Tras la extensión número 68 del estado de excepción en la Macrozona Sur, el Gobierno de José Antonio Kast presentó un plan con el que se busca reducir los episodios violentos en las regiones de La Araucanía y el Biobío.
Entre esas medidas considera que las Fuerzas Armadas puedan realizar controles de identidad preventivos e investigativos, registros de vestimentas, equipaje y vehículos, además de detenciones en flagrancia sin la supervisión de Carabineros. Para esto se ingresó un proyecto de reforma constitucional que deberá ser discutido por el Congreso Nacional.
Asimismo, mediante un decreto administrativo,
se creará un mando unificado para las provincias de Cautín y Malleco, en La Araucanía; y Arauco y Biobío, en el Biobío -todas bajo el régimen de excepción desde hace 48 meses-; con el fin de optimizar la coordinación de los recursos.
A lo anterior, se suma un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y la Fuerza Militar de Trabajo para establecer campamentos en zonas de difícil acceso. Esto permitirá que las empresas contratistas lleven a cabo mejoramientos en rutas interiores, las cuales no se realizan desde 2018 debido a los efectos de la violencia en la zona.
También se introducirá una serie de indicaciones al proyecto de ley de reparación a víctimas de la violencia rural ingresado por el gobierno de Gabriel Boric.
Por último, el plan incorpora un fortalecimiento a la labor policial a través de una estrategia conjunta que robustecerá las capacidades investigativas de las fuerzas del orden en la Macrozona sur.
Durante el debate legislativo, el biministro Claudio Alvarado (vocería e Interior) manifestó que "hay que seguir estableciendo medidas que permitan hacerlo aún más efectivo. Todas estas acciones permiten complementar lo que existe y nos ayudarán a tener mayor efectividad en esta zona".
Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Barros, subrayó que no será la última prórroga que solicitará el gobierno al Estado de Excepción: "Les puedo asegurar que este barco va tomando un rumbo que permite ser optimista en el mediano plazo".
El Ejecutivo indicó ayer que con la medida que rige en la zona desde mayo de 2022, los episodios violentos se han reducido un 80%.
