Durante esta semana el
Ejecutivo ingresó dos proyectos con el objetivo de reforzar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales, en un contexto marcado por el aumento de episodios de violencia escolar en los últimos meses.
Entre las iniciativas se encuentra la denominada "Escuelas Protegidas", que contempla medidas como la revisión de mochilas, la facultad para que los docentes apliquen acciones "pedagógicas, correctivas y disciplinarias", sanciones ante la interrupción de clases y la obligación de que los reglamentos internos prohíban el uso de accesorios -como gorros, capuchas o pasamontañas- que dificulten la identificación de los estudiantes.
Asimismo, la propuesta establece como requisito para acceder a la gratuidad en la educación superior no haber sido condenado por delitos que afecten la vida, la integridad física o psíquica de las personas, ni la propiedad o infraestructura pública.
Si bien las encuestas han arrojado que la mayoría de los encuestados está de acuerdo con todas las medidas que integra el proyecto, una parte de la oposición se ha resistido a apoyar la iniciativa.
Dentro de las medidas, su apoyo va así en la encuesta
Black & White: Sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, asistentes o docentes (89%), que escolares deban estar a rostro descubierto (88%), empoderar a los docentes para poner orden (80%), sanciones por interrupción de clases (77%), permitir revisión de mochilas (77%), e inhabilidad para acceder a la gratuidad (75%).
¿Por qué la oposición se opone al proyecto?
Desde la oposición, el diputado Luis Cuello (PC) señaló que "esta propuesta sancionatoria, punitiva, que no resuelve nada, es profundamente discriminatoria y clasista, porque está dirigida contra aquellos estudiantes que no pueden pagar la universidad. En cambio, aquellos que sí pueden pagar sus estudios no están expuestos a ninguna consecuencia. En realidad, esto tiene que ver con una obsesión del gobierno por ir eliminando progresivamente esta conquista social que es la gratuidad en la educación superior".
Su compañera de bancada, Lorena Pizarro (PC) también fue tajante y aseguró que "la preocupación se resuelve por parte del Gobierno con medidas represivas que está demostrado nunca han resuelto nada; es cavernario. Nunca lo voy a apoyar. No se resuelven temas sociales".
En esa línea, la diputada Emilia Schneider (FA) aseguró que "las encuestas son una foto de un momento dado, y no se puede hacer políticas públicas solo en base a lo que es popular en un momento. Tenemos que tomar en cuenta la experiencia técnica acumulada, y tenemos que tomar decisiones que vayan en beneficio de la mayoría de la ciudadanía, y en este caso, las comunidades educativas".
"Por eso hay que ser muy responsables, y yo creo que las medidas que ha anunciado el gobierno en esta materia son insuficientes, muchas de ellas son simbólicas, algunas incluso ya se pueden hacer con las herramientas que tenemos, y no van al problema de fondo", continuó.
"Son buenos titulares, pero no buenas políticas públicas, y por eso yo creo que también en las distintas medidas que plantea el gobierno, hay distintas opiniones en torno al rechazo o la aprobación de estas medidas".
Emilia Schneider, diputada FA
En esa línea, la parlamentaria indicó que "lo que creo que hay que hacer es reflexionar, escuchar la opinión de quienes saben de materia de educación, y poder llegar a soluciones que sean en serio un aporte, y no solo buenos titulares. La educación chilena merece buenas políticas públicas que apunten a los problemas de fondo, y yo creo que eso pasa por tener una buena inversión en salud mental en la educación, y también un buen control de armas como sociedad para que no lleguen a las manos de los niños y niñas".
Asimismo, el diputado César Valenzuela (PS) aseguró que "los proyectos que ha anunciado el gobierno tienen problemas".
"Hemos señalado que en materia de violencia escolar no descartamos la aplicación de ninguna medida, pero también hemos sido firmes de señalar que el proyecto del Gobierno tiene problemas serios, y personalmente se lo hice presente al ministro García Ruminot", indicó.
En esa línea, el parlamentario manifestó que "y estos problemas tienen relación con la proporcional, con que trata de la misma forma un hurto que un robo con intimidación, una lesión leve con una lesión gravísima, o sea tiene algunos problemas relacionados fundamentalmente a la proporcionalidad de las medidas".
