Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales.
Aton
Luego de que múltiples fueran las denuncias recibidas respecto a publicaciones en redes sociales de la Segegob, refiriéndose a la existencia de un supuesto "Estado en quiebra", fue la Contraloría General de la República quien ordenó este miércoles al ministerio realizar un sumario y tomar medidas para evitar "comunicaciones imprecisas".
A través de un comunicado, el organismo señaló que en su análisis jurídico, "la CGR indica que si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios".
En este escenario, el rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, cuestionó que deben ser "los ciudadanos, la audiencia del debate político" quienes "deben juzgar cuán fiable o creíble o plausible o razonable son las opiniones o aseveraciones que circulan en la esfera pública", no así la Contraloría, por ser un órgano del Estado.
En esa línea, en una carta al director publicada por El Mercurio, titulada "El peligro de controlar el discurso", criticó que "todo esto es producto —no vale la pena ocultarlo— de haber transformado a la Contraloría en depositaria de la virtud del trabajo bien hecho, de haber abandonado, esta última, el ascetismo del comportamiento que debe ser propio de los órganos imparciales del Estado".
Revisa la carta completa:
"La Contraloría General de la República ha formulado un reproche al Gobierno —solicitando instruir medidas disciplinarias— por la comunicación emitida en las redes sociales en las que se afirmaba que el Estado de Chile estaba en quiebra.
¿Es razonable que la Contraloría —como acaba de ocurrir— pretenda controlar cuán veraz o no es una comunicación y si ella posee o no sustento fáctico?
A primera vista se dirá que todo esto es sano. Después de todo, parece cierto que, si aseguramos que todas las comunicaciones sean verdaderas o con suficiente fundamento la esfera pública será mejor y más confiable y la mentira podrá ser espantada.
Pero se trata de un grave error. Esta es otra versión del buenismo, una forma de moralizar esta vez el discurso político, tratando de que satisfaga criterios de corrección o de verdad.
El discurso político —como el que se emitió por el Gobierno mediante sus redes, pero lo mismo vale para el emitido por la oposición— no constituye un conjunto de aseveraciones puramente descriptivas y susceptibles de ser verdaderas o falsas, no se trata de enunciados fácticos o empíricos en sentido estricto.
El discurso político pertenece al amplio género de la opinión y de la valoración de los asuntos comunes, la clásica doxa. Mediante él los actores políticos, y también el Gobierno, manifiestan su punto de vista o sus reacciones estimativas, proceden a valorar o disvalorar el quehacer de otros actores o de esta o aquella situación. Y una vez que ese discurso se profiere o se publica, se integra a la esfera pública y queda entregado al debate y al discernimiento ciudadano que se efectúa en el foro público y en la prensa.
Son, pues, los ciudadanos, la audiencia del debate político —y no una autoridad u órgano del Estado—, quienes deben juzgar cuán fiable o creíble o plausible o razonable son las opiniones o aseveraciones que circulan en la esfera pública.
Todo esto es producto —no vale la pena ocultarlo— de haber transformado a la Contraloría en depositaria de la virtud del trabajo bien hecho, de haber abandonado, esta última, el ascetismo del comportamiento que debe ser propio de los órganos imparciales del Estado.
Cuando ello ocurre, como lo muestra este reproche a la veracidad de un enunciado político —que sustituye el control que hacen los rivales y los ciudadanos—, se configura otra modalidad del buenismo, esta vez el buenismo contralor, que daña el debate público".
