Recurrir o no al Tribunal Constitucional (TC) es una de las interrogantes que rondan por estos días en la oposición de cara a la tramitación del proyecto de reconstrucción impulsado por el Gobierno. Es que si bien son varios los diputados que han hecho reservas de constitucionalidad, la decisión aún está en evaluación.
El sector -desde la DC al PC- anunció ayer que encargará a sus expertos constitucionalistas analizar la opción, a la vez que aclararon que aquello se puede realizar en cualquier etapa de la tramitación de la iniciativa. Pero esa postura no es unánime. Otras voces dicen que se buscará avanzar en ello y que podrían haber hasta ocho requerimientos en el organismo por el proyecto.
Más allá de los puntos a favor o en contra de la estrategia, el tema reabre un debate de larga data en la izquierda y que dice relación con los reparos que personeros de sus filas han hecho en el pasado contra el organismo. De hecho, tanto la hoy oposición, como el actual oficialismo, han criticado en su minuto la imparcialidad de sus fallos, aludiendo a "sesgos políticos" debido a su composición.
Incluso, desde la izquierda lo han llegado a denominar como "una tercera Cámara", la que incluso en su momento plantearon que fuese eliminada.
Las críticas
Así, en abril del 2024, el senador de la UDI, Javier Macaya, señalaba a raíz de su desacuerdo con un fallo relacionado con el cálculo la deuda de las isapres en un proyecto de ley corta: "No puedo dejar de hacer una crítica, que no solamente viene de la oposición, ha venido en otros momentos del oficialismo, dependiendo de la composición del TC. Uno cada vez puede predecir con mayor exactitud los resultados de ese tribunal y eso tiene que ver por su composición".
El senador hacía alusión a las críticas hechas también por la izquierda al organismo, por ejemplo, en marzo del 2018, el sector resintió una sentencia del TC que declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, impulsada por la exPresidenta Michelle Bachelet y que prohibía el lucro en las universidades privadas.
"Se impuso la bancada conservadora de la tercera Cámara", manifestó, a través de su cuenta de Twitter el entonces diputado Giorgio Jackson.
Descargo que más tarde profundizó desde las fuerzas del organismo: "Hay bancadas (en el TC) políticas, la bancada de seis miembro más conservadores y cuatro que tienen una mirada más progresista para derrumbar lo que se construyó".
Asimismo, el entonces diputado y hoy exPresidente Gabriel Boric, aseguraba que "el Tribunal Constitucional le dispara a la democracia que dice defender. Al eliminar prohibición efectiva de lucro en educación borra de un plumazo debate social y legislativo de años".
Boric además acusaba la existencia de una "irresponsabilidad política en una institución cuoteada binominalmente".
En 2019, el extimonel del PPD, Heraldo Muñoz, presionaba al gobierno de Sebastián Piñera, por reformas institucionales: "Hoy hay un problema de relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, que tiene que ver con el TC, donde el Gobierno crecientemente está llevando temas resueltos por el Congreso, que es la expresión de la soberanía popular, a esta virtual tercera cámara legislativa, con jueces no elegidos por la ciudadanía".
Al contrario, el entonces presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, comentaba que "el hecho que el Tribunal Constitucional cumpla el rol de revisar un proyecto de ley, no lo transforma ni en tercera ni en cuarta (cámara), sigue siendo el TC. A veces podemos apoyar la mayoría, a veces no, los votos es un dato, tiene que tener los votos necesarios para convertirse en ley, nosotros vemos el contenido de la ley, si se aviene o no con la Constitución, suponemos que cuenta con los votos".
Pero las mismas acusaciones de la izquierda de actuar como una "tercera cámara" y derechamente de activismo político, estuvieron también presentes en la fallida Convención Constitucional, donde se pretendió eliminar el TC. En cambio, durante el segundo proceso constitucional, se optaba por mantener el nombre del organismo, aunque con algunas modificaciones que finalmente no vieron la luz, igual que el nuevo texto constitucional.
El organismo
Actualmente, el Tribunal Constitucional está integrado por diez miembros, uno de los que tiene el cargo de presidente del mismo. Tres son designados por el Presidente de la República, otros tres por la Corte Suprema en votación secreta, dos son escogidos por el Senado y otros dos son propuestos por la Cámara, aunque confirmados por la Cámara Alta. En total duran nueve años en el cargo y son inamovibles.
Actualmente, el TC es presidido por la ministra Daniela Marzi y está integrado además por la ministra Nancy Yáñez; María Pía Silva; Miguel Ángel Fernández; Raúl Mera; Catalina Lagos; Héctor Mery; Marcela Peredo; Alejandra Precht y Mario Gómez.
Este tribunal debe velar por un control preventivo y posterior de las normas legales, así como de decretos ya expedidos, que puedan vulnerar la Constitución, según se señala en su página Web.
Justificaciones de la oposición
Consultados por los cuestionamientos pasados al organismo, específicamente por la denominación de "tercera cámara", el senador Diego Ibáñez (FA), indicó que "este justamente es el control preventivo, no es el control a posteriori de la promulgación de la norma. Nosotros estamos de acuerdo, largo ese debate, estamos de acuerdo con la existencia de un TC que genere un debate jurídico en concreto para resguardar el debate democrático. Lo que no estábamos de acuerdo en su momento era otra cosa".
Asimismo, el presidente de la DC, Álvaro Ortiz, manifestó que "yo espero que la institucionalidad funcione, nada más que eso. No puedo responder por algo que ha pasado antes (de las críticas), sino que confiamos en la institucionalidad en caso de ser requerida".
"Es una medida que, insisto, se está estudiando (ir o no al TC), no hay una definición política todavía, hay que coordinarlo y hay que ver si hay sustento jurídico o no. Hay que entender que no es una medida de última ratio, es la última medida en la cual nosotros estamos disponibles, pero si el Gobierno no nos deja otra alternativa, por supuesto que no hay que cerrar la puerta", sentenció el jefe de la bancada PPD e independientes, Raúl Soto.
