Las declaraciones del fiscal Héctor Barros, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y líder del equipo ECOH, abrieron un nuevo flanco de debate entre parlamentarios respecto a cómo enfrentar la explotación sexual vinculada al crimen organizado.
En conversación con Radio Cooperativa, el persecutor advirtió que este fenómeno se ha transformado en una de las principales fuentes de financiamiento de bandas como el Tren de Aragua, instalando la necesidad de avanzar en cambios legales.
Según explicó, "la explotación sexual es un mercado donde no está regulado, no hay sanciones ni para el consumidor ni para quien presta el servicio", lo que -a su juicio- mantiene altos niveles de rentabilidad para estas organizaciones.
En ese contexto, Barros planteó que el país debe "hacerse cargo de los mercados ilegales" y abrió la puerta a sancionar la demanda de servicios sexuales, siguiendo modelos adoptados en otros países. "No estoy hablando de llevar a las personas a la cárcel, pero sí de penalizar de alguna manera este servicio", sostuvo, apuntando a que una eventual regulación podría reducir tanto la demanda como el incentivo de las redes criminales para operar en Chile.
Sus dichos generaron reacciones en el mundo político, donde se instaló la discusión sobre la pertinencia de avanzar en medidas que apunten no solo a perseguir a las organizaciones, sino también a intervenir los mercados que las financian.
El fiscal también detalló el funcionamiento de estas redes, señalando que cerca del 45% de las ganancias obtenidas por mujeres que ejercen la prostitución termina en manos del Tren de Aragua. Asimismo, advirtió que este fenómeno está asociado a otras dinámicas delictuales, como la migración irregular, los secuestros y los homicidios.
"Si se cierra ese mercado a las organizaciones criminales, disminuye su interés por instalarse en el país", afirmó, insistiendo en que el desafío pasa por una respuesta legislativa integral.
Parlamentarios se refieren a los dichos del Fiscal
Desde el Partido Republicano, la diputada Valentina Becerra sostuvo que "se debe trabajar para cerrar los vacíos legales, eliminando los incentivos económicos de estas redes y aplicando con rigor el marco jurídico vigente para proteger a las víctimas".
En esa misma línea, agregó que "resulta imperativo avanzar en una agenda legislativa que permita desarticular de manera efectiva las bandas criminales que lucran con la explotación sexual. Se deben implementar mecanismos que ataquen la estructura financiera de estas organizaciones, asegurando que este tipo de delitos dejen de ser un negocio rentable. La falta de una regulación robusta y sanciones severas en Chile frente a este mercado ilícito trae consecuencias graves para la seguridad nacional y los derechos humanos. Se debe trabajar para cerrar los vacíos legales, eliminando los incentivos económicos de estas redes y aplicando con rigor el marco jurídico vigente para proteger a las víctimas".
Por su parte, la diputada Javiera Rodríguez (Republicanos) advirtió que "la falta de regulación transformó la explotación sexual que afecta, sobre todo a mujeres y niños, en el negocio más rentable del crimen organizado en Chile".
Asimismo, profundizó que "la advertencia de la Fiscalía es clara: la falta de regulación penal transformó la explotación sexual que afecta, sobre todo a mujeres y niños, en el negocio más rentable del crimen organizado en Chile. Este delito está directamente relacionado con el sicariato y los secuestros, ya que las bandas utilizan la violencia armada y las amenazas para someter a las víctimas y financiar sus operaciones. El Congreso debe legislar con urgencia para atacar la estructura financiera de estas mafias internacionales, cerrar este mercado ilegal y desarticular sus redes desde la raíz".
Desde Renovación Nacional, el diputado Mauro González planteó que "la explotación sexual es un mercado que debe ser regulado. No es posible que una actividad que muchas veces está vinculada a organizaciones criminales, trata de personas y narcotráfico tenga plena libertad para desarrollarse en Chile, con todo el daño y vulneración que eso significa. Aquí hay un desafío legislativo importante: perseguir con fuerza a las mafias, proteger a las víctimas y fortalecer el control del Estado frente a redes criminales que lucran con la explotación humana".
La diputada Sara Concha (PSC) indicó que ".o señalado por el fiscal Barros es gravísimo. Esto demuestra cómo bandas criminales utilizan la explotación sexual como método de financiamiento abusando brutalmente de mujeres y menores de edad. Por eso es importante trabajar con firmeza, no solamente para desbaratar a estas bandas y redes criminales, sino para proteger y rescatar a las víctimas. Debemos expulsar a estas redes de explotación, como el tren de Aragua".
En tanto, desde el Partido de la Gente, la diputada y presidenta de la Comisión de Mujeres, Eileen Urqueta, afirmó que "estamos frente a una realidad profundamente preocupante, pero que no puede seguir siendo abordada de manera fragmentada ni reactiva. La expansión del comercio sexual y de las redes de explotación de mujeres y niñas constituye una amenaza directa a la dignidad humana y a la seguridad de nuestro país".
En esa línea, anunció que solicitará convocar al fiscal Barros a la comisión, indicando que "como presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, solicitaré formalmente el acuerdo de sus integrantes para convocar al fiscal regional, a fin de que exponga en detalle los antecedentes y el alcance de esta problemática y las herramientas institucionales que se requieren para enfrentarla con decisión y sentido de urgencia. No podemos normalizar que mujeres, muchas veces en situación de vulnerabilidad, sean captadas y utilizadas por organizaciones que lucran con su integridad y su libertad".
Desde la oposición, el diputado Raúl Leiva (PS) coincidió con el diagnóstico del fiscal, pero puso el foco en el seguimiento de los flujos económicos. En conversación con Raadio Universo, el parlamentario indicó que "el fiscal tiene razón, pero el fondo es cuál es. ¿Cuáles son los mercados secundarios de los cuales se vale el crimen organizado? No solo para generar recursos, sino para lavar los mismos, para desarrollar el lavado de activos e ingresarlos de manera legal o formal al mercado financiero. Esos mercados son los que requieren un trabajo más acucioso y seguir la huella del dinero".
En esa línea, agregó que "no se delinque solo por maldad, sino que el objetivo fundamental de estas multiempresas del delito es el dinero, el lucro. ¿Dónde van esos recursos? Que no son pocos. Uno de los puntos que plantea el fiscal es, claro, el comercio sexual, que está tipificado en la trata de personas, en la explotación y la extorsión, que son materias muy complejas en la persecución criminal y que hay que prevenir de mejor manera".
Por su parte, la diputada Andrea Parra (PPD) sostuvo que "las revelaciones del fiscal son graves y nos llevan a repensar la forma en cómo enfrentar una problemática que por años se ha extendido, que es regular el comercio sexual, y ahora con la agravante de que se utilizaría como forma de financiamiento de bandas criminales".
Asimismo, añadió que "si bien el foco debe estar puesto en impedir el ingreso de estas bandas, ya en el país las policías necesitan las herramientas necesarias para detectarlas y combatirlas, y las normativas municipales quedan cortas. Concuerdo en que se necesita una legislación más fuerte para enfrentar estas nuevas formas delictivas que no existen dentro de nuestro Código Penal. Para ahondar en mayores detalles y cifras, creo importante invitar al fiscal Barros a la Comisión de Mujeres para que exponga en profundidad esta problemática y trabajar en conjunto propuestas legislativas, en las que esperamos se sume el Ejecutivo".
En esa línea, la diputada Irací Hassler (PC) sostuvo que "estos datos refuerzan la necesidad de contar con un verdadero plan nacional de seguridad, que persiga y sancione con fuerza tanto a las redes de explotación como a quienes financian esta violencia".
"Pero además, esta realidad demuestra la urgencia de avanzar en un sistema que cuide y proteja a las víctimas, que son especialmente mujeres, niñas y adolescentes que hoy quedan en situación de enorme vulnerabilidad. Este fenómeno refleja la violencia de género que algunos insisten en invisibilizar. Chile requiere con urgencia una política seria, integral y sistemática frente a las redes de explotación y a toda forma de violencia contra niñas y mujeres", cerró.
