Durante la jornada de ayer miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó en su totalidad el Plan de Reconstrucción, tras una extensa y maratónica votación en Sala que permitió al Ejecutivo sacar adelante los principales ejes tributarios de la iniciativa.
Con ello, el proyecto avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado, donde deberá pasar por la comisión de Hacienda y también definirse si los artículos serán nuevamente revisados por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, tal como ocurrió durante su paso por la Cámara.
En ese contexto, el Gobierno logró aprobar el denominado "corazón del proyecto", correspondiente a la rebaja del Impuesto de Primera Categoría desde un 27% a un 23% para medianas y grandes empresas. Asimismo, se visaron otras normas relevantes, entre ellas la eliminación del pago de contribuciones para propietarios mayores de 65 años respecto de su primera vivienda; la invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años para determinadas inversiones; y la reintegración del sistema tributario, que permitirá, hacia 2031, que los contribuyentes descuenten el 100% de los impuestos pagados por sus empresas de sus tributos personales.
En paralelo, la Sala aprobó el artículo 1 del proyecto, que eleva el monto del fondo de reconstrucción desde $800.000 millones a $1.200.000 millones, ampliando además su cobertura territorial para incluir no solo los incendios de Valparaíso de febrero de 2024, sino también los ocurridos en Ñuble y Biobío en enero de 2026.
El foco de estos recursos estará puesto en la reconstrucción de viviendas definitivas y la recuperación de infraestructura comunitaria. La norma también incorpora mecanismos de transparencia, estableciendo que el Ministerio de Hacienda podrá informar trimestralmente a las comisiones de Hacienda del Congreso sobre la ejecución presupuestaria, desagregada por región y comuna, además de habilitar la publicación mensual de estos datos en su sitio web con acceso público.
Junto con ello, se aprobó el artículo 2, que amplía la exención de cobros municipales a zonas afectadas por incendios. Con esta disposición, las municipalidades podrán rebajar o incluso eximir del pago de derechos de urbanización y construcción a proyectos de reconstrucción en Ñuble y Biobío, sumándose a la Región de Valparaíso, que ya contemplaba este beneficio en la legislación vigente.
Otro de los artículos aprobados fue el 5, que reduce el plazo para impugnar permisos sectoriales. Mientras la normativa vigente permite invalidar actos administrativos dentro de un plazo de dos años, la nueva regla acota ese periodo a seis meses para autorizaciones sectoriales, en el marco de la Ley Marco N° 21.770, con el objetivo de otorgar mayor certeza jurídica a los proyectos.
En materia ambiental, la Sala aprobó el artículo 13, que introduce cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La norma establece que los proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental favorable no deberán someterse a una nueva evaluación si se ejecutan en la misma área y no implican modificaciones sustantivas en sus impactos. Asimismo, elimina la posibilidad de interponer recursos administrativos contra la RCA, salvo los ya contemplados en la legislación vigente, y crea un régimen especial voluntario de tramitación acelerada, con límites a las rondas de observaciones y exigencias para los organismos públicos. Además, refuerza la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental.
A ello se suman los artículos 19 y 20, que introducen restricciones a las medidas cautelares contra proyectos con RCA favorable. En específico, se establece que estas medidas tendrán una duración máxima de 30 días corridos, prorrogables solo mediante resolución fundada, y que podrán ser apeladas ante la Corte de Apelaciones. Asimismo, se excluye la RCA de ciertos procedimientos de reclamación ante tribunales ambientales y se eliminan trabas para la definición de sitios prioritarios de conservación.
En la misma línea de ajustes regulatorios, el artículo 6 flexibiliza la relocalización de centros de cultivo acuícola en las regiones de Los Lagos y Aysén, permitiendo que, en casos de ajustes cartográficos, no sea necesario someterse al SEIA ni realizar inspecciones en terreno.
En el ámbito tributario, el artículo 11 fue aprobado. Esta disposición elimina la obligación de restitución del 35% que debían pagar los propietarios de grandes empresas al utilizar créditos del impuesto de primera categoría, reduciendo así la carga tributaria efectiva sobre las utilidades distribuidas. Además, simplifica el registro SAC, eliminando la distinción entre créditos con y sin restitución. El numeral 6 del artículo 11, sin embargo, fue rechazado.
Por su parte, los artículos 14 y 15 regulan el derecho de restitución de gastos cuando una RCA es anulada judicialmente. Se establece que los titulares podrán solicitar al Estado la devolución de los gastos directos incurridos, siempre que la anulación no se deba a información falsa o incompleta. Además, se fija un procedimiento detallado: la solicitud debe presentarse ante el Ministerio de Hacienda, se conforma una comisión pericial para determinar los montos y se establecen plazos y criterios estrictos para su evaluación.
A su vez, los artículos 16, 17 y 18 regulan la impugnación judicial de estos montos, estableciendo que tanto el titular como el Estado podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que resolverá conforme a un procedimiento con preferencia en su tramitación. Si no hay reclamación, el pago deberá efectuarse en un plazo de 30 días hábiles.
En el ámbito pesquero, el artículo 7 permite externalizar los informes técnicos necesarios para determinar la existencia de bancos naturales, función que hasta ahora recaía exclusivamente en la Subsecretaría de Pesca. En tanto, los artículos 21 y 21 bis modernizan los procedimientos vinculados a excavaciones y hallazgos arqueológicos, estableciendo nuevas reglas para permisos, hallazgos fortuitos e intervenciones menores, estas últimas con un sistema simplificado basado en avisos electrónicos.
En materia laboral y de probidad, el artículo 30 endurece las sanciones por uso indebido de licencias médicas, calificando estas conductas como faltas graves y estableciendo la destitución como sanción principal, además del término anticipado de contratos en el caso de personal a honorarios o contrata.
Asimismo, los artículos 31 y 33 introducen cambios en seguridad y economía. Por un lado, se agravan las penas por contrabando de tabaco y se regulan medidas como la incautación de vehículos; por otro, se crea un régimen de invariabilidad tributaria por hasta 25 años para grandes inversiones nacionales y extranjeras, garantizando estabilidad en la carga impositiva y contemplando mecanismos de arbitraje para resolver controversias.
Lo que se rechazó
Sin embargo, no todos los artículos lograron avanzar. En total, cuatro disposiciones fueron rechazadas durante la votación en Sala.
Uno de los puntos que no prosperó fue la actualización de las normas de compras públicas para obras de infraestructura. La propuesta buscaba introducir modificaciones a la Ley N° 19.886, incorporando mayores exigencias en materia de probidad, transparencia y prevención de la corrupción en contratos y concesiones.
A ello se sumó el rechazo a la controvertida excepción al derecho de autor para el análisis masivo de datos, norma que pretendía permitir el uso de obras protegidas sin autorización en procesos de análisis estadístico o desarrollo de inteligencia artificial.
En la misma línea, también fue desestimado el artículo 26, que proponía eliminar el núcleo normativo de la franquicia tributaria del Sence, mecanismo que permite a las empresas descontar gastos de capacitación de sus impuestos.
Finalmente, el artículo 27 también fue rechazado. Esta disposición buscaba impedir que los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales pudieran financiarse con cargo a la franquicia tributaria del Sence, trasladando dichos costos directamente a las empresas.
Oposición logra aprobar indicación de Sala Cuna Universal
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la incorporación de la Sala Cuna Universal en el marco del Plan de Reconstrucción, tras acoger una reclamación que permitió reponer la indicación presentada por el diputado Jorge Brito (FA), previamente declarada inadmisible por la Comisión de Hacienda.
Dicha indicación -que había sido descartada por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y no guardar relación con las ideas matrices del proyecto- propone modificar el Código del Trabajo para establecer un sistema de Sala Cuna Universal. La reclamación fue acogida con 80 votos a favor, 65 en contra y 9 abstenciones.
Posteriormente, la Sala avanzó en la materia y aprobó el artículo 9 bis, que incorpora este mecanismo, con 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones. La disposición replica, en lo sustantivo, un proyecto que actualmente se encuentra en tramitación en la Comisión de Educación del Senado.
Sin embargo, tanto el Gobierno como sectores del oficialismo realizaron reserva de constitucionalidad sobre el artículo, anticipando eventuales cuestionamientos en las siguientes etapas del trámite legislativo.
El momento generó inicialmente aplausos y celebraciones en la oposición, los que rápidamente dieron paso a abucheos tras la intervención del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien formalizó la reserva de constitucionalidad.
“El Gobierno, el ministro de Hacienda, hace reserva de constitucionalidad por afectar las finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas”, sostuvo.
Lo que se viene
Tras su despacho, el proyecto continuará su tramitación en el Senado, una vez realizada la cuenta pública. En términos numéricos, el oficialismo contaría —en teoría— con 23 votos, por lo que requiere al menos tres respaldos adicionales para alcanzar el umbral de 26 apoyos necesarios.
No obstante, ese escenario comenzó a despejarse parcialmente con la adhesión de tres senadores: Pedro Araya (PPD), junto a Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, ambos ex Demócratas y actualmente fuera del oficialismo.
El propio Araya, en conversación con El Mercurio, condicionó su respaldo a la apertura del Ejecutivo para introducir cambios al proyecto. "Estoy disponible para votar a favor de la idea de legislar, pero antes deben existir algunas conversaciones con el Ejecutivo", sostuvo.
Por otro lado, algunos integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta ya han comenzado a adelantar parte de lo que se viene en la discusión. La instancia -presidida por el senador Javier Macaya (UDI) e integrada además por María José Gatica (RN), Rodolfo Carter (Republicanos), Paulina Vodanovic (PS) y Daniela Cicardini (PS)- será uno de los principales espacios donde se concentrará el debate técnico y político del proyecto.
Respecto a la votación en el Senado, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que “esperamos pronto en el Senado de la República terminar con la tramitación para que este proyecto se concrete en ley de la república. Este no es un proyecto para el gobierno, es un proyecto para todos los chilenos”.
“Yo creo que a todos quienes componen la Cámara Alta es importante que, si tienen propuestas, tienen iniciativas y quieren colaborar en perfeccionar este proyecto, nosotros siempre vamos a estar disponibles para recibir esas propuestas, escuchar y poder avanzar todos juntos”, cerró el líder de ambas carteras.
