La Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular una banda criminal dedicada al robo de cobre que operaba en ocho regiones del país y que posteriormente exportaban de manera ilegal hacia China.
La operación denominada "Alto Voltaje" logró dar con una organización criminal que operaba en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Metropolitana, O'Higgins, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y Biobío, y que trasladaba el cobre en camiones hasta Iquique para luego transportarlo vía marítima como cargas de chatarra hasta el país asiático.
En total, resultaron 22 personas detenidas -incluyendo los líderes de la red y principales brazos operativos- y se intervinieron 49 domicilios en siete regiones del país. Además, se incautaron 187 toneladas de cobre, 63 propiedades, 40 vehículos, 11 armas y municiones.
La investigación reveló además que los movimientos económicos de la banda entre los años 2020 y 2025 alcanzaron montos por $816.765.326.477 (cerca de US$917 millones).
El prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI señaló que la banda usaba una "dinámica de la sustracción de cobre sistemática a la red pública al sistema de energía nacional (...) sustraían de manera permanente el cable de este servicio esencial para el país para poder reducirlo, venderlo, procesarlo, venderlo, para finalmente ser exportado hacia el país de China".
"Se concedieron 50 órdenes de entrada de registro, 25 de detención, las cuales fueron materializadas recientemente, teniendo resultados favorables en aquel sentido logrando la detención de 22 blancos investigativos directamente relacionados con esta organización. Destacar que estas personas vinculadas e imputadas en esta causa las tenemos relacionadas con 13 empresas relacionadas al rubro", subrayó el prefecto.
En tanto, el subdirector de Investigación Policial y Criminalística, Prefecto General Hugo Haeger, señaló que también hay una afectación al patrimonio fiscal con el IVA Exportador, que esta organización pudo recibir reintegros por alrededor de $58.000.000.000".
Sumó que las diligencias investigativas permitieron "establecer el modo de operar, que era el robo de cable eléctrico y de telecomunicaciones en el sur del país, tanto cable aéreo como soterrado, de empresas que lo ponían a disposición para la ciudadanía, afectando de mayor forma a todos los chilenos".
Modus operandi
Por su parte la fiscal regional subrogante de Los Lagos, María Angélica de Miguel, informó que la investigación se extendió por más de un año y que se pudo desbaratar la "organización criminal dedicada a la adquisición, al acopio, transporte, a la comercialización y, finalmente, a la exportación de cobre de origen ilícito en nuestro país. Dentro de esto, se pudo destacar los distintos roles de carácter permanente y, obviamente, con una jerarquía específica que conforman esta organización".
En la red "participaban muchas chatarrerías mediante empresas de fachadas, lo cual tenía por objeto legalizar las operaciones que se realizaban, y además también blanquear las ganancias a través de facturas falsas e instrumentos tributarios adulterados, y por lo tanto, así blanquear ese origen ilícito también de estas ganancias".
Además, se pudo constatar "la participación de dos clanes familiares muy importantes, tanto en el sur como en el norte, y además también de una persona intermediaria que actuaba como pasamanos trayendo el cobre desde la zona sur, hasta llegar finalmente al norte y siendo exportado desde Iquique a mercados del Asia".
En cuanto al cobre, la fiscal detalló que "pasaba por un proceso de quemado, pelado o trituración, que tenía por objeto justamente perder la trazabilidad para que las empresas no pudieran reconocer la procedencia de este cobre".
