Durante la jornada de este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó en su totalidad el Plan de Reconstrucción, tras una extensa y maratónica votación en Sala que permitió al Ejecutivo sacar adelante los principales ejes tributarios de la iniciativa.
Con ello, el proyecto avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado, donde deberá definirse si los artículos serán nuevamente revisados por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, tal como ocurrió durante su paso por la Cámara.
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En ese escenario, el Gobierno logró aprobar el denominado "corazón del proyecto", correspondiente a la rebaja del Impuesto de Primera Categoría desde un 27% a un 23% para medianas y grandes empresas.
Asimismo, se visaron otras normas relevantes, entre ellas la eliminación del pago de contribuciones para propietarios mayores de 65 años respecto de su primera vivienda; la invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años para determinadas inversiones; y la reintegración del sistema tributario, que permitirá, hacia 2031, que los contribuyentes descuenten el 100% de los impuestos pagados por sus empresas de sus tributos personales.
Sin embargo, no todos los artículos lograron avanzar. En total, cuatro disposiciones fueron rechazadas durante la votación en Sala.
Uno de los puntos que no prosperó fue la actualización de las normas de compras públicas para obras de infraestructura. La propuesta buscaba introducir modificaciones a la Ley N° 19.886, incorporando mayores exigencias en materia de probidad, transparencia y prevención de la corrupción en contratos y concesiones.
A ello se sumó el rechazo a la controvertida excepción al derecho de autor para el análisis masivo de datos, norma que pretendía permitir el uso de obras protegidas sin autorización en procesos de análisis estadístico o desarrollo de inteligencia artificial.
En la misma línea, también fue desestimado el artículo 26, que proponía eliminar el núcleo normativo de la franquicia tributaria del Sence, mecanismo que permite a las empresas descontar gastos de capacitación de sus impuestos.
Finalmente, el artículo 27 también fue rechazado. Esta disposición buscaba impedir que los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales pudieran financiarse con cargo a la franquicia tributaria del Sence, trasladando dichos costos directamente a las empresas.
