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Santiago: Miércoles 10 de junio del 2026 | Actualizado 02:01
Tras el ajuste de gabinete del Presidente José Antonio Kast, los nuevos ministros comenzaron a desplegar sus primeras definiciones, marcando prioridades y ordenando la gestión en áreas clave como seguridad, comunicaciones e infraestructura.
Uno de los frentes más activos ha sido el de Seguridad. El nuevo titular de la cartera, Martín Arrau, inició su gestión con una agenda intensiva de reuniones para alinear criterios y fortalecer la coordinación institucional.
Durante sus primeros días, sostuvo encuentros con los subsecretarios del área y con los altos mandos de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile, con el objetivo de levantar diagnósticos y establecer un esquema de trabajo permanente.
El énfasis, según ha transmitido, está en mejorar la coordinación operativa, fortalecer las policías y optimizar el uso de los recursos públicos. "Enfrentar la delincuencia, fortalecer a nuestras policías y cerrar espacios al crimen organizado requiere decisión, coordinación y también una gestión responsable de los recursos públicos", planteó.
A la par, también sostuvo reuniones con parlamentarios y autoridades económicas para vincular la agenda de seguridad con el debate legislativo y presupuestario, instalando como eje que la seguridad será una prioridad transversal del Estado.
Junto a eso, el líder de cartera comunicó que recorrió la Jefatura Nacional de Cibercrimen de la PDI, junto al director general Eduardo Cerna y al jefe nacional de Cibercrimen, subprefecto Marcelo Wong.
Al respecto, Arrau indicó que "la delincuencia ya no actúa solo en las calles. También opera en el mundo digital, con nuevas herramientas, mayor sofisticación y redes que evolucionan permanentemente.
"Por eso, enfrentar el crimen del siglo XXI exige fortalecer un verdadero Sistema Nacional de Seguridad: Carabineros, PDI, Gendarmería, Fiscalía y todas las instituciones del Estado trabajando coordinadas, cada una desde su rol, para investigar, perseguir y desbaratar a quienes amenazan la tranquilidad de las familias chilenas. La seguridad de Chile también se defiende en el mundo digital. Y ahí, la PDI cumple una labor especializada y fundamental", señaló.
Por otro lado, este domingo el biministro Alvarado señaló que el 2 de junio el ministro Arrau asistirá al Senado para dar a conocer el plan de seguridad.
En el plano político-comunicacional, el rediseño del Ejecutivo también comenzó a tomar forma. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumió además la vocería de Gobierno, consolidándose como biministro tras la salida de la titular de la Segegob.
En su primera intervención, Alvarado explicó que el cambio responde a un contexto de "emergencia" y apuntó a reforzar la comunicación con la ciudadanía. "Queremos, paso a paso, que la ciudadanía entienda las razones de nuestros esfuerzos", afirmó, junto con recalcar que el Ejecutivo buscará sostener una línea de diálogo político.
Tras esto, el biministro se refirió a los desafíos que implica asumir ambas carteras, abordando especialmente la estrategia comunicacional del Ejecutivo y el rol que jugará en la próxima Cuenta Pública.
En conversación con Mesa Central, el secretario de Estado puso el foco en el mensaje que el Gobierno buscará instalar el 1 de junio, destacando la necesidad de mejorar la conexión con la ciudadanía. En ese contexto, señaló que "esperamos que a través de esa Cuenta Pública vuelva la esperanza, que este gobierno de emergencia sea capaz de explicar bien y dar a conocer lo que estamos haciendo, y de esa forma vayamos interactuando con la comunidad, con la ciudadanía, haciendo ver por qué el Gobierno está haciendo estas cosas, hacia dónde queremos llegar y cómo nos beneficia".
En paralelo, Alvarado adelantó que uno de los ejes de su gestión estará en fortalecer la forma en que el Ejecutivo comunica sus acciones. Según explicó, la idea es ampliar y ordenar las vocerías para dar mayor visibilidad al trabajo de las distintas carteras.
"Lo que le interesa al Gobierno es que las acciones gubernamentales se comuniquen y se comuniquen de la mejor manera posible. ¿Y quiénes son los mejores voceros de sus carteras y de las cosas que están haciendo? Son los propios ministros de Estado. Nosotros tenemos que tratar de hacer una coordinación para que la visibilidad de cada uno de los ministros sea más intensa y comuniquen efectiva y oportunamente a la ciudadanía las cosas que están haciendo", aseguró.
En esa misma línea, subrayó la importancia de desplegar una red más amplia de voceros a nivel nacional, apoyándose en subsecretarios y autoridades regionales. "Si multiplicamos las vocerías, eso nos permite y nos ayuda a que la gente entienda y comprenda por qué estamos haciendo determinadas cosas. En segundo lugar, uno tiene equipos de apoyo. Tengo el subsecretario de la Segegob, el subsecretario del Interior, tenemos una red de seremis a lo largo del país y aquí la idea es hacer la coordinación política y la coordinación comunicacional para que la acción del Gobierno se conozca oportunamente en todo el territorio", añadió.
Pero otro de los focos que comenzó a delinearse con fuerza tras el ajuste es el de infraestructura y logística, área que ahora queda bajo la conducción de Louis de Grange, quien asumió como biministro de Transportes y Obras Públicas.
En sus primeros días, el secretario de Estado puso énfasis en la necesidad de acelerar la modernización portuaria del país, un tema que -según reconoció- no había sido abordado en profundidad por la actual administración.
En esa línea, afirmó que evaluará "todos los proyectos que representen beneficios para las personas y que cuenten con sustento técnico", incluyendo iniciativas impulsadas por su antecesor, como la eventual renegociación de autopistas para rebajar peajes.
El ministro también confirmó que el crecimiento y modernización de los puertos de Puerto de San Antonio y Puerto de Valparaíso son "prioritarios" para el país, destacando que ambas iniciativas son clave para sostener la competitividad del comercio exterior chileno.
Respecto al proyecto de Puerto Exterior en San Antonio -una iniciativa de largo plazo impulsada desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet-, De Grange fue enfático en calificarlo como una obra estratégica. "Es un proyecto necesario para responder a las demandas futuras del comercio exterior chileno", sostuvo.
La iniciativa contempla una inversión total de más de US$4.000 millones y busca ampliar significativamente la capacidad portuaria del país. En ese contexto, el ministro advirtió que uno de los principales desafíos será el financiamiento del molo de abrigo, obra clave del proyecto, para la cual se evalúan mecanismos como endeudamiento, emisión de bonos y financiamiento multilateral.
Junto con ello, también delineó un calendario para las futuras relicitaciones portuarias, considerando que varias concesiones -en terminales como San Antonio, Valparaíso e Iquique- vencen hacia el año 2030. El objetivo, explicó, es evitar discontinuidades y entregar certezas a los inversionistas.
El diagnóstico del ministro incluye además el escenario regional. Consultado por el avance de Perú en infraestructura portuaria, particularmente con el desarrollo del puerto de Chancay, De Grange advirtió que la competencia logística en Sudamérica es cada vez más intensa, lo que obliga a Chile a acelerar su modernización.
En paralelo, también abordó la preocupación por la seguridad en los puertos, señalando que el combate al crimen organizado en este ámbito requiere una coordinación estrecha entre instituciones públicas y actores privados, junto con una mayor incorporación de tecnología y sistemas de trazabilidad.
En esa línea, este domingo el biministro señaló en entrevista con Estado Nacional que "vamos a hacer todas las gestiones posibles para adelantar al máximo y avanzar todas las infraestructuras que son necesarias, tanto de carreteras, desaladoras, eventualmente embalses también, los puertos, también está el tema de las telecomunicaciones que se vienen, y avanzar lo máximo posible. Ahí está el proyecto que es maravilloso, que es la pavimentación de la Carretera Austral, 800 mil millones de pesos en la región de Aysén, una región tremendamente desconectada".
