El próximo lunes 1 de junio se realizará la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, instancia en la que el Mandatario expondrá los avances de su gestión y delineará las principales prioridades de su Gobierno.
En materia legislativa, el Ejecutivo ya suma algunos hitos relevantes, aunque mantiene iniciativas clave aún en desarrollo.
Entre ellas, el Plan de Reconstrucción Nacional se perfila como uno de los ejes centrales de la agenda para este primer año, luego de haber completado su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados tras intensas jornadas de debate.
El proyecto contempla una serie de medidas clave en materia tributaria y de reactivación económica, entre ellas la rebaja del Impuesto de Primera Categoría desde un 27% a un 23% para medianas y grandes empresas.
A esto se suman la eliminación del pago de contribuciones para propietarios mayores de 65 años respecto de su primera vivienda, la invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años para determinadas inversiones y la reintegración del sistema tributario, que permitirá, hacia 2031, que los contribuyentes descuenten el 100% de los impuestos pagados por sus empresas de sus tributos personales.
En paralelo, la iniciativa también considera el fortalecimiento del fondo de reconstrucción, elevando su monto desde $800.000 millones a $1.200.000 millones, junto con ampliar su cobertura territorial para incluir no solo los incendios de Valparaíso de febrero de 2024, sino también los registrados en Ñuble y Biobío en enero de 2026.
Ahora resta que la iniciativa inicie su segundo trámite constitucional en el Senado, donde el Ejecutivo deberá negociar con actores clave para lograr el apoyo tanto en la idea de legislar como en los artículos más importantes como los que involucran materias tributarias.
Escuelas Protegidas
Otro de los proyectos que ha registrado avances en el Congreso es el denominado "Escuelas Protegidas", iniciativa que busca fortalecer la convivencia y seguridad al interior de los establecimientos educacionales.
Entre sus principales medidas, contempla la posibilidad de realizar revisiones de mochilas, entrega a los docentes facultades para aplicar acciones de carácter pedagógico, correctivo y disciplinario, e incorpora sanciones frente a la interrupción de clases. Asimismo, establece que los reglamentos internos deberán prohibir el uso de elementos -como gorros, capuchas o pasamontañas- que impidan la identificación de los estudiantes.
En materia de educación superior, el proyecto también fija como requisito para acceder a la gratuidad el no haber sido condenado por delitos que afecten la vida, la integridad física o psíquica de las personas, así como la propiedad o infraestructura pública.
La iniciativa ya completó su segundo trámite constitucional en el Senado, por lo que deberá regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados para que se pronuncie sobre las modificaciones introducidas por la Cámara Alta, entre ellas la distinción entre revisiones masivas e individuales, precisiones sobre eventuales restricciones temporales para acceder a la gratuidad y la regulación del uso de prendas que dificulten la identificación.
Una vez concluido ese proceso, el proyecto quedará en condiciones de convertirse en ley.
En paralelo, la propuesta contempla un segundo eje que apunta a endurecer las sanciones por delitos cometidos dentro de comunidades escolares. En este ámbito, se introducen modificaciones al Código Penal para establecer agravantes específicas, iniciativa que además fue refundida con otro proyecto que busca sancionar delitos contra profesores y asistentes de la educación.
Este componente ya fue aprobado en la Cámara Baja y actualmente continúa su tramitación en el Senado.
Estado de excepción
En otro ámbito, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó un plan integral orientado a contener la violencia en la Macrozona Sur, con foco en las regiones de La Araucanía y Biobío, que combina medidas de seguridad, coordinación operativa y apoyo a la infraestructura.
Entre las principales iniciativas, se contempla el envío de una reforma constitucional al Congreso que busca ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas en zonas bajo estado de excepción, permitiéndoles realizar controles de identidad preventivos e investigativos, registros de vestimenta, equipaje y vehículos, además de detenciones en flagrancia sin la supervisión directa de Carabineros.
En paralelo, el Ejecutivo impulsará la creación de un mando unificado mediante decreto administrativo, que abarcará las provincias de Cautín y Malleco, en La Araucanía, y Arauco y Biobío, en la Región del Biobío -territorios que se han mantenido bajo régimen de excepción por cerca de 48 meses-, con el objetivo de mejorar la coordinación de recursos y la respuesta operativa en terreno.
A esto se suma un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y la Fuerza Militar de Trabajo para habilitar campamentos en zonas de difícil acceso, facilitando así la ejecución de obras viales en rutas interiores que no han podido desarrollarse desde 2018 debido al contexto de violencia en la zona.
El plan también considera la presentación de indicaciones al proyecto de ley de reparación a víctimas de la violencia rural, ingresado durante la administración de Gabriel Boric, junto con un fortalecimiento de la labor policial mediante una estrategia conjunta que busca robustecer las capacidades investigativas de las fuerzas de orden en la zona.
Este conjunto de medidas permitió al Ejecutivo asegurar la aprobación de una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, luego de que previamente bancadas como el PDG, el PNL y el Frente Amplio advirtieran que no respaldarían nuevas extensiones si no se introducían cambios en la estrategia de seguridad.
Proyectos relacionados a la seguridad
Por otro lado, antes de dejar el gabinete, la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, impulsó una serie de iniciativas en materia de seguridad pública y fortalecimiento de las fuerzas de orden, varias de las cuales aún no han sido vistas en Sala o han avanzado con lentitud en su tramitación.
Durante marzo, la exsecretaria de Estado adelantó que el Ejecutivo ingresaría tres proyectos al Congreso. "Uno es para revertir la carga de la prueba en los delitos de lavado de activos (...). Después, otro proyecto que tenemos en carpeta es sobre juicio oral en ausencia, algo que puede generar controversia, pues hay personas que pueden no estar de acuerdo (...). El otro proyecto es sobre el levantamiento del secreto bancario", señaló en ese entonces.
De ese paquete, la iniciativa conocida como "Ley Sin Escape" -que busca evitar la paralización indefinida de los procesos penales al impedir la dictación de sentencias cuando el imputado no comparece- ya logró avanzar en el Senado, donde fue aprobada su idea de legislar en la Comisión de Seguridad y quedó a la espera de la discusión de indicaciones.
En paralelo, Steinert también puso sobre la mesa mejoras en las condiciones de formación y remuneración de Carabineros. En esa línea, calificó como "inaceptable" que los aspirantes reciban en promedio cerca de $80 mil durante su formación, comprometiendo un aumento hasta los $800 mil en el segundo año. Asimismo, anunció un ajuste en las remuneraciones de funcionarios destinados a comunas de mayor riesgo.
Sin embargo, tras el cambio de gabinete que dejó a Martín Arrau a la cabeza de la cartera, varias de estas iniciativas han visto retrasado su ingreso o tramitación en el Congreso, quedando a la espera de una eventual reactivación por parte del nuevo equipo ministerial.
