Tras su tercera sesión, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal impulsado por el Gobierno del Presidente Kast entregó un nuevo informe dando cuenta de un riesgo fiscal por más de US$9.200 millones y que instruyeron investigaciones en cuatro organismos públicos por irregularidades.
En el marco de la Inspección Total al Estado, la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, explicó que se recibieron y analizaron más de 913 mil de registros provenientes de más de 500 servicios públicos. Junto con destacar que se trata un hecho inédito, la subsecretaria apuntó que de "una revisión general, se detectaron alertas y situaciones que involucran recursos públicos por 9.200 millones de dólares. Esto no significa que sean las únicas alertas, son solo algunas de las que hemos encontrado hasta ahora".
Pese a ello, indicó que "esto no implica necesariamente existencia de fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones, errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias graves y en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal. En cada uno de estos casos serán derivados los antecedentes a las instancias correspondientes".
De este modo, indicó que se han detectado rendiciones bajas respecto de lo pagado, entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en el Registro de Central de Colaboradores del Estado, compras ágiles repetidas al mismo proveedor el mismo día, hitos contractuales incumplidos, subejecución presupuestaria superior al 30%, licencias médicas sin recuperación del subsidio y concursos públicos desiertos.
Deuda traspasada al Gobierno
El primer ejemplo de la alerta que dio la subsecretaria fue el relacionado a la deuda traspasada al nuevo gobierno. Así, precisó que "los hallazgos corresponde a la postergación de pagos desde el 2025 al 2026, por aproximadamente 3.200 millones de dólares, lo que equivale a casi un 1% del PIB".
"Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en los últimos traspasos presidenciales. El monto casi triplica lo traspasado en el gobierno de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, y prácticamente duplica lo traspasado en el gobierno de Sebastián Piñera a Gabriel Boric", precisó.
Y agregó que "esta situación afecta las cuentas del Gobierno, por cierto, pero no es un número distante, afecta directamente a los chilenos por la postergación en el pago de proveedores en programas sociales, en servicios de salud, en temas de alimentación escolar, y a casi 10 mil Pymes que fueron proveedoras del Estado y a las cuales en el 2025 se decidió no pagarles".
Se vieron afectados por esta postergación US$ 1.000 millones a proveedores de atención de salud, US$ 650 millones a Junaeb en servicios de alimentación escolar, US$ 400 millones en gratuidad universitaria y US$ 268 millones a 9.986 pymes proveedoras del Estado.
Compras públicas y licencias médicas
Una segunda alerta detectada por La Moneda tiene que ver con las "compras públicas". En concreto, se identificaron US$3.170 millones en compras realizadas mediante trato directo o compra ágil en casos donde podían haberse utilizado mecanismos competitivos, según el actual Gobierno.
De haberse aplicado estos últimos, se estima que podrían haberse generado ahorros por cerca de US$760 millones, mediante procesos de compra más competitivos y planificados.
"Se trata de mercados donde sí existía una oferta suficiente para poder hacer compras a través de licitaciones, donde donde se podría haber planificado dichas compras", señaló la subsecretaria.
En lo que respecta a licencias médicas, señalaron que hay cerca de US$150 millones pendientes de recuperación por deficiencias en la gestión de cobro por parte de la administración anterior.
Entre los organismo con mayor concentración de tratos directos están Cenabast con US$ 700 millones, el Registro Civil e Identificación: US$ 350 millones, el Servicio de Salud Sur: US$ 56 millones, Junaneb con US$ 50 millones y el Hospital de Puerto Montt con US$ 44 millones.
De los organismos con mayor concentración de compras ágil están el Hospital Clínico Metropolitano La Florida con US$ 24 millones, el Hospital de Puerto Montt con US$ 16 millones, el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar con US$ 12 millones y el Hospital Regional de Iquique con US$ 9 millones.
Investigaciones a organismos
El Comité, en tanto, instruyó realizar investigaciones específicas y auditorías a cuatro organismos públicos. En caso de confirmarse hallazgos, estos sean derivados a las instituciones competentes para la determinación de eventuales responsabilidades, ya sea la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público.
Las entidades indagadas serán la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), dependiente del Ministerio de Educación, debido a posibles irregularidades en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar, con pagos por servicios no realizados y sobreprecios.
Otra es el Ministerio de la Mujer, específicamente en el Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) y la fundación Prodemu, aludieron a ineficiente y falta de control de recursos públicos y resultados.
En el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se detectaron graves problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobro de multas y garantías.
Respecto a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) del Ministerio de Ciencia, se habla de altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición.
