Tras las renuncias recibidas respecto a publicaciones en redes sociales de la Segegob, refiriéndose a la existencia de un supuesto
"Estado en quiebra", la Contraloría General de la República ordenó este miércoles al ministerio realizar un sumario y tomar medidas para evitar "comunicaciones imprecisas".
Cabe recordar que en medio del debate por el Mepco, se utilizó el concepto de "Estado en quiebra" para justificar los motivos por los cuales no se podrían bajar los precios de la bencina. Si bien la publicación fue eliminada, provocó que ministros tuvieran que salir a abordar el "error".
Traspié que finalmente fue asumido por el director de Comunicaciones y Contenidos del Segundo Piso de La Moneda, Cristián Valenzuela, quien fue el que envió la bajada comunicacional a la Secom.
A través de un comunicado, el organismo señaló que en su análisis jurídico, "la CGR indica que si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios".
Con ello, la entidad aludió a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N°19.896, "para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas".
Respecto del lenguaje utilizado en los mensajes, la Contraloría concluyó que el servicio no pudo "sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata".
Además, se planteó que la Segegob, "reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual el contenido fue retirado".
Por ello, el organismo ordenó adoptar medidas para evitar que se produzcan nuevas "comunicaciones imprecisas".
A la vez que se instruyó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, teniendo que informarse de aquello a la Contraloría en cinco días hábiles.
