La Corte Suprema confirmó en abril un fallo que acogió un recurso de protección presentado en 2024 por el Instituto Profesional Santo Tomás contra la Subsecretaría de Educación Superior —entonces encabezada por Víctor Orellana (FA)—, a raíz de modificaciones introducidas en el cálculo de los aranceles regulados que el Estado pagó por alumno en gratuidad para 2025. La controversia se originó luego de modificar criterios vinculados al tamaño de las instituciones técnico-profesionales, alterando su clasificación y el financiamiento asociado a ello. La Corte de Apelaciones de Santiago había concluido que la subsecretaría incurrió en una actuación "arbitraria e ilegal", al introducir cambios que no habían sido observados por la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA) y sin entregar fundamentos técnicos suficientes para justificar las modificaciones. En el fallo, el tribunal de alzada capitalino ordenó al Ministerio de Educación (Mineduc) corregir las resoluciones impugnadas y restablecer los criterios originales contenidos en la resolución previa de febrero de 2024 (de la subsecretaría). Además, instruyó recalcular los aranceles derivados de esos parámetros. Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, la resolución obliga a distribuir de manera retroactiva más de $19 mil millones correspondientes a 2025 y sumar cerca de $20 mil millones adicionales en 2026 para las mismas casas de estudio. Así, el impacto total para ambos ejercicios alcanzaría aproximadamente $39 mil millones, recursos que beneficiarían a 10 instituciones de enseñanza terciaria.
