La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, anunció la publicación en el Diario Oficial del decreto de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) -también conocida como Ley del Reciclaje- que establece metas y obligaciones para la "basura electrónica".
En detalle, la norma entrega lineamientos respecto a la recolección y valorización de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, como celulares, computadores, tablets, refrigeradores, lavadoras o microondas, entre otros.
"La publicación de este decreto marca un nuevo hito ambiental para nuestro país, porque establece metas y obligaciones concretas para avanzar en la recolección, reparación, reutilización y reciclaje de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos", destacó la ministra al respecto.
"Este decreto entrega señales claras para que Chile avance decididamente hacia una economía circular, donde los residuos dejan de verse como basura y comienzan a entenderse como recursos que pueden volver a aprovecharse", agregó.
En detalle, el decreto establece que las empresas que introducen estos productos al mercado deberán organizar y financiar su recolección y valorización una vez que terminan su vida útil, mediante sistemas de gestión colectivos o individuales.
Actualmente Chile genera cerca de 220 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y más de 2.600 toneladas de residuos de pilas al año, lo que equivale aproximadamente al peso de 26 Torres Entel.
Además, el país lidera la generación de "chatarra electrónica" en Latinoamérica, al sumar más de 10 kilos por persona al año. Si bien estos residuos tienen un alto potencial de valorización, en Chile la tasa de reciclaje alcanza apenas un 4,1%.
En ese contexto, las metas comenzarán a regir en mayo de 2028 y aumentarán gradualmente hasta alcanzar un 45% de recolección y valorización a contar del décimo año de implementación.
Entre otras cosas, la normativa incorpora la instalación gradual de puntos limpios y puntos verdes en 36 comunas del país, desde Arica hasta Punta Arenas, además de campañas de recolección domiciliaria que deberán realizarse al menos dos veces al año y puntos de recepción en comercios de más de 400 metros cuadrados que comercialicen este tipo de productos.
"Queremos que reciclar sea cada vez más simple, más cercano y más accesible. Que las personas no tengan que acumular aparatos en sus casas ni ver electrónicos abandonados en barrios, calles o microbasurales", sostuvo la ministra.
Además, enfatizó que esta política pública también generará oportunidades económicas, ambientales y sociales. "Detrás de la economía circular existe un ecosistema de emprendedores, recicladores, reparadores y empresas que pueden crecer y desarrollarse recuperando materiales, valorizando residuos y, además, creando mercados de segunda mano con productos más asequibles", dijo.
El decreto también incorpora metas específicas para aparatos de intercambio de temperatura, como refrigeradores y aires acondicionados, debido a los gases refrigerantes que contienen, así como para paneles fotovoltaicos.
Finalmente, la ley establece que la fiscalización dependerá de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), cuyos incumplimientos estarán sujetos a multas que van desde 1.000 UTA -$847 millones- a 10.000 UTA -$8.470 millones- dependiendo del tipo de sanción, si es leve, grave o gravísima.
