Una serie de medidas han adoptado el Ejecutivo y autoridades locales para enfrentar la ola de violencia en recintos educacionales del país, que los últimos días ha ido en escalada.
Este viernes la Superintendencia de Educación dio a conocer la "Guía Práctica de Medidas de Seguridad en Establecimientos Educacionales" para enfrentar episodios críticos de violencia en colegios.
El documento busca orientar a sostenedores, directivos y comunidades educativas en la prevención y respuesta ante hechos que comprometan la integridad de estudiantes y equipos docentes.
La superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, subrayó que "la seguridad y el bienestar de estudiantes y equipos educativos son una prioridad absoluta. Esta guía entrega herramientas concretas para actuar con rapidez y responsabilidad frente a situaciones extremas, reforzando la cultura de prevención y el trabajo conjunto con las familias y autoridades".
El texto busca fortalecer el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) mediante la creación de Comités de Seguridad, reforzar medidas psicológicas y de salud mental de las comunidades, además de garantizar medidas preventivas y de control para prevenir hechos de violencia.
Escuelas Protegidas
Esta semana el Ejecutivo ingresó dos proyectos para reforzar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales.
El primero busca modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos contra la comunidad educativa y recintos educacionales.
Específicamente, se busca incorporar los numerales 25 y 26 al artículo 12 del Código Penal para "sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas".
Entre las iniciativas también se encuentra la denominada "Escuelas Protegidas", que contempla medidas como la revisión de mochilas, la facultad para que los docentes apliquen acciones "pedagógicas, correctivas y disciplinarias" a modo de "empoderamiento" y sanciones ante la interrupción de clases.
Se compone también de la obligación de que los reglamentos internos prohíban el uso de accesorios -como gorros, capuchas o pasamontañas- que dificulten la identificación de los estudiantes para asegurar que anden a cara descubierta.
Asimismo, la propuesta establece como requisito para acceder a la gratuidad en la educación superior no haber sido condenado por delitos que afecten la vida, la integridad física o psíquica de las personas, ni la propiedad o infraestructura pública.
Arica
En tanto, en Arica, autoridades regionales de Gobierno han mantenido reuniones para analizar el proyecto de ley "Escuelas Protegidas" que busca aumentar la seguridad en los establecimientos de educación a través de un enfoque preventivo, con el fin de proteger a las comunidades educativas de actos delictivos.
El delegado presidencial Regional, Cristian Sayes, mencionó que "lo primero que hacemos como Gobierno, es llamar a la calma a los apoderados, a los alumnos, a los cuerpos docentes y administrativos. Y hacemos este llamado porque hemos actuado rápidamente, por lo que las policías se encuentran trabajando e investigando para determinar el origen, y luego, aplicar la sanción correspondiente".
"Estamos haciendo un monitoreo junto a sostenedores y directivos, así que las familias deben estar tranquilas porque nos estamos haciendo cargo de mejorar la seguridad de la región de manera transversal", aseguró Sayes.
Tras la circulación de una amenaza de tiroteo en un colegio de la región, el seremi de Seguridad Pública, Pedro Álvarez, señaló que "desde que se tomó conocimiento de esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa y levantar toda la información necesaria".
"Es fundamental que este tipo de situaciones sean informadas de manera inmediata a las policías, ya que eso permite activar los protocolos y actuar con rapidez, evitando generar alarma innecesaria en la comunidad", sostuvo Álvarez.
Añadió que "queremos transmitir a las familias, estudiantes y equipos educativos que se han adoptado todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad. Estamos trabajando de manera coordinada y permanente para prevenir este tipo de hechos y dar una respuesta oportuna ante cualquier contingencia".
Tarapacá
Desde Tarapacá reportan que 16 colegios de Iquique, dos de Alto Hospicio y uno de Pozo Almonte, han recibido amenazas en los últimos cuatro días.
Bajo ese contexto, este viernes se realizó una reunión de trabajo entre el Ministerio Público, Carabineros, PDI y los seremis de Educación y Seguridad, Leonardo Gálvez y Eduardo Salazar.
En la instancia, se establecieron protocolos de trabajo para enfrentar la ola de amenazas que afectan a establecimientos educacionales de la región.
Por su parte, la fiscal regional, Virginia Aravena, mencionó que "hay delitos graves involucrados, por lo cual, establecidas responsabilidades, la Fiscalía va a perseguir la responsabilidad de los autores, ya sean estos adultos o adolescentes. Estos últimos deben tener conciencia que estas sanciones también existen para ellos".
Otro de los puntos tratados fue el despliegue policial. Al respecto, el prefecto inspector de la PDI, Mauricio Jorquera, señaló que "desde que se recibió la primera denuncia de un colegio de la zona, la PDI se dispuso la concurrencia al lugar, de una brigada especial, para iniciar el proceso investigativo".
"Además, estamos trabajando con Cibercrimen, a fin de establecer un patrón, una correlación o un perfil que nos pudiera decir si estamos ante un grupo organizado al interior de redes sociales, o se trata de hechos aislados", reportó.
Añadió que "si bien la causas están unificadas en la PDI, seguimos trabajando colaborativamente con Carabineros de Chile para tener un accionar concreto, preciso y rápido en cualquier situación. Esta reunión permite mostrarle a la ciudadanía que estamos trabajando en bloque, desde el primer momento, para investigar y establecer cómo ocurrieron los hechos y encontrar prontamente a los responsables".
En cuanto a las medidas de seguridad a tomar ante el temor de las comunidades escolares, el seremi de Seguridad enfatizó que "hay un protocolo que ya se envió a los colegios, se está reforzando durante la mañana y el objetivo es informar que no hay suspensión de clases sin recuperación".
Valparaíso
En Valparaíso, esta jornada representantes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) se reunieron con funcionarios de la Fiscalía Regional para abordar las recientes amenazas que han afectado a distintos establecimientos educacionales.
Las autoridades han establecido varias medidas preventivas, que van desde resguardar la seguridad de las comunidades -especialmente estudiantes y funcionarios de los recintos- junto con reforzar el acompañamiento y la contención emocional.
El director ejecutivo (s) del SLEP Valparaíso, Claudio Sepúlveda, destacó que "existe plena disposición para avanzar en una articulación efectiva que nos permita actuar con agilidad y firmeza frente a cualquier situación que amenace la seguridad de nuestras comunidades educativas".
"En conjunto, impulsaremos todas las acciones necesarias para identificar a quienes interfieran en la construcción de entornos educativos seguros, entendiendo que este es un fenómeno que no distingue entre educación pública o privada y que incluso trasciende fronteras", subrayó.
Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía de Valparaíso, Elizardo Tapia, reveló que se establecieron líneas de trabajo con la Policía de Investigaciones (PDI).
"Hemos despachado órdenes de investigar a la Brigada del Cibercrimen para aquellas causas en donde las amenazas fueron proferidas a través de redes sociales. Nuestra intención es identificar a quienes han formulado estas amenazas para poder dirigir la investigación en su contra, formalizarlos y obtener resultados positivos en toda esta investigación", sostuvo el persecutor.
