El día miércoles la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, asistió a la comisión de Seguridad del Senado.
Durante la sesión, la líder de cartera enfrentó nuevas consultas de los parlamentarios, quienes insistieron en aclarar las circunstancias que rodearon la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
No es la primera vez que Trinidad Steinert aborda este tema. Ya lo había hecho el 25 de marzo, en su primera comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde descartó haber tenido injerencia en la decisión.
Las interrogantes surgieron a partir de distintas versiones que apuntaban a que la propia ministra habría solicitado la salida de la oficial, una de las funcionarias con mayor antigüedad dentro de la institución.
Sin embargo, la ministra ha rechazado esa interpretación. En la misma línea, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, sostuvo ante el Congreso que se trató de una determinación institucional adoptada en el marco de sus atribuciones, aunque sin detallar eventuales conversaciones previas con la secretaria de Estado antes del retiro de Peña, quien acumulaba 36 años de servicio.
La ministra señaló en la comisión que "en este momento la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones, incluso, vejatorias por parte de la comunidad y de distintos actores",
"Esta ‘historia paralela’ desde el punto de vista, digamos, amoroso -que nunca ha sido así-, como si eso no prendió, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un conflicto; un complot o algo así"
Ministra Steinert
En esa línea, Steinert también cuestionó las versiones que han circulado en torno al caso, señalando que "yo soy una madre, además, y es complejo recibir estas expresiones con intentos de una historia paralela que no ha sido".
La ministra fue más allá y sostuvo que "esta ‘historia paralela’ desde el punto de vista, digamos, amoroso -que nunca ha sido así-, como si eso no prendió, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un conflicto; un complot o algo así".
"Tengo una trayectoria desde el 2005 como fiscal. Ahora estoy enfrentando esta crisis de seguridad con el mayor honor, y quiero que podamos realizar este trabajo con todas las instituciones que corresponden, que seamos un aporte en la construcción de un país más seguro, y eso es lo que me interesa y lo que me llama a servir al país", cerró.
Las razones detrás de la molestia de Steinert
Pero, ¿cuáles son estas versiones? De acuerdo a lo publicado por algunos medios, el origen del conflicto se remontaría a la etapa en que Steinert se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá, tras decisiones adoptadas por Peña en el norte, como la reestructuración de un equipo policial y el traslado del subprefecto Mauricio Fuentes a Santiago.
La primera teoría señalaba que esto habría tenido como trasfondo un eventual componente personal, vinculado a decisiones adoptadas al interior de la PDI.
Esa versión sugería que, la exjefa policial habría resuelto apartar de una investigación en Iquique a cuatro funcionarios, entre ellos el subprefecto Mauricio Fuentes, quien habría mantenido cercanía con Steinert durante su etapa como fiscal en la zona. Junto a él, también habrían sido removidos los subcomisarios Luis Campos, Alexis Vera y Juan Flores.
En esa línea, se sostenía que el traslado de estos funcionarios --particularmente el de Fuentes- habría sido uno de los factores que posteriormente tensionaron la relación y que incluso habría incidido en la decisión de remover a Peña de la institución.
Estos hechos se situarían en el contexto de un operativo de gran magnitud desarrollado en enero de este año en Iquique, cuando la PDI, en coordinación con la Fiscalía Regional de Tarapacá -entonces liderada por Steinert-, desarticuló una organización criminal vinculada a estafas mediante falsas inversiones.
La investigación, que habría contado con información proporcionada por el FBI, permitió la detención de una red conocida como el "Clan Chen", cuyos ilícitos habrían afectado principalmente a ciudadanos estadounidenses, con un perjuicio estimado cercano a los 200 millones de dólares.
Sin embargo, pese a la envergadura del operativo, días después se habrían producido cambios en el equipo investigador. Cuatro detectives habrían sido trasladados a otras unidades y regiones, específicamente a brigadas de investigación criminal (Bicrim), lo que, según algunas fuentes, habría sido interpretado como una desmejora en sus funciones. Estas decisiones habrían sido adoptadas por la entonces prefecta general Consuelo Peña.
Asimismo, han surgido versiones que apuntarían a que la ministra habría intentado acceder a antecedentes de una investigación penal vinculada a un familiar directo de la exsubdirectora.
Según estas mismas informaciones, el caso se remontaría a diciembre de 2025, cuando el hijo de Consuelo Peña habría quedado en calidad de testigo en una indagatoria por eventual tráfico de drogas en Valdivia, tras el hallazgo de sustancias ilícitas en su domicilio, situación que habría sido denunciada por la propia funcionaria.
Con el avance de la causa, el Ministerio Público habría mantenido al involucrado en calidad de testigo, bajo la hipótesis de consumo, y las diligencias habrían sido derivadas al OS-7 de Carabineros, con el objetivo de evitar eventuales conflictos de interés.
En ese contexto, y de acuerdo con estas versiones, la ministra habría intentado recabar información sobre dicha investigación, pese a que la normativa vigente -en el marco de la creación del Ministerio de Seguridad- establece límites para el acceso a causas penales en curso, considerando su carácter reservado.
