Continúa el debate por la paralización de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), donde desde el Ejecutivo han responsabilizado a la administración anterior y algunas voces han propuesto la creación de una alianza público-privada para sacar adelante las obras.
La iniciativa fue promovida en el primer gobierno de Michelle Bachelet y planeaba ampliar en 16 mil metros cuadrados el espacio cultural, pasando de 22 mil a cerca de 38 mil. Entre ellas, incluía la construcción de una gran sala con capacidad para 2.500 espectadores, apostando por convertirse en la más grande del país y la más moderna de Latinoamérica.
Fue el Ministerio de Culturas el que puso el freno a la iniciativa apuntando a que "la situación presupuestaria no permite solventar el contrato asociado a la obra" que ascendía a $114 mil millones y fue anunciado semanas antes del término de mandato del ex Presidente Gabriel Boric.
Asimismo, desde la cartera de Obras Públicas han apuntado que el proyecto implicaba un costo de más de $40 mil millones por sobre el presupuesto oficial, y además presentaba dificultades en su financiamiento dentro de los plazos establecidos, lo que ha encendido el debate con ex autoridades y la empresa a cargo de las obras.
El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, respondió anoche en Tolerancia Cero de CNN Chile los cuestionamientos que realizó el presidente de Moller y Pérez Cotapos (MPC), Vicente Bertrand, quien defendió la licitación y acusó que "sembrar un manto de dudas sobre el proceso de adjudicación y los montos involucrados es simplemente intolerable".
Al respecto, Arrau mencionó "que la gente saque sus propias conclusiones. Un proyecto que tenía un presupuesto oficial de poco más de 70.000 millones de pesos (...) y que se adjudique por 114 mil millones a pocas semanas del cambio de gobierno, cuando el ministerio que es el mandante, que no es Obras Públicas, sino que es Cultura, no tiene flujos, o tiene presupuesto para solventar ese ritmo de gasto".
"El problema lo generó el gobierno anterior al adjudicar una obra que no tenía factibilidad presupuestaria. Ese es el problema. Y es la tónica del gobierno anterior, gastaba más de lo que tenía y de ahí arreglaba. Además, que si hubiera sido tanto la urgencia de hacer esta obra, tuvieron cuatro años para retomarla y justo la última semana se adjudica por 114 mil millones de pesos. Con razón estamos como estamos", sostuvo.
Agregó que "yo no culpo por nada a la empresa. La empresa en su legítimo derecho hizo una oferta mayor que el presupuesto oficial. ¿Cuál es el problema? Y eso sí tiene que ver con Obras Públicas, porque frecuentemente se adjudican cosas a montos muchísimo mayores a los presupuestos oficiales".
"Tener un problema con los presupuestos oficiales, que hay que sincerarlo, tener un problema de poca competencia en los procesos licitatorios, pero no son problemas de las empresas. Las empresas operan, como en sector privado, optimizando, maximizando sus resultados. Nosotros somos los que les damos las reglas del juego", explicó Arrau.
Proponen alianza público-privada
En medio del tenso debate, el diputado e integrante de la Comisión de Cultura, Ricardo Neumann (UDI), planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de financiamiento para infraestructura cultural, basado en la colaboración entre el Estado, el sector privado y la filantropía.
El parlamentario afirmó que "el Estado no se la puede solo. Este caso lo demuestra con claridad: estamos frente a un proyecto que lleva más de una década, que ha pasado por varios gobiernos, cuyo costo aumentó de 70 a 114 millones de dólares, y donde hoy simplemente no existen recursos suficientes para terminarlo".
El gremialista apuntó que la obra ya presenta un 40% de avance y que la terminación anticipada de contrato con la empresa implicará un gasto cercano a los 6 millones de dólares para el Estado, por lo que subrayó que "parar hoy no significa ahorrar; significa poner en riesgo una inversión pública significativa, además de asumir costos adicionales por término anticipado del contrato y el deterioro de lo ya construido".
"Una obra de esta envergadura tiene un efecto multiplicador en el entorno: activa el turismo, dinamiza el comercio y contribuye a la recuperación de barrios que han sido golpeados. No es solo un teatro, es una palanca de desarrollo para la ciudad", sostuvo Neumann.
En esa línea, el diputado afirmó que "como abogado y productor teatral en el ecosistema de Broadway, he visto de primera fuente cómo funcionan los grandes polos culturales del mundo, donde el Estado, los privados y la filantropía trabajan en conjunto. Modelos como el Lincoln Center, en Nueva York, demuestran que la colaboración es clave para sostener infraestructura cultural de alto nivel".
Bajo ese contexto, propuso cuatro medidas: fortalecer los incentivos tributarios a las donaciones culturales, crear un marco específico para alianzas público-privadas en infraestructura cultural, incorporar mecanismos como naming rights y patrocinio estratégico en grandes espacios culturales, y rediseñar el proyecto en fases.
"El mundo entero funciona así. Los grandes proyectos culturales no se financian únicamente con recursos fiscales, sino que combinan inteligentemente el aporte del Estado, los privados y la sociedad civil. Chile tiene que dar ese salto", sostuvo el parlamentario.
Finalmente, mencionó que "el desafío no es elegir entre Estado o privados, sino asegurar que las obras se terminen. Estoy convencido de que el retorno económico y social de esta inversión cultural —en un barrio tan golpeado— será muy superior a los montos que hoy se pretenden ahorrar. La clave está en diversificar las fuentes de financiamiento, más allá de un Estado que, en este caso, evidentemente no logró sostener el proyecto por sí solo".
