La crisis del sistema carcelario volvió a formar parte del debate público en las últimas semanas. Y es que si bien suele existir un consenso en que se necesitan más cárceles, nadie quiere que estos recintos estén cerca.
A ese rechazo inicial, se suman las dificultades propias que conllevan estos recintos: desde los costos de licitación y mantención, hasta factores como la debida segregación de reos para evitar el contagio criminógeno, la especial atención a reos peligrosos o del crimen organizado, y evitar el hacinamiento.
El pasado 29 de abril, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reavivó el tema durante su cuenta pública institucional. "Necesitamos un nuevo sistema penitenciario para los líderes del crimen organizado; de control, segregación y aislamiento de los líderes del crimen organizado. De otro modo, vamos a volver a colapsar nuestro sistema penitenciario", expresó.
En tanto, el actual gobierno, se ha mostrado partidario de la construcción de nuevas cárceles. De hecho, en el programa de gobierno del Presidente José Antonio Kast, se visualizan compromisos como la creación de recintos penitenciarios modernos y de alta seguridad, específicamente diseñados para enfrentar el crimen organizado.
También se propone un plan de Modernización del Sistema Penitenciario, que contempla la ampliación de infraestructura para reducir el hacinamiento y aumentar significativamente la capacidad de las cárceles; control y aislamiento de líderes criminales; y segmentación de la población, entre otras medidas.
Licitación para cárcel de Calama
Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya dieron un paso en esta línea. Ayer, la cartera inició el proceso de licitación para el nuevo establecimiento penitenciario de Calama que permitirá albergar a 1.850 internos.
El proyecto tendrá una inversión de 8,6 millones de UF (más de $300 mil millones) y abarcará más de 70 mil metros cuadrados que permitirán albergar a 1.850 personas privadas de libertad bajo un modelo de concesión que integra "construcción de vanguardia, tecnología de vigilancia y servicios de reinserción, comentan desde el MOP.
La obra se emplazará en el terreno de propiedad fiscal ubicado en la Ruta B-195, intersección con Ruta 23 en la comuna.
Por su parte, el titular del MOP, Martín Arrau, reforzó la postura del Gobierno en torno al sistema penitenciario. "Este llamado a licitación no es una obra aislada: es parte de la respuesta concreta del Gobierno frente a la emergencia de seguridad que vive Chile. El país necesita más capacidad penitenciaria, mejor infraestructura, tecnología y recintos modernos para que el sistema funcione con orden", subrayó.
Tensión Desbordes y ministros
Los resquemores en torno a la zona donde se pretende ampliar la cárcel Santiago 1 marcaron la tensión entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) y las autoridades de Justicia.
La molestia surgió luego que el ministro de Justicia, Jaime Rabat, planteara a La Tercera que si bien no se va a construir una nueva cárcel en Santiago, "lo que se hace es ampliar las actuales instalaciones y eso está establecido, está dentro de las proyecciones, existe, dentro de esta llamada Ley Fast Track para construir o ampliar cárceles, ocupar esa destinación".
Al respecto, Desbordes señaló que "como alcalde de Santiago, rechazo categóricamente las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de que se va a concretar la cárcel de alta seguridad en el sector de Pedro Montt. La rechazo como alcalde y representante de los vecinos, porque es un lugar completamente saturado. En esa zona hay miles de personas privadas de libertad en un par de kilómetros cuadrados".
El alcalde enfatizó que a ubicación del recinto genera riesgos operativos relevantes, dado que los traslados hacia tribunales seguirán siendo necesarios. Por eso, dijo que era recomendable hacerla "fuera del radio urbano".
La controversia no terminó allí. Ayer, Desbordes arremetió contra el subsecretario de Justicia, Luis Silva, luego que este último señalara a La Tercera que "la ampliación de Santiago 1 representa una ventaja para los vecinos de la comuna".
El acalde insistió en sus cuestionamientos de que allí, en realidad, lo que se hará será "una cárcel nueva", y llamó a que "no engañemos a la ciudadanía".
Entre sus argumentos, Desbordes apuntó al posible hacinamiento, falencia que afecta a la mayor parte de las cárceles del país. "Cuando el subsecretario dice que van a poner 1.600 plazas para que quienes hoy estén hacinados en Santiago 1 se vayan a ese otro lugar y puedan llegar nuevos presos, él desconoce la historia del 100% de las cárceles de Chile".
"Cuando usted hace 1.600 plazas en cuatro años más tiene 5 mil internos, por lo tanto, yo que sí conozco del sistema, no puede decir que eso va a ser sólo para 1.600. Por tanto, me opongo, porque técnicamente no corresponde", apuntó.
El "eslabón" crítico
Así las cosas, el debate entre crear más cárceles, lejos de sectores urbanizados, y cuidar debidamente que exista segregación y no haya hacinamiento se ha tornado un "eslabón crítico".
Así lo planteó el fiscal Valencia en conversación con
EmolTV, quien profundizando en sus dichos de la cuenta pública, precisó que "
hay eslabones de la cadena que son críticos. El eslabón carcelario es un eslabón crítico. El tema de la segregación carcelaria es crítico, y no hay segregación con hacinamiento. Si se necesitan más plazas, bueno, hay que contar con más plazas en las cárceles", remarcó.
Con todo, el fiscal nacional advirtió que las cárceles mal administradas o mal gestionadas, "ha habido casos graves, que se han transformado en lugares donde las bandas, en lugar de debilitarse, se han fortalecido. Cuando no están bien gestionadas, se corre ese riesgo, de que no solo se cometa delitos desde el interior, sino que además sea un centro de reclutamiento".
Por eso, insistió en que "una de las claves es la segregación, es decir, separar a los más peligrosos, los más comprometidos, a los líderes de los que tienen menor compromiso, porque hay contagios criminógenos".
"Necesitamos un régimen penitenciario especial para los líderes de las bandas, que estén en un recinto donde no tengan comunicación y no puedan delinquir desde su interior", zanjó.
