Esta semana el Ejecutivo busca dar un paso clave en la tramitación del Plan de Reconstrucción, con el objetivo de despacharlo desde la Cámara de Diputadas y Diputados hacia el Senado.
Para ello, el cronograma legislativo contempló que este lunes se terminaran de despachar en las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo los artículos pendientes, dando paso así a su discusión en Sala. En ese contexto, este martes se iniciará el debate del proyecto, mientras que el miércoles se proyecta su votación en general y en particular hasta total despacho.
De cumplirse estos plazos, el Gobierno lograría avanzar con la iniciativa a su segundo trámite constitucional en el Senado
, cumpliendo con uno de sus principales objetivos políticos de cara a la Cuenta Pública.
En términos de apoyos, el Ejecutivo ya contaría con los votos necesarios para aprobar la idea de legislar. Para ello requiere 78 respaldos, y desde el oficialismo ya suma 76.
A ese bloque se han agregado la bancada del Partido de la Gente (PDG), con 13 votos; el diputado René Alinco (IND); Jaime Mulet (FRVS); y Cristián Contreras (PDG), quien no forma parte formal de la bancada, pero ha actuado en sintonía con ese sector.
Sin embargo, más allá de este piso, el escenario está lejos de ser completamente cerrado, ya que varios de estos respaldos están sujetos a condiciones y advertencias de cara a la discusión en particular.
Apoyo del PDG
En el caso del Partido de la Gente, la bancada comprometió sus votos luego de que el Ejecutivo confirmara el ingreso de un proyecto de ley que establece el reembolso del IVA en medicamentos y pañales, iniciativa acordada entre ambas partes en el marco de las conversaciones desarrolladas durante las últimas semanas.
En esa línea, el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela (PDG), explicó que "nosotros damos el vamos para que esto se pueda discutir y podamos tener una discusión de alto nivel en la política, que es lo que creo está faltando".
No obstante, el propio parlamentario fue claro en advertir que este respaldo no es irrestricto. "El acuerdo que nosotros hemos consagrado con el Gobierno es avanzar en la idea de legislar, pero luego, en la discusión en particular, el Partido de la Gente tiene distintas posturas. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con la eliminación de la franquicia tributaria y no vamos a concurrir con nuestros votos. Lo mismo pasa con la invariabilidad tributaria, a menos que el Gobierno decida y reciba nuestras propuestas de elevar el impuesto que tienen que pagar, y ahí nosotros podríamos recién pensarlo", sostuvo.
De esta forma, el PDG se instala como un actor clave para asegurar la aprobación en general, pero también como un factor de incertidumbre en el detalle del articulado.
La molestia del PNL
Ahora bien, en el caso del Partido Nacional Libertario (PNL), si bien han expresado su molestia hacia el Ejecutivo -apuntando, por ejemplo, a la negativa de otorgar el indulto al exfiscal militar Óscar Alfonso Ernesto Podlech, quien cumple condena en Colina 1 por violaciones a los derechos humanos, así como también a la postura del Gobierno respecto del estado de excepción en la macrozona sur-, en la práctica se han comportado como aliados del oficialismo.
Y es que durante la tramitación en la Comisión de Hacienda, el diputado Pier Karlezi votó alineado con el Ejecutivo en todos los artículos. Asimismo, en medio del denominado "tsunami" de indicaciones impulsado por la oposición y otras bancadas, los libertarios optaron por no ingresar indicaciones propias, además de sostener reuniones de coordinación con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.
Apoyos individuales de Alinco y Mulet
Por otra parte, el diputado René Alinco (IND) también comprometió su voto a favor de la idea de legislar, aunque advirtió que su respaldo en particular dependerá del mérito de cada norma.
"La idea de legislar está clara, pero los artículos e indicaciones se votarán según su mérito. El voto en general ya está comprometido de mi parte, porque yo creo que es una contradicción votar en contra de la idea de legislar cuando es nuestra principal obligación, legislar", afirmó.
Asimismo, detalló que ha sostenido conversaciones con el Ejecutivo -incluyendo al ministro de Hacienda, al ministro del Interior y a la subsecretaria Castillo- junto a otros parlamentarios de su región, como el senador Miguel Ángel Calisto (IND) y la diputada Alejandra Valdebenito (UDI), con el objetivo de concretar una serie de peticiones.
En la misma línea, el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien en un inicio había puesto en "pausa reflexiva" su respaldo tras calificar como "lapidario" el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), finalmente optó por apoyar la idea de legislar.
Negociaciones entre el Ejecutivo y la DC
En el caso de la Democracia Cristiana, las negociaciones con el Ejecutivo continúan abiertas. Durante la discusión en la Comisión de Hacienda, la diputada Priscilla Castillo optó por abstenerse en la votación del artículo que rebaja el impuesto corporativo de un 27% a un 23%, calificando su postura como una señal de "diálogo"
Esa misma posición se replicó en la votación del artículo 11 sobre reintegración tributaria, lo que permitió al Gobierno consolidar un piso político para avanzar en dos de los tres ejes más controvertidos del proyecto.
En cuanto a las negociaciones, estas -según ha señalado el diputado y presidente del partido, Álvaro Ortiz- incluyen propuestas para compensar el impacto en el Fondo Común Municipal y reducir el plazo de invariabilidad tributaria de 25 a 20 años.
No obstante, al interior de la bancada existirían diferencias. Algunas fuentes señalan que un sector estaría más inclinado a rechazar la iniciativa, mientras que otros parlamentarios, como el propio Ortiz o el diputado Felipe Camaño (IND-DC), estarían disponibles para apoyarla. Incluso, se indica que este último tendría mayor libertad para ejercer su voto, debido a su condición de independiente.
Socialismo Democrático vs. Alvarado
Desde el Socialismo Democrático, en tanto, se han levantado críticas tanto al contenido del proyecto como a la estrategia del Ejecutivo para conseguir apoyos.
Esto, luego de que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, planteara que parlamentarios de ese sector podrían tomar distancia del Frente Amplio y el Partido Comunista en esta discusión.
En conversación con El Mercurio, el titular de Interior aseguró el domingo que "como he visto disposición y voluntad en otros sectores opositores del Parlamento, creo que se acerca el momento para que parlamentarios que representan al Socialismo Democrático (SD), que provienen de la Concertación, que tienen una cultura y disposición al diálogo, pueda tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista".
Al respecto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó dichos planteamientos, señalando que se trata de "una estrategia bastante rara, maltratar de esa manera a partidos bastante históricos".
Asimismo, advirtió que no existe disposición a respaldar la iniciativa en su estado actual. "Uno podrá conversar, pero en realidad uno conversa sobre temas que puede modificar, y aquí no hay ninguna voluntad del Gobierno de modificar nada hasta ahora en forma sustantiva (…) Aquí no estamos para migajas. Si se pretende escuchar a algunos sectores, tiene que haber realmente una voluntad de cambiar el proyecto de forma bastante sustantiva, y no veo esa voluntad", sostuvo.
En esa línea, fue categórica: "No es un tema de disposición. Nosotros ya tenemos una decisión que la hemos comunicado desde nuestro Comité Central y de forma personal cada uno de los parlamentarios, que es que en los términos en que está planteado hoy el proyecto vamos a rechazar la idea de legislar".
Rechazo del FA y el PC
Por su parte, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista también han mantenido su postura de rechazar la idea de legislar, especialmente tras la negativa inicial del Ejecutivo de separar el proyecto.
Incluso, luego de que ambas colectividades sostuvieran reuniones con el ministro García Ruminot, las bancadas siguieron inclinándose por el rechazo.
En ese contexto, la diputada y jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, afirmó tras aquella reunión que "no corresponde, al menos, que estos proyectos estén juntos. Vamos a insistir en que nosotros no estamos dispuestos a aprobar un proyecto de esta envergadura, ni siquiera su idea de legislar, porque entendemos que hoy día se está instrumentalizando las principales necesidades de la población (…) para dar un regalo tributario a los más ricos de este país".
Mientras que desde el Frente Amplio, su presidenta Constanza Martínez advirtió en esa ocasión que "si ellos insisten en esa postura donde pasan gato por liebre, sin duda vamos a estar rechazando".
Los "puntos calientes" del debate
Finalmente, el debate en Sala estará marcado por una serie de artículos especialmente sensibles.
Uno de ellos es la rebaja del impuesto corporativo, calificada por el ministro García Ruminot como el "corazón" del proyecto, que reduce la tasa general de 27% a 23%. A ello se suma la invariabilidad tributaria, que establece un régimen impositivo fijo por 25 años para grandes inversiones, y que ha generado resistencias en distintos sectores.
Otro de los puntos más controvertidos es la eliminación de la franquicia tributaria para capacitación, iniciativa que ya fue rechazada en las comisiones de Hacienda y de Trabajo.
Asimismo, también genera debate la excepción al derecho de autor para el análisis masivo de datos, norma que permitiría utilizar obras protegidas sin autorización en procesos de inteligencia artificial, la cual también fue rechazada en comisión.
Con este escenario, el Ejecutivo llega a la Sala con los votos para avanzar en general, pero con una votación en particular completamente abierta, donde las negociaciones seguirán siendo determinantes artículo por artículo.
