"Crecimiento, empleo y responsabilidad fiscal", así se titula el documento entregado este lunes por la Red de Centros de Pensamiento Progresista, a los partidos y parlamentarios de la oposición. Texto en que se hace una contrapropuesta frente al proyecto de reconstrucción impulsado por el Gobierno.
La Red está integrada por el Instituto Igualdad, Chile 21, Nodo XXI, ICAL, el Centro Democracia y Comunidad, Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo, Fábrica Chile, OPES, Fundación por la Democracia, Fundación Socialdemócrata, Fundación Moebius y La Casa Común.
Cabe recordar que hace unas semanas, la oposición encargó a sus economistas presentar propuestas para enfrentar con argumentos el proyecto de La Moneda. Iniciativa que han sostenido que, al menos las tiendas de izquierda, votarán en contra de su idea de legislar.
Hoy, en tanto, los dirigentes de los partidos aseguraron que incluirán estas propuestas y desestimaron que se presente un "tsunami" de indicaciones que anunció hace unos días el diputado Jaime Araya (IND-PPD).
"Una vez redactado este documento, hemos conocido en críticas sustantivas del FMI y del Consejo Fiscal Autónomo al corazón del proyecto tributario y fiscal del Proyecto. Estas críticas detallan inconsistencias macroeconómicas y fiscales, estimaciones exageradas sobre inversión y crecimiento, falencias y omisiones en el informe financiero que acompaña al Proyecto, medidas costosas e ineficaces para el logro de los objetivos buscados", señalan en el texto de 20 páginas.
"Se han sumado a estas críticas calificados académicos de un amplio espectro, ex integrantes de la Comisión Marfán, y autoridades económicas de la Concertación y de los gobiernos de Sebastián Piñera. A estas alturas, parecería peregrino que el gobierno persevere en el Proyecto, sin aceptar modificaciones y persiguiendo una tramitación ultra acelerada del mismo", acotaron.
Y agregaron que "proponemos separar la discusión en tres bloques: reconstrucción física (urgente), medidas de empleo e inversión (prioritario), y reforma tributaria estructural (requiere mayor deliberación con expertos y actores sociales)". Incluso hablan de retirar la urgencia a la iniciativa y armar una mesa técnica.
Por otra parte, acusaron que "es una mala idea agregar recortes del gasto público que restarán dinamismo a la economía y a la generación de empleos (...) La reforma tributaria que propone el Gobierno se financiaría con recortes en el gasto público, los que no estarán presentes en la discusión legislativa del propio megaproyecto, de modo que lo que se estaría discutiendo en el Parlamento sería sólo la mitad del problema (la reducción certera y cercana de los ingresos tributarios)".
A su juicio, esto es "el retorno a la añeja 'política del chorreo', en lugar de la construcción de un crecimiento inclusivo y sostenible", añadiendo que "vemos con preocupación que el proyecto de ley deja de lado a las Pymes, concentrando los beneficios derivados de sus iniciativas en la gran empresa".
Las medidas planteadas
Para acelerar la inversión, los autores proponen, por ejemplo, implementar a la brevedad los reglamentos para la ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y sus adecuaciones institucionales. Así como terminar de complementar el proceso de agilización de permisos sectoriales, con los relacionados con el borde costero.
Además de implementar el Sistema Unificado de Permisos y establecer el uso obligatorio de esta plataforma como ventanilla única de tramitación de autorizaciones sectoriales y avanzar en permisos ambientales. Junto con racionalizar el proceso de tramitación ambiental de los proyectos de inversión, a la vez que reconocen que "las 6 propuestas del proyecto de ley al respecto van bien encaminadas y son una buena base para la discusión. Agregaríamos eliminar la instancia política del Comité de ministros, una vez despejadas las trabas que afectan a los proyectos ya en proceso. Apoyar el fortalecimiento regional del SEA para procesar la gran cartera de proyectos ya existentes".
También se propone racionalizar la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales, escuchando a los expertos en el tema y por otra parte, instaurar una Oficina Presidencial de proyectos estratégicos y articulación de la inversión privada y pública.
Con ello, se habla de implementar una estrategia de industrialización 4.0 que articule iniciativas de inversión de valor agregado en minerales críticos (cobre y litio), desarrollo de proveedores de clase mundial para sectores exportadores, industria de construcción naval, industria química y farmacéutica y la industrialización de la madera para la construcción de viviendas.
Y aumentar el tamaño de las garantías públicas Pro-inversión, FOGAPE y FOGAES para proyectos de inversión de hasta US$ 20 millones y para empresas de ese mismo tamaño. Con ello, proponen una agenda de desarrollo de mercado de capitales, en particular para financiar la agenda de concesiones que supera los US$ 17bn, monto que sobrepasa la capacidad de absorción del mercado bancario chileno.
Sobre la reforma tributaria, sostuvieron que "las medidas tributarias indicadas, salvo la rebaja del (Impuesto de Primera Categoría) IDPC, aportan poco o nada al crecimiento; empeorarán las cuentas fiscales y concentrarán aún más el ingreso pues prácticamente todas las medidas tributarias benefician al 1% más rico de la población".
Es más, en el texto expresan que de todas las medidas del proyecto, "la única que puede contribuir a elevar la inversión es la reducción del IDPC, siempre que se realice de manera fiscalmente compensada para no dañar los equilibrios fiscales, dado que tiene un costo para el fisco de US$ 1.800 millones. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que todos los estudios internacionales al respecto, corroborados en nuestro país por la Comisión Marfán, indican que el impacto de esta rebaja sobre la inversión es modesto, demora varios años en concretarse y además no consigue compensar la rebaja tributaria inicial".
"Para facilitar un acuerdo de largo plazo al respecto, los Centros Progresistas plantean su disposición a conversar sobre la rebaja del IDPC, pero con compensaciones, las que deben ser tributariamente progresivas y con un sentido de justicia fiscal de manera de no empeorar la distribución del ingreso", sentenciaron.
Otras críticas
También cuestionan la invariabilidad tributaria por 25 años, a la cual apuntan como "una barbaridad como política pública".
Sobre la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda a mayores de 65 años, critican que "no incluye ningún nivel de focalización, con lo que termina beneficiando básicamente a los grupos más ricos del país y deterioran los ingresos del Fondo Común Municipal y el financiamiento directo de las municipalidades (...) Hay varias medidas alternativas, de mucho menor costo fiscal".
Asimismo, la Red habla de ampliar y fortalecer el alcance del Subsidio Unificado al Empleo (SUE) y que se focalice en las MyPymes. La modificación del artículo 203 sobre sala cuna para eliminar la restricción que limita el derecho a Sala Cuna a empresas con 20 o más trabajadoras. "Ello ampliaría el acceso al beneficio de sala cuna para todas las madres y padres trabajadores con hijos o hijas menores de 2 años, haciéndolo universal y asegurando su financiamiento a través de un fondo constituido con aportes de las empresas y del Estado", precisaron.
Además, dela idea de una Agencia Nacional de Empleo, unificando y modernizando la red de capacitación, certificación e intermediación.
En el anexo se proponen otras iniciativas procrecimiento, por ejemplo, 400 mil soluciones habitacionales, además de la reconstrucción de Bío Bío y el Maule; el impulso al almacenamiento energético, con una meta de 6 GW al 2028; destrabar proyectos en hidrógeno verde en Magallanes y Antofagasta, en cobre, aumentar en 25% la cartera de inversiones y elevar 10% la producción en cuatro años, entre otros.
