La rebaja de $32.721 millones en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia -formalizada mediante un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- generó reacciones en el Congreso, donde parlamentarios se refirieron al impacto del ajuste en programas sociales.
La medida, adoptada el pasado viernes 24 de abril, implica una redistribución de recursos en distintos servicios de la cartera, afectando especialmente iniciativas vinculadas a infancia, juventud y pueblos indígenas.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, abordó los cuestionamientos y aseguró que "esto no va a afectar beneficios directos". En esa línea, explicó que "en el caso de los ajuares, tenemos stock más que suficiente, dada la baja de natalidad. Y en el caso de los diagnósticos clínicos, ellos nunca han superado el 65% de ejecución anual. Por lo tanto, esto es un ajuste al presupuesto según la demanda. En consecuencia, ningún niño va a dejar de recibir estos beneficios".
Cabe consignar que este tipo de medidas se enmarca en la revisión periódica que realiza el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de las distintas carteras, evaluando subejecuciones y reasignaciones de recursos durante el año.
Uno de los principales recortes afectó al Servicio de Protección Especializada a la Niñez, con más de $12.700 millones menos. También hubo bajas relevantes en la Conadi ($7.600 millones), el Injuv ($3.800 millones) y la Subsecretaría de la Niñez ($3.300 millones), además de ajustes en Senadis y Senama.
Asimismo, se redujeron recursos en programas como el de Apoyo al Recién Nacido y otras iniciativas dirigidas a familias y sectores vulnerables.
Oficialismo
El diputado Cristián Araya (Republicanos) señaló que "es incomprensible que administrar bien los recursos les genere tanta indignación. Al parecer, ciertos sectores de la oposición no logran comprender cómo se realiza un ajuste sin afectar la cobertura, y la explicación es muy sencilla: se reduce la cantidad de ajuares que se mantenía innecesariamente en bodega (sobre stock)”.
Asimismo, agregó que "la administración anterior ocultaba su error en la proyección y, con el fin de evitar ‘un mal titular’, esperaba hasta fin de año para realizar un reintegro de lo subejecutado, asumiendo entremedio los costos de bodegaje que esto significa y las distorsiones presupuestarias que implica. Simplemente, se trata de administrar mejor los recursos sin afectar los beneficios; la ministra María Jesús Wulf es un excelente ejemplo de buena gestión".
Por su parte, el diputado Sebastián Cristoffanini (Republicanos) sostuvo que "el ajuste presupuestario del Ministerio de Desarrollo Social no es un recorte a los derechos sociales, es una corrección necesaria, es ordenar la casa. Hay programas con presupuestos sobredimensionados que no se ejecutan. Hay fondos sin evaluación de impacto. Hay instituciones, como el Injuv, donde el 75% del presupuesto se va en sueldos y solo un 10% llega directamente a los jóvenes".
En esa línea, añadió que "eso no es política social, eso es burocracia. Cuando un peso público se gasta mal, es un peso que le falta a alguien que realmente lo necesita. Por eso, apoyo que se corrijan las ineficiencias, que se exija trazabilidad a cada programa y que los recursos lleguen mejor a las familias, a los adultos mayores y a los niños. Gestión responsable no es abandonar a las personas, es justamente lo contrario: protegerlas mejor con los recursos bien utilizados".
A su vez, el senador Iván Moreira (UDI) indicó que "dejen de seguir interpretando las cosas en forma engañosa. No se trata de estar en contra de los programas sociales, se trata de que funcionen. Muchas de estas son solo sugerencias, y es razonable evaluar, corregir o eliminar lo que corresponda, lo que se repita o derechamente cuando no hay resultados. Cuidar los recursos también es proteger el bolsillo de quienes más lo necesitan. Recordemos que modernizar el Estado es un objetivo transversal, y dejar de financiar lo que no funciona para poner los recursos donde sí generan impacto es parte de ello".
Además, añadió que “debemos terminar con este cálculo político para todo. No debemos seguir interpretando las cosas a la medida de la izquierda, que lo único que quiere es pelear, confundir a la opinión pública y que el gobierno del presidente Kast fracase".
En tanto, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) afirmó que “entendemos que el país atraviesa un escenario de estrechez fiscal que exige responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas. Sin embargo, mi prioridad es garantizar que este esfuerzo de eficiencia no debilite la red de protección que sostiene a las familias más vulnerables de Chile”.
En ese sentido, agregó que "valoro la disposición al diálogo que ha mostrado el Ejecutivo, pero seré enfática en defender la continuidad de programas esenciales. Iniciativas como el apoyo al recién nacido (ajuar), las ayudas técnicas de Senadis y el fortalecimiento de los servicios de protección a la niñez no son simples ítems de gasto, sino compromisos importantes. Espero que el gobierno garantice que ningún beneficio social va a ser recortado".
Críticas desde el PDG, el PNL y la DC
Por otro lado, la diputada Tamara Ramírez (PDG) sostuvo que "si el Gobierno necesita eficiencia presupuestaria, el camino debe ser la eliminación del gasto político innecesario, de los asesores con sueldos excesivos y de la burocracia administrativa que no entrega soluciones reales a las personas. Exigimos que no se toquen los programas que van en beneficio directo de la clase media y de los más vulnerables. La austeridad debe empezar por los privilegios de la política, no por los derechos y apoyos sociales que hoy la gente está exigiendo proteger con más fuerza que nunca".
"La austeridad debe empezar por los privilegios de la política, no por los derechos y apoyos sociales que hoy la gente está exigiendo proteger con más fuerza que nunca".
Diputada Tamara Ramírez (PDG)
La diputada Paulina Muñóz (PNL) señaló que "estoy completamente en contra que se habla hoy día, a través de un decreto, que el Ministerio de Desarrollo Social va a recortar algo tan importante para las familias más modestas y vulnerables de Chile, como es el ajuar de recién nacido. Y después que hablemos de recortes en el Servicio de Protección de la Niñez".
"Yo creo que es importantísimo que el gobierno salga a explicar con detalle, a qué se refiere con este tipo de recortes y que la Contraloría se pronuncia de forma inmediata respecto de esto. No podemos permitir que se le recorten estos beneficios tan importantes que se prometió que se iban a mantener a los chilenos", cerró.
Mientras que el senador Iván Flores (DC) indicó que " o que acaba de saberse como nota curiosa porque la verdad es que hay cosas que son mucho más profundas todavía Y mucho más graves todavía que, por ejemplo, quitarle la posibilidad de que una señora que va a un hospital público a tener su guagüita ya no va a tener el ajuar. No va a tener ropa y accesorios, nada. Se las va a tener que arreglar sola con su propia plata que cada vez está más escasa porque le están transfiriendo todos los mayores costos a la gente".
"Quitarle los ajuares a los recién nacidos en los hospitales públicos es brutal. Y esto tiene la firma del Ministro de Hacienda. No me vengan con historias que esto es un problema de comunicaciones, lo están haciendo, están desmantelando el sistema de protección social en Chile", agregó.
Oposición rechaza
Desde la oposición, el diputado Carlos Carvajal (PPD) criticó la medida y afirmó que "para José Antonio Kast los niños nunca estuvieron primeros en la fila. Nos dijeron que descontinuar era reformular, pero hoy nos damos cuenta de que lo que hace el gobierno es un primer paso para destruir la protección social. Los recortes partieron por los más vulnerables: rebajan los aportes a recién nacidos, reducen fondos al sistema de protección especializada de adolescentes y golpean a nuestros pueblos originarios. No podemos permitir que la ‘descontinuación’ sea la tónica para justificar el abandono del Estado, sobre todo cuando representa un retroceso crítico para los derechos adquiridos".
En la misma línea, la diputada Ana María Gazmuri (AH) manifestó que el recorte es "indignante. Como integrante de la Comisión de Familia, rechazo el recorte de $32.721 millones en Desarrollo Social que afecta programas fundamentales como ex Sename, Conadi, Injuv, Chile Crece Contigo y también el ajuar para recién nacidos".
Asimismo, agregó que "el ajuar, vigente desde 2012, garantiza condiciones mínimas de dignidad sin importar el origen económico. Recortarlo es un retroceso brutal. El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ex Sename, ya en crisis, afronta el mayor recorte individual con 12.748 millones de pesos. Esto es dramático".
El parlamentario César Valenzuela (PS) indicó que "dijeron que no tocarían programas sociales y, sin embargo, hoy nos enteramos que se van a reducir los recursos destinados a los niños de nuestro país. El gobierno va a recortar recursos a las instituciones que se encargan de proteger a los niños de Chile. Es por esto que voy a solicitar a la comisión de familia que se cite urgentemente a la ministra de desarrollo social para que informe detalles de esta medida y cómo, en concreto, esto va a impactar en los niños de nuestro país".
