Este miércoles el Congreso despachó a ley la nueva normativa "antievasión" que permitirá aumentar las sanciones para quienes no paguen su pasaje en el transporte público.
Según señalaron desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, consta de una "importante herramienta de sanción para combatir el principal problema que afecta al sistema". A ello se suma el costo que impactan las arcas fiscales y que la cartera ha cifrado en US$200 millones al año.
La normativa fue aprobada por 145 votos a favor y dos abstenciones, ante lo que el ministro de Transportes, Louis de Grange, destacó que "este apoyo transversal refleja la relevancia que tiene este tema y la urgencia que existía en avanzar para enfrentarlo".
"Con esta aprobación sumaremos las herramientas para poder mejorar nuestra capacidad de gestión y obtener mejores resultados para combatir una problemática que no solo impacta financieramente al sistema, sino también que es un abuso de unos pocos que va más allá del transporte", subrayó el secretario de Estado.
La ley además incluye la posibilidad de pagar una tarifa recargada para evitar ingresar en el Registro de Evasores.
Asimismo, el texto incorpora mayores protecciones a los conductores de buses e inspectores que colaboran en labores de fiscalización. En concreto, si uno de ellos se ve afectado por algún tipo de lesión en un altercado, el delito asociado para quien resulte responsable aumentará automáticamente en un grado, igualando lo que ya ocurre con inspectores fiscales o personal de EFE y Metro.
La normativa además permitirá restringir a una persona sancionada por evadir con la prohibición de ingresar a estadios, junto con la suspensión de los beneficios de TNE y Tarjeta Adulto Mayor.
