La Contraloría General de la República, lanzó este miércoles el Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR), una nueva herramienta de alerta temprana que permite detectar altos riesgos en distintos procesos de la Administración del Estado.
En concreto, este nuevo instrumento preventivo, está basado en el análisis de grandes volúmenes de información.
Esto con el objetivo de detectar situaciones que podrían representar irregularidades en la gestión pública, antes de que se transformen en hechos sancionables o ilícitos.
Al respecto, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, explicó que estos antecedentes no establecen ni presumen irregularidades ni actos de corrupción, sino más bien que "la herramienta tiene un enfoque de alerta temprana, orientado a advertir escenarios que, de no ser oportunamente gestionados, podrían derivar en conflictos de interés o en afectaciones a los principios de probidad e imparcialidad que rigen la función pública".
Hallazgos de la primera edición
En su primer número, RADAR abordó las compras públicas realizadas por algunas municipalidades, gobiernos regionales (Gore) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), revelando, por ejemplo, un uso masivo y reiterado del trato directo.
Entre enero de 2024 a mayo de 2025, el organismo identificó la emisión de 556.222 órdenes de compra, con uso reiterado del trato directo o de la contratación excepcional directa con publicidad. De acuerdo a la Contraloría, el monto transado bajo estas modalidades alcanzó más de un billón de pesos ($1.167.244.609.803).
Lo anterior constituye un riesgo, pues se trata de una modalidad que la ley califica de excepcional. A la vez que deben acreditarse los supuestos fácticos y jurídicos que justifiquen el uso de esas modalidades antes descritas.
Asimismo, otra de las eventuales alertas tiene relación con posibles vínculos entre los funcionarios que intervienen en los procesos de compra y los proveedores de reciente constitución.
Aquello configura un riesgo potencial de conflicto de intereses que debe verificarse, especialmente asociado a operaciones totales por más de $889 millones.
Con este reporte, se espera informar a las autoridades de los organismos involucrados de las situaciones, con el fin de que adopten medidas que pueden previr posibles conflictos.
En caso de que las alertas deriven en evidencias, éstos podrán dar lugar a fiscalizaciones, específicas, la determinación de responsabilidades administrativas e incluso a denuncias ante el Ministerio Público.
