En el marco de la Cuenta Pública 2025 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), su director, Yerko Ljubetic, cuestionó la Ley Nain-Retamal, apuntando a sus efectos en el actuar policial y en la protección de los derechos fundamentales.
Durante su intervención, el titular del organismo criticó la normativa que refuerza la presunción de legítima defensa privilegiada para Carabineros, la PDI, Gendarmería y las policías marítima y aeronáutica cuando utilizan sus armas en actos de servicio.
"Nosotros siempre vamos a tener una mirada crítica sobre aquellas cuestiones que, a nuestro juicio, no solo no contribuyen a la eficacia de la acción policial, sino que conspiran contra ella en la medida en que, a caballo de un sentimiento de sobre la seguridad convertido en arma y en propaganda sobre la cual se insiste, se generan condiciones para la presentación y aprobación de proyectos, como la Ley Nain-Retamal", comentó.
En esa línea, Ljubetic fue más allá y sostuvo que "es, a mi juicio, probablemente, uno de los atentados más relevantes contra, al menos, la posibilidad del cumplimiento efectivo del mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile. La ampliación de los niveles de impunidad de carabineros que puedan, vulnerando sus normas y las normas legales, atentar contra los derechos de otros, no contribuye a la mayor eficacia policial".
Las declaraciones generaron una rápida respuesta desde el Gobierno. La ministra de Seguridad cuestionó los dichos del director del INDH, señalando que "el director del INDH expresa una lógica invertida en sus declaraciones. Es contrario al sentido común que exista una presunción de inocencia a favor de los delincuentes y que se le niegue a nuestras policías".
Asimismo, defendió la normativa, calificándola como "uno de los avances más importantes de los últimos años" y agregando que "decir que esa ley aumenta la impunidad policial es ignorar que, en realidad, frena la impunidad criminal de delincuentes que asesinaban a Carabineros que estaban atados de manos en las situaciones más peligrosas y extremas".
En ese contexto, la secretaria de Estado subrayó que "la presunción que establece la Ley Naín-Retamal no elimina ni la investigación ni la acción del Ministerio Público y los tribunales", y concluyó que "equilibrar jurídicamente la cancha pensando en quienes arriesgan la vida no es una amenaza a los derechos humanos, está pensada en apoyo de Carabineros que actúan para proteger su vida o la vida o integridad de terceros".
Debate interno al interior de la institución
La postura expresada por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, durante la cuenta pública no es compartida de manera unánime al interior del Consejo del organismo.
Entre quienes han manifestado una visión distinta se encuentra la consejera Beatriz Corbo, abogada designada por el Senado a fines de 2022, quien discrepó abiertamente de las críticas a la Ley Nain-Retamal.
Consultada por la afirmación de Ljubetic, la consejera fue categórica: "No". En ese sentido, explicó en entrevista con El Mercurio que el tema ya había sido discutido previamente en el Consejo.
"Este proyecto de ley es de todo sentido común, y queremos velar para que el Instituto de Derechos Humanos, primero, actúe con mayor pluralidad el consejo que lo dirige. En segundo lugar, buscamos mayores normas de transparencia, que regulen los conflictos de intereses, y que puedan dar cuenta ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados".
Beatriz Corbo, consejera INDH
"Tuvimos esta conversación a finales de febrero. Se nos presentó una minuta de análisis que hacía el instituto sobre esta ley. La mayoría del Consejo estuvo por aprobar la minuta que decía que Nain-Retamal se apartaba de los estándares de derecho internacional, y una minoría no estuvo de acuerdo. Porque, si bien la norma existe, los tribunales mantienen sus atribuciones para ponderar su aplicación en casos concretos", señaló.
Asimismo, rechazó otra de las afirmaciones del director, quien indicó que la ley habría afectado procesos en que el INDH perseguía responsabilidades de agentes del Estado por eventuales vulneraciones a los derechos humanos. "No la comparto (…) eso no es efectivo", sostuvo.
Respecto de si la postura de Ljubetic responde a una mayoría dentro del organismo, Córdova matizó que las diferencias radican más bien en la interpretación de los estándares internacionales. "No. Están los tratados internacionales y está lo que denominamos el ‘soft law’, como las sentencias de tribunales internacionales y recomendaciones de órganos. El director y otros consejeros suelen considerar ese ‘soft law’ como parte de los estándares, mientras que nosotros estimamos que no es vinculante, a diferencia de los tratados. Ahí tenemos discrepancias", explicó.
Finalmente, la consejera defendió la Ley Nain-Retamal, señalando que contribuye al orden público. "Siempre vamos a tener una tensión entre orden público y protección de los derechos humanos. Pero al interior del instituto hay consenso en que sin orden público es imposible ejercer la libertad, que es la esencia de los derechos humanos. La diferencia está en si ciertas normas fortalecen o no ese orden", indicó.
En esa línea, concluyó que "el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, y debemos garantizar que pueda ejercerlo. Si no lo hace, deja de tener ese monopolio. La Ley Nain-Retamal contribuye a dar certezas en caso de necesidad de utilizar la fuerza".
RN impulsa reforma al INDH
En paralelo, la bancada de diputados de Renovación Nacional anunció el ingreso de un proyecto de ley que busca una profunda modernización del INDH, en medio del debate generado por los dichos del organismo sobre la Ley Nain-Retamal, iniciativa impulsada por parlamentarios de ese partido.
La propuesta surge luego de que los diputados oficiaran al director del INDH para solicitar que aclare los fundamentos jurídicos de sus cuestionamientos a la ley, advirtiendo una eventual falta de imparcialidad en el actuar del organismo.
Según explicaron, el proyecto "no busca debilitar al INDH, sino fortalecerlo", mediante mayores estándares de control, objetividad y pluralismo. Entre sus principales ejes, contempla cambios en la composición del Consejo para equilibrar la representación e incorporar mayor presencia del mundo académico, así como mecanismos para dejar constancia de posiciones minoritarias en actas e informes.
"Lo que buscamos es fortalecerlo y devolverle la credibilidad que hoy se ha visto cuestionada. Creemos firmemente en la importancia de contar con una institución sólida en materia de derechos humanos, pero también en que esa labor debe ejercerse con objetividad, sin sesgos ideológicos y con estándares claros de transparencia".
Ximena Ossandón, diputada RN
Asimismo, establece requisitos más exigentes para la presentación de acciones judiciales, mayores obligaciones de transparencia -como la publicación de actas, votaciones e indicadores en su informe anual- y comparecencias periódicas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
La iniciativa también incluye normas sobre conflictos de interés, regulación del rol de observadores en manifestaciones públicas y ajustes al mecanismo de remoción de consejeros, permitiendo que un tercio de los diputados pueda solicitar su destitución ante la Corte Suprema.
Desde RN enfatizaron que "la crisis de confianza que hoy afecta al INDH hace indispensable avanzar en cambios estructurales que aseguren su imparcialidad y credibilidad ante la ciudadanía”, agregando que “los derechos humanos deben ser un punto de encuentro y no un instrumento de disputa política"
En esa línea, la diputada Ximena Ossandón (RN) indicó que "la intención de esta reforma está muy lejos de debilitar o poner fin al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muy por el contrario, lo que buscamos es fortalecerlo y devolverle la credibilidad que hoy se ha visto cuestionada. Creemos firmemente en la importancia de contar con una institución sólida en materia de derechos humanos, pero también en que esa labor debe ejercerse con objetividad, sin sesgos ideológicos y con estándares claros de transparencia".
"Esta propuesta apunta a modernizar su funcionamiento, equilibrar su composición y asegurar que actúe con el rigor y la neutralidad que el país necesita", agregó.
Su compañero de bancada y diputado Andrés Celis (RN), sostuvo que "este proyecto de ley es de todo sentido común, y queremos velar para que el Instituto de Derechos Humanos, primero, actúe con mayor pluralidad el consejo que lo dirige. En segundo lugar, buscamos mayores normas de transparencia, que regulen los conflictos de intereses, y que puedan dar cuenta ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados".
"Finalmente, lo que queremos es garantizar que el Consejo y el Instituto de Derechos Humanos se regulen por normas que hoy día imperan para distintas instituciones que están dentro del estado", cerró.
