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Santiago: Jueves 14 de mayo del 2026 | Actualizado 17:45
Cerro Chuño.
Aton / Archivo.Este miércoles, en una sesión extraordinaria que se extendió por más de cuatro horas, el consejo regional de Arica y Parinacota, presidido por el gobernador Diego Paco, aprobó la iniciativa denominada "Saneamiento Programa Demolición Cerro Chuño Etapa I".
Con una votación de nueve votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, se dio luz verde para que el Gobierno Regional destine 3.292 millones de pesos, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para financiar el inicio de la erradicación de este sector crítico.
Según se dio a conocer, el proyecto del Gobierno ronda los $10 mil millones, por lo que el aporte del Gore será de cerca del 33% del total.
La decisión busca concretar la primera fase del plan liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual permitirá la demolición de estructuras, la apertura y operación de un depósito en la Quebrada Encantada para el aislamiento de materiales contaminados con polimetales y el traslado seguro de residuos.El gobernador regional, Diego Paco, enfatizó la importancia de esta determinación para la seguridad y el futuro de la zona. "Este proyecto busca acelerar la demolición de Cerro Chuño porque entendemos que la seguridad de nuestra región no puede seguir esperando. Hoy existen restricciones presupuestarias a nivel nacional, todos lo sabemos, y teníamos dos opciones: quedarnos de brazos cruzados o buscar soluciones. Nosotros elegimos actuar".
La iniciativa contará con cuatro etapas, las que tendrán un plazo máximo de ejecución de 24 meses.
En la primera de ellas, y para la que se solicita la aprobación de recursos de la región, se contempla la demolición de viviendas y traslado de residuos; y la apertura y operación depósito Quebrada Encantada. Esto tendrá una inversión por sobre los tres mil millones de pesos.
Las etapas dos a la cuatro, contemplan la demolición de viviendas y el traslado de residuos, con un costo de $6.620.990 millones, financiados desde el Ejecutivo. El total de inversión es de $9.913.278 millones.
El delegado presidencial, Cristian Sayes, destacó que el proceso cuenta con el acompañamiento de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y la Contraloría, con el fin de garantizar una gestión correcta y libre de errores.
"Cada una de estas instituciones van a ir orientándonos a no cometer errores para que esto sea una buena gestión. Porque no solo estamos haciendo esto por un compromiso o por el grito de la ciudadanía, sino también estamos salvando la vida de las personas que actualmente están viviendo allí, personas que están irregular, que se han tomado las casas, pero también pensamos en su salud", sostuvo.
Además, entregó un desglose en torno a las 700 personas aproximadas que serán desalojadas en esta primera fase, de las cuales el 74% son extranjeros.
"De los chilenos, hay ocho personas que tienen subsidio, que tienen su casa propia y que la están arrendando mientras viven en Cerro Chuño. Hay otras 12 familias que ya se adjudicaron su beneficio social y están a la espera de adquirir su casa. Hay personas que efectivamente tenemos que desalojar y que no merecen ningún beneficio", sentenció.
La Delegación Presidencial confirmó que, tras la obtención de los recursos, el Ejecutivo procederá a la ejecución inmediata del plan de erradicación, proceso que contempla la expulsión administrativa de 141 ciudadanos extranjeros en esta fase inicial.
