Parlamentarios reaccionaron al primer informe del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), que detectó diversas alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos, considerando datos entre 2025 y marzo de 2026.
El documento fue presentado en la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia encabezada por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo.
Algunas de las conclusiones del informe incluyeron transferencias por más de US$140 millones a entidades con menos de un año de existencia, además de patrones de compra que podrían dar cuenta de fragmentación en adquisiciones a través del mecanismo de "Compra Ágil".
Asimismo, el reporte identifica más de mil contratos suscritos con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, junto con más de 2.500 incorporaciones a plantas de personal en los últimos meses de 2025. A ello se suman más de mil convenios completamente pagados cuyos montos no han sido rendidos en su totalidad, superando los US$50 millones.
Otro punto fue la situación de las licencias médicas, con cerca de 100 mil funcionarios con permisos superiores a un mes, incluyendo más de mil casos que se extienden por más de un año. También se advirtió sobre traspasos masivos de personal desde honorarios a contrata y asignaciones de recursos a programas con evaluaciones consideradas insuficientes.
Desde el Ejecutivo recalcaron que se trata de alertas en análisis y no de irregularidades concluidas. En ese contexto, se inició un proceso de revisión más exhaustivo que podría derivar en investigaciones y eventuales acciones administrativas, en línea con el objetivo de reforzar el control del gasto público.
Reacciones del oficialismo
Desde el oficialismo, el senador Arturo Squella (Republicanos) señaló que "acá lo que quisieron hacer es doblarle la mano a la ley, doblarle la mano a lo que comúnmente ocurre en Chile, y más aún en un momento en donde las finanzas públicas están atravesando por una de las mayores crisis que hemos tenido durante los últimos años".
El diputado Alejandro Riquelme (Republicanos) aseveró que "es increíble la desfachatez del ex gobierno de Gabriel Boric. Contratan dos mil quinientos puestos de trabajo en el estado cuando ya se estaban yendo. ¿Y para qué? Para afectar el trabajo que, legítimamente, los chilenos dieron con su voto a nuestro gobierno y al Presidente José Antonio Kast. Es una práctica deleznable".
En esa línea, el diputado Ricardo Neumann (UDI) manifestó que "este informe confirma algo que muchos chilenos ya intuían: en los últimos meses del gobierno anterior no hubo un cierre responsable de la administración, sino una expansión acelerada del aparato público, con incorporación masiva de funcionarios y asignación de recursos sin los estándares mínimos de control".
"El Estado no puede transformarse en una plataforma de favores ni en una red de protección para operadores. Aquí se deben establecer responsabilidades y, sobre todo, avanzar en reglas más estrictas que impidan que esto vuelva a ocurrir", continuó.
El diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL) en tanto, aseguró que "Chile necesita la verdad. Necesita transparencia y necesita conocer las respuestas a muchas preguntas que nos dejó el gobierno anterior.
Es probable que en la medida que avance la auditoría se conozcan detalles de la entrega de millonarios recursos a empresas que carecían de experiencia pero que estaban completamente vinculadas a su sector político".
"Espero que el Presidente de la República realice una auditoría externa a todo el Estado como así lo dijo en su campaña presidencial", cerró.
Otros parlamentarios cuestionan la auditoría
Desde otra vereda, el senador Iván Flores (DC) indicó que "si el presidente Kast quiere cumplir su compromiso de campaña haciendo auditorías que permitan detectar focos de corrupción en el sector público, hágalo bien, hágalo con empresas especializadas y externas".
"Porque si no han detectado foco de corrupción las auditorías internas que todos los ministerios la tienen, eso significa que no podemos confiar en el sistema, ese sistema ya está vulnerado. Hágalo con empresas externas, de otra manera es jugar con las expectativas y con la posibilidad real de que Chile pueda evitar corrupción al interior de las instituciones", aseguró.
En esa línea, la jefa de bancada del Frente Amplio, diputada Gael Yeomans señaló que "esta auditoría del gobierno deja más dudas que certezas (...) Cuando estamos hablando de una acción de fiscalización esta debe ser legítima e imparcial y eso es lo que cuesta creer, por lo mismo, dado que no puede ser juez y parte quien realiza una auditoría, es que estamos realizando este oficio como bancada, porque creemos que la respuesta la debe tener todo el país".
Asimismo, el diputado Jorge Brito (FA) aseguró que "una de las promesas de campaña claves del presidente Kast fue una auditoría internacional para esclarecer el estado de la situación del gobierno en la administración anterior. Sin embargo, ahora han decidido hacer una auditoría interna de mano de las autoridades del propio Gobierno, del presidente Kast, y de exautoridades del Gobierno, del presidente Sebastián Piñera".
"Sin duda, su trabajo es completamente insuficiente para garantizar un buen uso de los recursos públicos. Además, es necesario que esto lo repitan al final de su período. La empareja nos dura y el país merece saber que los recursos se están gastando lo que corresponde", cerró.
