En una sesión que se extendió por cerca de nueve horas, la comisión de Educación del Senado aprobó en particular el proyecto "Escuelas Protegidas", impulsado por el Ejecutivo del Presidente José Antonio Kast.
La iniciativa, que busca enfrentar los hechos de violencia al interior de las comunidades educativas, fue revisada en detalle tras el ingreso de 82 indicaciones, tanto del Gobierno como de parlamentarios, dando paso a un debate prolongado y con múltiples puntos de fricción.
Cabe señalar que esta no fue la única jornada maratónica que se vivió durante el miércoles en el Congreso. En paralelo, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó desde las 15:00 horas hasta cerca de las 5:00 de la madrugada de este jueves, instancia en la que se discutió y despachó en su totalidad el Plan de Reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.
Uno de los ejes centrales de la discusión fue la regulación de la revisión de mochilas en establecimientos educacionales, materia que generó un extenso intercambio entre senadores oficialistas y de oposición.
En ese contexto, se analizó una indicación presentada por las senadoras Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC), que proponía establecer límites más estrictos a estas revisiones. La propuesta planteaba que el procedimiento "solo procederá ante motivos fundados, individualizados y verificables, debidamente consignados por escrito antes del inicio de la revisión".
Asimismo, buscaba prohibir las revisiones masivas, aleatorias o sistemáticas, así como aquellas basadas en características personales o sociales de los estudiantes, incluyendo factores como origen étnico, situación migratoria, género, orientación sexual o condición socioeconómica.
Sin embargo, el alcance de estas restricciones generó reparos. El senador Cristián Vial (IND -Republicanos) valoró la intención de establecer contrapesos, pero advirtió que prohibir revisiones masivas o aleatorias podría contradecir el espíritu del proyecto, que apunta a fortalecer las herramientas de prevención en los establecimientos.
En la misma línea, el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) coincidió en la necesidad de resguardar la no discriminación, pero alertó que limitar excesivamente los procedimientos podría derivar en efectos contraproducentes, obligando a focalizar las revisiones en grupos específicos de estudiantes, lo que -a su juicio- podría terminar generando prácticas discriminatorias.
Los alcances de las indicaciones aprobadas
Tras varias horas de debate y ajustes a la redacción, la comisión alcanzó un acuerdo intermedio. De esta forma, se aprobó que la revisión de mochilas solo podrá realizarse ante motivos fundados, individualizados y verificables, y se prohibieron aquellas basadas en criterios personales o discriminatorios.
En cuanto a la aplicación práctica de la norma, se acordó que el procedimiento de revisión deberá ser solicitado por al menos dos integrantes del establecimiento educacional, uno de los cuales debe pertenecer al equipo de convivencia escolar. En ese contexto, serán los propios estudiantes quienes deberán vaciar el contenido de sus mochilas, evitando la intervención directa de terceros. Además, se aprobó que la revisión pueda extenderse a bolsillos, bajo los mismos criterios.
Asimismo, se definieron diferencias entre revisiones masivas e individuales. Las primeras podrán realizarse en salas de clases o espacios comunes, como patios o halls, donde se invitará a los alumnos a mostrar voluntariamente el contenido de sus pertenencias. En tanto, las revisiones individuales procederán cuando existan indicios de un posible delito o riesgo, especialmente en casos donde un estudiante se niegue a colaborar en una instancia general.
En estos casos, el procedimiento deberá llevarse a cabo en un espacio privado y, si el estudiante persiste en su negativa, se deberá contactar a su apoderado. En caso de que este no concurra, el establecimiento podrá recurrir a Carabineros o a la Policía de Investigaciones (PDI), lo que también fue parte de las hipótesis analizadas durante el debate.
No obstante, se rechazó el inciso que establecía que la selección reiterada de estudiantes o de un mismo grupo constituiría una presunción de discriminación arbitraria denunciable ante la Superintendencia de Educación, el cual no logró los votos necesarios.
Por otra parte, la comisión abordó la regulación del uso de prendas como gorros, capuchas u otros elementos que dificulten la identificación de los estudiantes. En este punto, se estableció que su uso podrá restringirse, aunque considerando excepciones fundadas, como condiciones de salud -incluyendo casos de estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA), enfermedades como el cáncer-, motivos religiosos o vinculados a la identidad de género, entre otros.
En paralelo, los senadores también discutieron el alcance de las sanciones contempladas en el proyecto, particularmente en relación con actos de violencia que puedan derivar en la interrupción de clases. En ese marco, se precisó que la iniciativa no apunta a regular movilizaciones pacíficas, sino a hechos de mayor gravedad, como los que motivaron su origen tras el homicidio de una inspectora en un establecimiento educacional de Calama.
En esa línea, se aprobó excluir de sanciones aquellas situaciones derivadas de crisis, desregulación emocional o condiciones asociadas a salud mental, discapacidad o neurodesarrollo, con el fin de evitar efectos desproporcionados en estudiantes en contextos de vulnerabilidad.
Finalmente, en materia de acceso a beneficios educacionales, se incorporaron precisiones respecto a la eventual prohibición temporal para postular a la gratuidad en la educación superior. La medida se aplicará únicamente a quienes hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada por delitos graves contra la vida, la integridad física de las personas o la infraestructura escolar. Además, se excluyó a quienes hayan cometido estos hechos siendo menores de edad y se fijó un límite máximo de cinco años para esta restricción, en medio de un debate centrado en el equilibrio entre sanción y derecho a la educación.
Tras la extensa sesión de la comisión -que en un inicio se proyectaba finalizar cerca de las 14:00 horas, pero que terminó prolongándose hasta alrededor de las 21:00-, la intención era que el proyecto pasara esa misma jornada a la Sala del Senado para su votación y eventual despacho a un tercer trámite en la Cámara.
Sin embargo, aquello no ocurrió y la discusión fue reprogramada para el lunes siguiente. De esta forma, la sesión especial destinada a continuar la tramitación en segundo trámite constitucional quedó fijada entre las 14:00 y las 17:00 horas, bajo urgencia calificada de "discusión inmediata".
