destaca que ambas iniciativas "son bienvenidas y necesarias", puesto que "uno dota a los establecimientos de instrumentos concretos que hoy no tienen (revisión de mochilas, autoridad docente con respaldo legal, gestión interna de conflictos) y le devuelve al docente la capacidad de actuar dentro del aula".
"El otro manda una señal que también faltaba: la conducta violenta en el contexto escolar tiene consecuencias penales más severas, porque el espacio educativo merece protección especial".
No obstante, subraya que la solución no es solo legislativa. "La violencia que vemos en los colegios no nace ahí: nace donde faltan límites y responsabilidad. Por eso el trabajo tiene que ser sistemático e involucrar a las familias. Los padres no pueden ser espectadores ni fiscalizadores: tienen que ser aliados de los profesores. Colegios y familias tienen que ir de la mano", cerró.
Proyectos de ley
El primer proyecto de ley propone modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos contra la comunidad educativa y recintos educacionales.
Específicamente, se busca incorporar los numerales 25 y 26 al artículo 12 del Código Penal para sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas.
El segundo proyecto, denominado "Escuelas Protegidas", busca resguardar la integridad "física y psíquica" de las comunidades mediante la creación de medidas de seguridad reguladas en la Ley General de Educación.
Las medidas que incorpora son: revisión de mochilas, brinda a docentes la posibilidad de implementar medidas "pedagógicas, correctivas y disciplinarias", sanciones por interrupción de clases, y reglamentos internos que prohíban el uso de accesorios como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro elemento que impida la identificación facial.
El proyecto también incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.
"Medidas punitivas"
María Paz Trebilcock, socióloga y académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins (UOH), comenta que "las medidas que propone el gobierno deben ir acompañadas de una agenda que también proponga mejorar la convivencia en las escuelas a largo plazo. Poner el acento solo en las medidas punitivas no reconoce la lógica restitutiva o restaurativa, que es importante fomentar, sobre todo en la etapa escolar".
"En ese sentido, no basta con la revisión de mochilas o con sanciones, sino que también es necesario implementar medidas que acompañen la promoción de la buena convivencia en la sala de clases. Hay una serie de factores estructurales de salud mental que se han agudizado pospandemia: debilitamiento de los vínculos entre alumnos, aumento del bullying, aumento del ruido y de los factores distractores en la sala de clases, aumento del estrés, entre otros", subrayó.
Agregó que "el enfoque punitivo no ataca el problema de fondo y desincentiva las acciones que ayuden a generar un clima cuidado y de confianza; por lo tanto, se quedan en la primera capa del problema; no lo resuelven".
Pérdida de la gratuidad
Respecto a la eventual sanción que pueden recibir algunos estudiantes con la pérdida de gratuidad universitaria, los expertos manifiestan, por un lado, que se trata de sanciones "desmedidas", mientras otros defienden que sólo se aplicaría en caso de sanciones a personas condenadas por la justicia.
"Hay que entender que la escuela es una etapa de formación. Sanciones a largo plazo, como la pérdida de la gratuidad, son desmedidas y no reconocen la capacidad de restitución o reparación, sino que extienden la pena a lo largo del tiempo", plantea Trebilcock.
Agrega que "en general, la visión de los organismos internacionales ha resaltado que los enfoques no deben ser de corte punitivo, sino que más bien apuntan a generar un ambiente socioemocional adecuado, que cuide las relaciones y que produzca el orden escolar como una consecuencia de la construcción de vínculos significativos".
Por su parte, Jorge Van de Wyngard, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Bernardo O'Higgins, observa que la medida "solo operaría respecto de personas condenadas por la justicia criminal luego de un debido proceso. Por lo tanto se trata de casos graves y extremos, esperemos muy acotados".
"Lo que quiero decir es que no me parece que sea relevante un gran debate público por una cuestión que en términos concretos eventualmente pudiera afectar a un grupo muy pequeño de personas. Y, en algunos de esos casos, siempre que sea de manera justificada, creo que se podría diseñar, más adelante, un sistema de acompañamiento o tutorización que otorgue el beneficio, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones por parte de los involucrados", remarcó.
Protocolos en colegios
Los expertos también ponen el foco que se deben fijar bien los protocolos que se utilizarán para aplicar determinadas medidas como revisar las mochilas de los estudiantes.
"Sería un error pensar que basta con protocolos o sanciones. La respuesta no puede ser solo reactiva. Junto con enfrentar las consecuencias de los hechos de violencia, necesitamos avanzar en algo más profundo, fortalecer el rol de las familias —los primeros responsables de la formación— y generar condiciones para el desarrollo integral de los jóvenes".
América Castillo, investigadora Instituto Libertad
A juicio de América Castillo, investigadora asociada del Instituto Libertad y especialista en educación, los proyectos van en la línea correcta, en la medida en que buscan respaldar la labor de los docentes y equipos directivos, que muchas veces han tenido que enfrentar situaciones críticas sin herramientas suficientes. Recuperar condiciones básicas de seguridad al interior de los establecimientos es indispensable para que exista aprendizaje".
"Dicho eso, sería un error pensar que basta con protocolos o sanciones. La respuesta no puede ser solo reactiva. Junto con enfrentar las consecuencias de los hechos de violencia, necesitamos avanzar en algo más profundo: fortalecer el rol de las familias —los primeros responsables de la formación— y generar condiciones para el desarrollo integral de los jóvenes. Sin eso, cualquier política queda corta", comenta.
Con todo, asegura que la duda también está en si los colegios cumplirán con los protocolos. "El punto no pasa tanto por la libertad de aplicarlos o no. Los establecimientos ya hacen grandes esfuerzos por proteger a sus comunidades. El verdadero desafío está en la capacidad de implementación, considerando recursos humanos, económicos y de tiempo. Ahí es donde esta política se jugará su efectividad en la práctica", cerró.
Respecto a la revisión de mochilas, Van de Wyngard afirma que esto "no puede presentarse como algo negativo". "Basta pasar por cualquier control de aeropuerto para experimentar un control mucho mas intrusivo, que incluso a veces puede ser denigrante y no he visto que nadie levante una voz en contrario sobre eso, que afecta a mayores y menores de edad", afirmó.
"Y respecto de las sanciones por interrumpir las clases es importante que se precise bien que alcances tiene esa medida, ya que no es lo mismo, por ejemplo, casos como la violencia de los 'overoles blancos' a la acción de un grupo de estudiantes que reclama por mejores condiciones de estudio mediante un movimiento pacífico de peticiones", cerró.
