Un total de tres circulares de convivencia y reglamentos que habían sido aprobadas casi al término del mandato del ex Presidente Gabriel Boric fueron derogadas por la Superintendencia de Educación, lo que causó polémica y puso en el foco a la autoridad subrogante, Pamela Adriazola.
"La verdad que esto responde a criterios técnicos", señaló en conversación con Emol, descartando que la medida responda a una agenda política de la administración del Presidente José Antonio Kast, como han levantado los últimos días voces de la oposición.
En específico, la circular N°781 incorporaba principios como la autonomía progresiva, la perspectiva de género y el enfoque formativo, además de sistematizar procedimientos y redefinir los protocolos de actuación en convivencia escolar. La circular N°782 impartía instrucciones sobre la aplicación de medidas formativas y disciplinarias en establecimientos de enseñanza básica y media. En tanto, la circular N°202 establecía lineamientos sobre reglamentos internos para establecimientos de educación parvularia.
"Entre diciembre del 2025 y marzo del 2026 se publicaron circulares, efectivamente, la 781, la 782 y la 202, que regulaban reglamentos internos y la aplicación de medidas formativas y disciplinarias en los establecimientos educacionales. Y esta derogación obedece a la publicación de la Ley 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas", explicó la autoridad subrogante, refiriéndose a la normativa publicada en el Diario Oficial el pasado 1 de abril y que incluye la instalación de pórticos detectores de metales.
Añadió que "junto con esto, la Superintendencia por supuesto que inicia un proceso de revisión normativa, y en este contexto se terminó de derogar las circulares 781, 782 y 202 para avanzar en un nuevo instrumento coherente con la ley vigente".
— ¿Desde la Superintendencia se planea ingresar una versión modificada de estas circulares?
Se está trabajando en en una propuesta que entregue mayor claridad y viabilidad. Lo importante es hacerlo bien, considerando la realidad de los establecimientos educacionales, y nosotros estaremos informando oportunamente los plazos.
Además, estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Educación, donde se está trabajando en los reglamentos para aplicación de la nueva nueva ley, y con ello nuestras futuras normativas educacionales ajustadas a ello.
— ¿Cómo reciben las críticas que se han generado por el retiro de circulares atribuyendo que responden a una "agenda política" del Gobierno?
La verdad que esto responde a criterios técnicos. La dictación de la nueva Ley de Convivencia hace necesario revisar, adecuar la normativa vigente para asegurar que esta sea coherente, que sea clara, y la viabilidad en su implementación en los establecimientos educacionales.
— ¿No es contradictorio que una normativa publicada hace pocos meses ahora se elimine?
Hay que destacar aquí que el tiempo en el que se emitieron y que estas circulares no se encontraban vigentes al momento de la derogación. Por lo tanto, no debiera afectar en mayor medida a las comunidades educativas.
— ¿Qué pasará con las medidas de protección frente a discriminación de género o identidad?
Los derechos de los estudiantes no están en discusión, no se eliminan, porque todo esto ya está contemplado en distintas leyes de educación y otros ámbitos de protección de la niñez. Nosotros lo que estamos haciendo es revisar instrumentos específicos para asegurar que sean aplicables y efectivos en todos los establecimientos educacionales. Los principios de no discriminación, inclusión y buen trato se mantienen plenamente.
Esto no se trata de diferencias políticas, sino que de necesidades prácticas, ya que en su aplicación se observan complejidades que, de alguna manera, afectan a los establecimientos, a los sostenedores y a las familias. Nuestro ajuste busca simplificar y dar certezas a las comunidades educativas liberando el tiempo para que puedan enfocarse en lo pedagógico, para que puedan fortalecer la autonomía de su comunidad educativa, y el foco está en el beneficio directo para quienes conviven en la escuela.
Fallas detectadas por Contraloría
— Respecto de lo detectado por Contraloría sobre la falta de fiscalización en establecimientos educacionales que presentaron mayor cantidad de denuncias por violencia escolar. ¿Se están llevado a cabo acciones por parte de la Superintendencia?
Nosotros efectivamente hemos estado trabajando. Es necesario aclarar que estas acciones sí se realizan en estos recintos y que la Superintendencia actúa constantemente en ello. Nosotros desarrollamos programas de fiscalización, para aumentar nuestra cobertura, pero en aquellos establecimientos que se registran alta cantidad de denuncias, como en los liceos emblemáticos, estos procedimientos se realizan a través de las mismas denuncias para evitar agobiar a los equipos directivos. Entonces, efectivamente, estas acciones sí se han realizado.
Respecto a las denuncias de convivencia, se trabajan principalmente mediante la gestión colaborativa de conflictos. Por lo tanto, solo un porcentaje de estas denuncias pasan a fiscalización. Nosotros hoy día estamos impulsando fuertemente lo que es la gestión colaborativa de conflictos a través de la conciliación. Por lo tanto, no todas las denuncias en materia de convivencia pasan a fiscalización, sino que son cerradas en la Unidad de Protección de Derechos.
— ¿Existe hoy capacidad real del organismo, ya sea en recursos humanos y técnicos, para fiscalizar estas denuncias?
Nosotros trabajamos a través de dos vías de fiscalización, a través de denuncias y a través de programas (...) No depende de nosotros cuántas denuncias se ingresen, pero hacemos todo lo necesario con nuestros equipos y trabajamos muy esforzadamente y muy responsablemente en llegar a todos los espacios donde se nos se nos necesita.
Detectores de metales
— Sobre la implementación de detectores de metales a raíz del debate de Escuelas Protegidas. ¿Qué rol cumplirá la Superintendencia con su fiscalización?
Nosotros definimos dejar parcialmente sin efecto el dictamen 65, que, entre otras cosas, prohibía la instalación de pórticos, dando paso a una nueva interpretación de la normativa vigente. En lo relativo a lo que es la revisión de mochilas nosotros vamos a establecer un dictamen que va a quedar sujeto a las posibles modificaciones del proyecto que se está trabajando de Escuelas Protegidas.
— ¿Se harán capacitaciones a los establecimientos sobre el correcto uso de la normativa?
Cada vez que hay una nueva normativa de educación nosotros hacemos una bajada a las comunidades educativas a través de nuestras direcciones regionales de norte a sur. Siempre nosotros estamos capacitando a los establecimientos educacionales en cuanto a normativa educacional, es parte de nuestro rol y lo hacemos con mucho gusto.
Foco en desburocratización de escuelas
— ¿Cuáles son las prioridades urgentes de la Superintendencia para este año?
Lo más importante hoy día en este periodo es justamente aplicar un enfoque formativo de acompañamiento a los establecimientos educacionales. Estamos priorizando orientar y apoyar a los establecimientos en el cumplimiento de la normativa. Nosotros lo que queremos es apoyar y reducir la sobrecarga administrativa de los directores y de los sostenedores, y queremos que todo todas nuestras acciones puedan permitir que los establecimientos se enfoquen en su rol pedagógico y en los aprendizajes. Nuestra idea es simplificar la normativa para una gestión más pertinente a la realidad de cada comunidad educativa.
Nosotros hoy día estamos trabajando en la desburocratización de las escuelas para ayudarlos en que se enfoquen en en lo que es más importante, que es el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes.
