Distintas reacciones generó en el mundo político, el informe elaborado por
el pleno de la Corte Suprema sobre el proyecto de reconstrucción del Gobierno, el cual se hacen una serie de reparos al régimen de evaluación ambiental. Encendiendo las alarmas entre los parlamentarios.
Y si bien el documento no es vinculante para el trámite legislativo, algunos diputados creen que las advertencias que allí se hacen deben ser escuchadas por el Ejecutivo. Esto pues se señala que la iniciativa requiere de "ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos".
Un nuevo elemento que, en la izquierda recuerdan, se suma a los reparos que hizo ya el Consejo Fiscal Autónomo. Mientras en el oficialismo aseguran que hay espacio para perfeccionar.
La mirada del oficialismo
El diputado y presidente de la comisión de Hacienda, Agustín Romero (republicanos), comentó que "yo creo que todo informe técnico serio debe ser tomado en consideración, y eso incluye naturalmente que las observaciones de la Corte Suprema. Ahora, hay que decir las cosas completas. La Corte no rechaza el proyecto ni cuestiona su objetivo central, al contrario, reconoce que Chile necesita recuperar certeza jurídica, destrabar inversiones y evitar paralizaciones eternas de proyecto".
"Lo que plantea la Corte son ajustes relevantes en materia ambiental y procesal, especialmente respecto al mecanismo de restitución de gastos cuando una resolución de calificación ambiental es anulada judicialmente. Y claro que esos puntos deben discutirse con responsabilidad en la tramitación legislativa", explicó el diputado Romero.
Y agregó que "mi llamado es a no caricaturizar este informe. Aquí no hay una demolición del proyecto, lo que hay es una oportunidad para perfeccionarlo manteniendo intacto su objetivo principal, recuperar crecimiento, inversión y empleo para Chile. Lo peor que podríamos hacer sería usar estas observaciones técnicas como otra excusa para volver a paralizar al país. Chile necesita más certeza, no más burocracia ni obstrucción política que estamos viendo hoy día".
Desde Chile Vamos, el diputado Eduardo Durán (RN), planteó que
"si la Corte Suprema está planteando reparos de fondo, el Ejecutivo tiene que tomarlos y abrirse a perfeccionar el proyecto. Acá no se trata de echar abajo la reconstrucción, sino de asegurar que avance con solidez jurídica, especialmente en materias sensibles como el sistema ambiental. Para eso existe precisamente la discusión legislativa, para corregir, mejorar y construir acuerdos que permitan sacar adelante una buena reforma".
La visión de la oposición
Al contrario, desde la oposición el diputado Jaime Bassa (FA), miembro de la comisión de Medio Ambiente, sostuvo que "la Corte Suprema viene a señalar algo que el Consejo Fiscal Autónomo ya había advertido: este es un mal proyecto, que genera más problemas que soluciones".
"Además el Gobierno intenta instalar la idea, una falsa dicotomía, de que el crecimiento económico es incompatible con la protección del medio ambiente. Lo que demuestra el sesgo ideológico con el cual está trabajando el Gobierno, pero además los intereses que realmente quiere proteger", precisó.
Según Bassa, "cuando ya son varias las instituciones que advierten los problemas de este proyecto de ley, el asunto ya no es político, es un problema estructural. Por eso invitamos al Gobierno a que retire el proyecto y genere mayores instancias de diálogo político y social para que podamos tener una buena ley".
El diputado y miembro de la comisión de Medio Ambiente, Jaime Araya (IND-PPD), indicó que "la Corte Suprema es el máximo referente técnico en materia de justicia, por lo tanto, es imposible desoír lo que ha expresado. Es inexplicable la actitud del Gobierno, están atropellando todos los consensos forjados en democracia.
Esta reforma a favor de las empresas está generando caos, y va a terminar alejando la inversión, porque al final de todo, se requieren reglas claras y justas".
A su juicio, "las grandes inversiones tienen que cumplir con estándares internacionales, porque toda normativa subestandar termina siendo un subsidio que distorsiona la competencia, la normativa que contiene la reforma funciona para los piratas, pero no en empresas de clase mundial. No se puede seguir desmantelando la institucionalidad en una tramitación express, que desoye a la Corte Suprema, al Consejo Fiscal Autónomo y al conjunto de entidades que han dicho que esta reforma es muy problemática".
El diputado Luis Cuello (PC), consideró que "lo más grave es el señalamiento de la Corte en el sentido de que el Estado se convierta en un 'asegurador genera'. En mi opinión esa norma es una suerte de premio a quien incumple la ley y relativiza la independencia del Poder Judicial. Nuestra opinión es que el Gobierno retire el proyecto completo y presente uno destinado únicamente a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios".
Asimismo, el diputado Patricio Pinilla (DC), manifestó que "lo de la Corte Suprema es otra alerta más al proyecto de reconstrucción nacional y ojalá que el Gobierno no siga pasando por alto estas advertencias y detenga el avance del proyecto. Ya no es solo la oposición mostrándose en contra, es el Consejo Fiscal Autónomo, El Fondo monetario Internacional, JP Morgan y ahora la Corte Suprema".
El diputado Pinilla, dijo que "hoy la Corte nos dice que 've un peligro gigantesco' en que el Estado se termine convirtiendo en una aseguradora a todo evento para privados que inviertan en proyectos ambientales, lo que es impresentable. Agrega también que el proyecto es impreciso en temas de competencias y recursos en procedimientos de reclamación ambiental. Por eso el llamado es al Gobierno a que separe el proyecto en dos, y discutamos por un lado la extensión del fondo de reconstrucción para las viviendas de Ñuble, Biobío, y Valparaíso, y por otro lado, las medidas macroeconómicas tan rechazadas hoy por organismos técnicos de todo tipo. Ojalá que el Gobierno no siga perseverando en el error, y escuche lo que todo el mundo le está diciendo sobre los males que va a desatar este proyecto si llega a convertirse en ley".
En tanto, el diputado Nelson Venegas (PS), expresó que "ellos definitivamente han demostrado que no quieren escuchar; Evelyn Matthei, Longueira, gente de derecha, centros de estudio de derecha, organizaciones como el FMI, el JP Morgan, se lo han dicho todos, solo falta que se lo advierta el Papa. Yo quiero ser súper categórico, no es que nosotros queramos obstruir, nosotros lo único que buscamos y queremos es discutir seriamente para que salga una buena ley. No se puede construir una ley de magnitudes tan importantes para Chile, que además va a durar por 25 años, si ni siquiera ha sido discutida con la seriedad que merece un proyecto de esta naturaleza".
