A partir del 15 de este mes, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) inició la transferencia de recursos correspondientes a la primera cuota del royalty minero a 309 comunas del país.
Los fondos, que ascienden a $56.633 millones en total provienen de dos instrumentos: Fondo Comunas Mineras (FCMI), que destina $13.729 millones a 45 comunas, y Fondo de Equidad Territorial (FET), que destina $42.904 millones a 302 municipios, cuyo objetivo es acortar brechas presupuestarias entre las distintas comunas del país.
En tanto, el martes 21 de abril, se inició el pago de la segunda cuota a las 309 comunas, que sumado a la primera cuota, alcanza un total de $113.267.550.090.
El Royalty Minero es un impuesto aplicado a las grandes empresas mineras, que distribuye anualmente 450 millones de dólares a regiones y comunas del país. Las comunas que reciben recursos del Fondo de Comunas Mineras se determinan según un informe de la Comisión Chilena del Cobre, basado en dos criterios: que estén en una región minera y que tengan operaciones mineras activas de empresas afectas al impuesto específico a la minería
Esta inyección de recursos se da en medio de los cuestionamientos que han surgido hacia los municipios, a raíz del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 de Contraloría, que reveló múltiples casos donde estas entidades desembolsaron más recursos públicos que en asistencia social a personas naturales.
El reporte examinó la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades, a partir de órdenes de compra e información de Mercado Público y los registros presupuestarios municipales a través de la plataforma Sicogen.
Fiscalizaciones de Contraloría y Transparencia
El informe N°22 de Contraloría, relativo a los gastos en celebraciones, mostró que durante 2024 los municipios de Alto Hospicio (cuyo alcalde es Patricio Ferreira, DC), Talca (cuyo alcalde es Juan Carlos Díaz, RN), Arica (cuyo alcalde es Orlando Vargas, independiente), Camarones (liderada por Cristián Zavala, DC), Huara (cuyo alcalde es José Bartolo, UDI), San Pedro de Atacama (liderada por Justo Zuleta, Ind-FRVS) y Pozo Almonte (cuyo alcalde es Richard Godoy, DC) registraron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el destinado a asistencia social a personas naturales.
En 2025, esta situación se repitió en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica.
Asimismo, el informe reveló que el gasto total en órdenes de compra asociadas a celebraciones alcanzó más de $31.034 millones.
Del mismo modo, en 2024, se indica que 118 municipios superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, estimado en $51 millones. Mientras, en 2025, lo hicieron 104 entidades edilicias, superando un promedio de $38 millones por comuna.
En septiembre de 2025, el Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de su fiscalización a los municipios que recibieron ingresos por royalty minero, revelando que un 61% de ellos no había cumplido con la obligación de consignar el uso de estos recursos en sus sitios de transparencia activa.
La fiscalización se realizó para analizar el destino de los aportes entregados a las municipalidades entre 2024 y una muestra de 2025.
Para ese entonces, las comunas beneficiarias con el royalty fueron 307, entre las que se distribuyó un total de $93.645 millones.
El informe de Transparencia dio cuenta además que entre los cinco mayores receptores estaban las comunas de Puente Alto, Calama, Maipú, Copiapó y La Pintana.
En tanto, el gasto más alto reportado correspondió a una transferencia de la Municipalidad de Maipú a su Corporación Municipal de Educación (CODEDUC) por $1.670 millones.
CPLT: "Brecha importante de transparencia y rendición"
Consultada sobre las fiscalizaciones al buen uso de los recursos del royalty, la presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que "los recursos que se están transfiriendo a los municipios vía ley del royalty son sustantivos y con tendencia incremental".
En ese sentido, explicó que la ley del royalty, respecto de estas transferencias a municipios, no contempla limitaciones al uso de estos recursos más allá de la regla general de destinarlos a la mayor calidad de vida de las comunidades. "Por ello, conocer mediante transparencia activa cómo se gastan, es una materia de alto interés público".
"Nuestra última fiscalización, del 2024, evidenció que los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos, cuyo destino además ha sido muy diverso. El compromiso de nuestra corporación es acortar esta brecha con todas las herramientas que nuestra ley nos otorga y promover los cambios legales adicionales que correspondan para que así sea", subrayó.
Comisión de Minería
A inicios de abril, y a raíz del último informe de Contraloría, el diputado UDI y miembro de la comisión de Minería de la Cámara, Marco Antonio Sulantay, propuso suspender el traspaso que actualmente reciben las municipalidades por royalty y destinar dichos recursos a fortalecer las ayudas sociales.
"En este momento, dada la magnitud de la crisis que estamos enfrentando, resulta completamente incoherente que algunos municipios destinen millonarios recursos a financiar actividades recreativas en desmedro de apoyar a las personas que más lo necesitan", dijo el parlamentario.
Cuestionó también que "no puede ser que el Estado haga esfuerzos por fortalecer los beneficios destinados a las familias, mientras algunas comunas siguen utilizando recursos en asuntos que no son urgentes ni mucho menos esenciales. Por eso estamos proponiendo suspender temporalmente el traspaso del royalty minero, para así redirigir todos esos recursos a medidas que sí permitan aliviar el impacto del alza de los combustibles y del costo de vida en la clase media y en los sectores más vulnerables del país", señaló el integrante de la Bancada UDI.
En esa línea, Sulantay planteó mantener el aporte sólo a los municipios del Fondo Comunas Mineras, aunque definiendo que dichos recursos deberán usarse -por este año- en distintas ayudas sociales.
El diputado Sebastián Videla (Ind.), planteó a Emol que "estos recursos deben ser fiscalizados con mucha rigurosidad. El royalty no es un fondo de libre disposición, está pensado para financiar proyectos específicos que mejoren la calidad de vida de las personas: infraestructura, seguridad, salud, desarrollo local".
"Lo que hemos visto en algunos casos, donde se destinan recursos a celebraciones u otros fines que no responden al espíritu del royalty, es preocupante y debe corregirse. Para eso existen mecanismos de control como la Contraloría, pero también es clave que los municipios actúen con responsabilidad y transparencia", agregó.
Con todo, subrayó que "no se trata de cuestionar la autonomía municipal, sino de asegurar que estos recursos que provienen de la riqueza de nuestras regiones se utilicen de manera eficiente y en beneficio directo de la ciudadanía. Cada peso debe rendir cuentas".
El diputado Jorge Díaz (DC), también integrante de la instancia, planteó que a raíz del informe de Contraloría, "quizás es necesario que se pueda realizar una indicación y una modificación de esta ley para que los recursos de los municipios se destinen a un área específica, que podría ser el área social, pero que tenga una destinación específica, tal como ocurre en el caso de los gobiernos regionales".
Esto, subrayó "para que así no quede discrecionalidad de nadie pueda destinarlos a cualquier aspecto que no sea mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las distintas comunas del país".