Trinidad Steinert, ministra de Seguridad Pública/Ximena Lincolao, ministra de Ciencias.
Aton
Luego de que este lunes se dictaran las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal para los tres estudiantes imputados por la agresión en Valdivia a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, los tres jóvenes quedaron en libertad, en lo que fue una resolución distinta a la que esperaba el Ministerio de Seguridad, cuyas autoridades habían solicitado las "medidas cautelares más gravosas":
Tras ello, el Gobierno decidió endurecer su ofensiva judicial al ampliar la querella presentada e invocar la Ley de Seguridad del Estado, además de insistir en la solicitud de prisión preventiva para los imputados.
Fue la titular de la cartera de Seguridad,
Trinidad Steinert, quien este sábado anunció los pasos del Ministerio. "Nosotros lo que sí
interpusimos es una querella.
Anoche apelamos la resolución del tribunal, en cuanto no nos dio la prisión preventiva. Nosotros creemos que hay un tipo penal especial.
Ampliamos la querella", señaló.
Y es que si en un principio los estudiantes de la Universidad Austral de Chile Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga, fueron imputados por el delito de atentado contra la autoridad, durante la audiencia, el abogado Joaquín Pizarro, representante del Ministerio de Seguridad, adelantó que se analizaba ampliar la acción penal bajo la tesis de que el delito correspondería a un secuestro.
La nueva presentación se concretó esta semana. En ella, la cartera encabezada por la ministra Steinert resolvió además invocar la Ley de Seguridad del Estado (LSE), herramienta jurídica utilizada en situaciones excepcionales.
Según el escrito, la secretaria de Estado permaneció cerca de dos horas al interior del Aula Magna sin poder abandonar la universidad, debido a las manifestaciones en su contra y al bloqueo de los accesos por parte de estudiantes. El Ejecutivo sostiene que aquello buscaba "privar de libertad, para así arrancar decisiones e imponer exigencias debido al cargo que ostenta la autoridad referida".
La ampliación de la querella fue declarada admisible el 22 de abril por el juez Fabián Duffau y será parte de los antecedentes que deberá revisar la Corte de Apelaciones de Valdivia, instancia donde también se apeló a la negativa inicial de decretar prisión preventiva para los acusados.
Senador Flores cuestiona invocación de LSE
Luego de que se haya hecho pública la estrategia judicial del Gobierno, el senador Iván Flores (DC) precisó que invocar la Ley de Seguridad del Estado no es una facultad del Ministerio de Seguridad, instando a la ministra a que "no se siga equivocando".
"Quiero decirle a la ministra que no tiene facultades. Hay norma expresa de que esta facultad de invocación está radicada en el Ministerio del Interior, sea a través del ministro del interior o de los delegados presidenciales, no hay más", sostuvo.
"La ministra Steinert no tiene facultades legales para recurrir a esta norma. Sería bueno que lo sepa, para no seguir cometiendo errores como los que ya hemos visto en el último tiempo del caso Peña para adelante", concluyó.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad desestimó los dichos de Flores y afirmó que "la facultad de querellarse se consagra en el artículo 7 del DFL 7912. A su vez, el artículo segundo transitorio de la Ley 21.730 establece que el Ministerio de Seguridad Pública será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero".
"En consecuencia, se debe entender que la referencia que se hace en el artículo 26 de la Ley de Seguridad del Estado, también alude al Ministerio de Seguridad Pública cuando los hechos han afectado la seguridad u orden público", complementó.
