Un conflicto que combina aspectos laborales, educacionales y constitucionales se desató entre docentes de Religión y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama por la presunta eliminación de horas de la asignatura.
Según reportó el Diario de Atacama, el caso llegó hasta la Corte de Apelaciones de Copiapó luego que tres profesores interpusieran recursos de protección contra el SLEP por la eliminación de horas de la materia en distintos establecimientos públicos de la región.
Las acciones judiciales fueron presentadas el pasado 2 de abril por los profesores Raimundo González Fritis, Ana María Brito Ponce y Jeannette Barrionuevo Castillo, quienes desempeñan funciones docentes en escuelas de Copiapó y Tierra Amarilla.
En conjunto denuncian una misma situación: la omisión de impartir la asignatura de Religión al inicio del año escolar 2026, lo que afirman, vulnera derechos fundamentales y contraviene la normativa vigente.
Según acusaron los profesores, la eliminación de horas ya corre en tres escuelas de la región. En Copiapó, el profesor Raimundo González acusa que en la Escuela Abraham Sepúlveda Pizarro se eliminaron ocho horas pedagógicas de Religión correspondientes a cursos de 3° a 6° básico.
En tanto, en Tierra Amarilla, la situación se repite en dos establecimientos: en la Escuela Marta Aguilar Zerón, la docente Ana María Brito denunció la supresión de cuatro horas en 1° y 2° básico, mientras que en la Escuela Víctor Sánchez Cabañas, Jeannette Barrionuevo reportó la eliminación de otras cuatro horas en cursos de 3° y 4° básico.
En todos los casos, los profesores coinciden en que la medida fue adoptada al inicio del año escolar sin que existiera un acto administrativo formal que la justificara, según sostienen.
Además, los docentes aseguran que la decisión tuvo consecuencias directas en su situación laboral, ya que al eliminarse las horas de Religión, su carga horaria fue reducida y reasignada a funciones ajenas a su especialidad.
En esa línea, afirmaron que la medida dictada por el SLEP Atacama afecta su estabilidad laboral y el ejercicio de su profesión.
Acción judicial
Por todo lo anterior, el eje central de las acciones judiciales presentadas apunta a una presunta infracción al Decreto Supremo N° 924 de 1983 del Ministerio de Educación que establece que todos los establecimientos educacionales del país deben ofrecer la asignatura de Religión con carácter optativo, garantizando al menos dos horas semanales por nivel.
En ese contexto, acusan que el SLEP Atacama habría incurrido en una "omisión ilegal" al no incluir la asignatura en el horario oficial, lo que constituye además "un acto arbitrario al carecer de fundamentación jurídica".
Entre sus argumentos, los docentes citaron fallos recientes de tribunales, donde destaca una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel en 2025 que confirmó sanciones contra un establecimiento que no ofrecía la asignatura de Religión, reafirmando su carácter obligatorio.
Asimismo, mencionan criterios reiterados de la propia Corte de Apelaciones de Copiapó, que han calificado como "ilegales" las omisiones de los SLEP cuando incumplen obligaciones normativas.
A nivel internacional, se reportó que también invocan el caso "Pavez Pavez vs. Chile" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció la responsabilidad del Estado en situaciones que afectan el ejercicio de la docencia en Religión sin fundamento legal suficiente.
En sus presentaciones, los tres docentes solicitan que la Corte de Apelaciones de Copiapó declare ilegal y arbitraria la actuación, y ordene restablecer la asignatura de Religión en los establecimientos.
Además, piden que se adopten medidas que permitan retomar sus funciones docentes en condiciones normales, restituyendo las horas eliminadas.
La respuesta del SLEP
Consultados por el citado medio, desde el Servicio Local de Educación Pública Atacama señalaron que a la fecha no ha sido notificado formalmente de los recursos de protección mencionados.
Pese a eso, señalaron que el organismo "reitera su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en materia educacional, así como con el resguardo de los derechos de las comunidades educativas, actuando siempre en el marco de sus competencias y atribuciones legales".
"Una vez que exista una notificación formal y se cuente con los antecedentes correspondientes, el SLEP Atacama analizará la situación a través de sus equipos técnicos y jurídicos, adoptando las medidas que resulten pertinentes conforme a derecho. Asimismo, el Servicio Local reafirma su disposición a colaborar con las instancias que correspondan, velando por el adecuado funcionamiento del sistema educativo público en el territorio", afirmaron.
