En conversación con Radio Universo, el persecutor mencionó respecto del procedimiento realizado ayer en el sector de la comuna de Ercilla que "me parece que es un procedimiento relevante, no sólo porque nos permite ir avanzando en una investigación que ya llevaba varios meses (...) pero además porque demuestra el funcionamiento de la estrategia de persecución de estos delitos y la capacidad que tienen las fuerzas policiales de hacer ingresos a zonas donde pueden encontrarse resistencia y puede lograrse el cumplimiento de las órdenes judiciales".
El operativo dejó cinco detenidos, solo uno de ellos fue dejado en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de robo con intimidación reiterado, incendio y disparos injustificados.
Garrido explicó que "de las tres personas que quedaron detenidas por las órdenes, sólo una de ellas le correspondía participación en los robos, en el incendio y en los disparos injustificados y a su respecto se decretó la prisión preventiva. Las otras dos personas sólo tenían participación en el delito de receptación de vehículos motorizados y eso explica la diferencia de la medida cautelar".
El fiscal aseguró que "existen órdenes de detención que están pendientes, las que habíamos solicitado en este mismo procedimiento y efectivamente se registró un hecho en horas de la madrugada del día de hoy", en Collipulli. Según explicó, "se trata de vehículos motorizados que fueron atacados por desconocidos, donde además se encontró un escrito haciendo alguna alusión, más bien de orden genérico, pero que podría estar vinculada con este mismo procedimiento (de Temucuicui) o con otras reacciones".
En esa línea, enfatizó en que estos ataques a modo de reacción ante operativos policiales en el sector "no son infrecuentes, cada vez que se adoptan decisiones por parte de la autoridad hay alguna reacción de estas organizaciones criminales, lo que demuestra por lo demás la perigrosidad que tienen estos grupos y el hecho de que no se trata de personas que estén reivindicando derechos sobre la base de las reclamaciones históricas de un pueblo originario, sino que más bien de organizaciones criminales que protegen a su integrante y protegen sus fuentes de financiamiento".
"Son organizaciones netamente criminales y no tienen nada que ver con el resto de personas que viven ahí pacíficamente y que hacen su vida de acuerdo con su pertenencia cultural", subrayó.
Consultado sobre si los responsables de ataques incendiarios podrían ser catalogados como terroristas, el fiscal mencionó que "si logramos establecer que existe una organización que cumple con los requisitos que hoy día la ley establece para considerar terroristas, no quepa ninguna duda de que vamos a hacer una imputación en esa línea".
"En este caso concreto, la opinión jurídica que tenemos es que no se trata de una agrupación terrorista, pero no podemos descartar de que con la actual normativa antiterrorista podamos realizar alguna imputación en este sentido en el futuro", aseguró.
Son pocos los datos que se tienen de la zona en la comuna de Ercilla, pues durante el pasado Censo 2024 las comunidades mantuvieron un rechazo al proceso y no permitieron el ingreso de encuestadores.
Consultado por el tema, el fiscal Garrido señaló que "corresponde a una comunidad tradicional que fue escindida, es decir, hay personas que no respetaron la autoridad tradicional del pueblo Mapuche ni al Lonko, crearon otra comunidad y en ese sector muchas de las personas que integran esa comunidad se han dedicado desde hace tiempo a la comisión de delitos comunes, como los robos u otros".
"No tienen tampoco una estructura permanente, no tienen un discurso, un planteamiento político de reivindicación de sus derechos, sino que si uno pone atención a cuáles son sus demandas, básicamente lo que piden es autonomía total, es decir, que no haya intervención del Estado en ese sector y ejercer sólo ellos el control, el poder y la fuerza y uso de armas", explicó el persecutor.
Esto se vislumbra también en que "no permiten el ingreso de servicios públicos, como los vinculados con la salud, en algún momento también su acción fue dirigida en contra de las escuelas, es decir, tener un control absolutamente total de ese territorio con el propósito de evitar la persecución por los delitos que cometen vinculados a la sustracción de madera, a los robos con intimidación (...) Estos no sólo se cometen en esas inmediaciones, sino que también hemos detectado robos cometidos en las comunidades de Collipulli, de Victoria".
A su juicio, "detrás justamente de los grupos que operan en ese sector es un aprovechamiento de la condición o las reclamaciones del pueblo mapuche para encubrir delitos comunes y no hay ninguna otra finalidad más que un medio de subsistencia a través de la comisión de los delitos".
