No es una semana fácil para el gobierno. A los cuestionamientos que se abrieron desde el oficialismo contra el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, por el oficio de la Dirección de Presupuesto que proponía descontinuar programas sociales, se suma un flanco con Contraloría.
La entidad encabezada por Dorothy Pérez ordenó este miércoles un sumario disciplinario al ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) que lidera la ministra Mara Sedini, por la publicación que el Ejecutivo difundió para argumentar el alza de combustibles, sosteniendo haber recibido un Estado "en quiebra".
El objetivo con eso, es determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, de lo cual Segegob deberá informar a Contraloría dentro de cinco días hábiles.
Si bien el ente contralor dirigió el proceso a Segegob, que es la cartera sobre la cual administrativamente recae el traspié por la publicación, la versión de La Moneda apuntó que el director de comunicaciones y contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela, fue el responsable de la publicación.
La explicación de La Moneda el pasado 25 de marzo, fue que faltó "socializar" el concepto de Estado en quiebra para haber anticipado la imprecisión. Si bien se buscó "aterrizar" la idea de estrechez fiscal, asumieron que fue un término "errado" bajo el vocabulario económico. Con todo, se descartaba que se fuera a cobrar responsabilidades por el error o que se buscara reformular la conducción de Valenzuela sobre las comunicaciones del gobierno.
Cabe destacar que el abogado, junto a Irarrázaval, son los hombres fuertes del círculo de asesores de Kast en el Segundo Piso de Palacio y es quien ha dirigido la orquesta comunicacional del gobierno, dejando a Sedini en un rol secundario.
Próximos pasos
Como sea, para llevar adelante el sumario, el ministerio de Sedini deberá designar a un fiscal a cargo de la indagatoria, que será nombrado por el subsecretario José Francisco Lagos.
Para ello, en la cartera indican que dispondrán del "máximo de tiempo posible" que otorga la Contraloría, tanto para el nombramiento del fiscal, como para la duración de la investigación.
