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Fiscal nacional en cuenta pública: "Necesitamos un nuevo sistema penitenciario para los líderes del crimen"

El titular del Ministerio Público destacó los avances durante 2025 y remarcó que "dependemos de las transferencias del Ejecutivo".

29 de Abril de 2026 | 11:15 | Redactado por Daniela Toro, Emol.
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Fiscal nacional, Ángel Valencia.

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Este miércoles, el fiscal nacional, Ángel Valencia, encabezó la cuenta pública del Ministerio Público, correspondiente a la gestión de 2025, ceremonia a la que asistió el Presidente José Antonio Kast.

En la instancia, el fiscal Valencia destacó los logros de la institución en distintas materias, y también hizo énfasis en programas a los que se debe dar continuidad. "Hoy iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que la Fiscalía Supraterritorial y el fortalecimiento institucional no son sólo reformas legales, sino el punto de partida de una nueva forma de persecución penal", sostuvo.

En ese sentido, Valencia planteó la necesidad de avanzar en la consolidación del programa ECOH, como una política permanente del Ministerio Público para enfrentar el crimen organizado, "financiada directamente desde nuestro presupuesto institucional, su excelencia, porque hoy día dependemos de transferencias del Ejecutivo", dijo mirando al Presidente Kast.

Asimismo, destacó que las mayores amenazas que hoy enfrenta el país son el crimen organizado y delitos de alta connotación, pero también aseveró que "no hay territorio, comuna, barrio, ni recinto penitenciario donde puedan operar en impunidad".

El fiscal nacional también destacó que "esta cuarta cuenta pública se presenta, además, en un contexto marcado por la presencia de nuevas autoridades en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este escenario constituye un dato relevante, que reafirma la autonomía de la institución, pues no altera la continuidad de una hoja de ruta clara, que fue delineada oportunamente ante la Corte Suprema y el Senado en el proceso de nombramiento".

Valencia también anunció que próximamente se publicará el código de ética para fiscales y abogados, "reforzando la integridad y contribuyendo a fortalecer la confianza en la institución".

Política de persecución penal


El fiscal nacional destacó que en enero de 2025 comenzó a regir la Política de Persecución Penal 2025–2031, resultado de un trabajo de análisis, estudios y diálogo con diversas instituciones y personas.

"Esta hoja de ruta busca establecer lineamientos claros, transparentes y homogéneos para el ejercicio de nuestras atribuciones, incorporando además un elemento central: la consideración de la opinión de la ciudadanía", sostuvo.

Esto, "porque son las personas quienes sufren directamente las consecuencias del delito y la inseguridad, la focalización investigativa debe necesariamente incorporar mecanismos que permitan abordar sus preocupaciones y fortalecer la legitimidad de nuestra acción".

Asimismo, enfatizó que durante el año 2025, la cantidad de salidas judiciales y no judiciales aumentó en un 12% respecto del año 2024, y las sentencias definitivas condenatorias registraron un incremento del 10%, alcanzando un peak histórico en comparación con años anteriores.

Se registraron más de 24 mil condenas en procedimiento ordinario, lo que representa un 15% más que en 2024, es decir, 3 mil 156 condenas adicionales. En procedimiento abreviado, más de 65 mil condenas, con un aumento del 15%, equivalente a 8 mil 166 condenas adicionales.

A ello se suma un aumento del 12% en las condenas en procedimiento monitorio, con 4 mil 103 sentencias adicionales, y un crecimiento del 3% en procedimiento simplificado, con 1 mil 593 sentencias adicionales.

En cuanto a los delitos de alta connotación pública, las sentencias condenatorias en robos aumentaron en un 61%, en delitos económicos y tributarios en un 62%, y en otros delitos contra la propiedad en un 76%.
Al mismo tiempo, el archivo provisional con imputado conocido se redujo en un 7% respecto del año anterior.

En materia de juicios orales, durante el 2025 se registraron 9 mil 582 casos con al menos un juicio oral, de los cuales el 79% concluyó con sentencia condenatoria.

Crimen organizado y narcotráfico


Valencia destacó que durante 2025 se fortaleció la persecución del crimen organizado, "mediante un enfoque estructural, especializado y coordinado".

Asimismo, se consolidó un proyecto de investigación portuaria orientado a desarticular organizaciones criminales que operan en puertos, particularmente en delitos como el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Sumado a lo anterior, la activación de protocolos de actuación en horarios inhábiles con el sistema financiero, permitió el congelamiento simultáneo de más de 600 cuentas bancarias en el marco de diligencias investigativas coordinadas con las policías.

En materia de incautación de drogas durante 2025, las incautaciones de clorhidrato de cocaína registraron un incremento del 340% respecto del año anterior, mientras que la cannabis procesada aumentó en un 50%.

Asimismo, se observó un crecimiento en la incautación de drogas sintéticas, con un alza del 24% en Éxtasis (MDMA) y de un 10,8% en ketamina.

Con todo, el fiscal nacional comprometió que "este 2026 seguiremos la ruta del dinero y desmantelaremos sus jerarquías".

Delitos de corrupción


Valencia destacó que el año 2025 estuvo marcado por una afectación relevante al sistema de justicia penal, producto de diversos casos de corrupción que involucraron tanto al Poder Judicial como a la propia Fiscalía.

"En este escenario, los ingresos por delitos de corrupción aumentaron en un 10,4% respecto del año 2024, mientras que las causas terminadas crecieron en un 10,5%, lo que da cuenta de una mayor capacidad de respuesta institucional", precisó.

Agregó que el foco investigativo se concentró en fenómenos de alta relevancia, como los casos convenios, la corrupción en el sistema de justicia, en Gendarmería, en el ámbito municipal y en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

En este punto, también hizo mención a la investigación de licencias médicas fraudulentas, que involucran funcionarios de todo el aparato estatal, incluido el Ministerio Público, en casos de uso indebido o falsificación de licencias médicas.

"En este ámbito, se han detectado más de 126 mil 438 licencias médicas involucradas en las principales investigaciones, con un perjuicio estimado superior a los 53 mil millones de pesos. Asimismo, el monto estimado a recuperar respecto de las personas ya formalizadas supera los $4 mil 118 millones de pesos. Se han identificado 49 mil 910 funcionarios públicos involucrados, con 72 mil 93 licencias médicas relacionadas", enfatizó.

Respecto a grandes emisores de licencias médicas, el fiscal destacó que a febrero de este año son ya 87 las causas abiertas, 163 las personas formalizadas y 40 las personas condenadas, "y próximamente se formalizará a 689 funcionarios públicos, ya sea por haber la compra de más de 10 licencias, por haber salido del país en el periodo de reposo o por haber ido a casinos en el mismo periodo".

Solicitudes del Ministerio Público


Entre las solicitudes, el fiscal nacional subrayó que "necesitamos un nuevo sistema penitenciario para los líderes del crimen organizado; de control, segregación y aislamiento de los líderes del crimen organizado. De otro modo, vamos a volver a colapsar nuestro sistema penitenciario".

En materia de fortalecimiento interno de la institución, Valencia dijo considerar pertinente que "se entregue un incentivo al retiro al retiro a fiscales y funcionarios del Ministerio Público, equiparándolos con el resto de la administración del Estado".

También llamó a impulsar una reforma legislativa que permita modernizar y fortalecer la capacidad del Estado para identificar, incautar, administrar y ejecutar el dinero y los bienes obtenidos ilícitamente.

Asimismo, solicitó que la Fiscalía cuente con atribuciones legales para delegar mayores funciones a las policías. "Sabemos que mientras el tiempo avanza, la verdad huye, y no es razonable que en todos los casos en que no hay detenidos flagrantes se requiera instrucción previa del fiscal", enfatizó Valencia.

"Necesitamos una regulación más moderna en materia de atribuciones policiales en este ámbito, que nos permita reducir nuestros niveles de archivo provisional. Por tanto, se insta al próximo despacho del proyecto de ley boletín 16.481-25, que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia, actualmente en Comisión Mixta", sostuvo.