La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI), presentará una propuesta legislativa para enfrentar la instalación reiterada de asentamientos precarios en espacios públicos, fenómeno que -según el municipio- ha aumentado de forma sostenida tanto en la comuna como a nivel nacional y que ha generado problemas de seguridad, salubridad y convivencia urbana.
La iniciativa surge en medio del alza de los llamados rucos en distintos puntos de San Miguel.
De acuerdo con cifras municipales, entre enero y abril de este año se retiraron 682 asentamientos irregulares, frente a los 255 registrados en igual período de 2025, lo que representa un incremento de 167%. En paralelo, los reclamos vecinales vinculados a estas ocupaciones pasaron de 145 a 575 casos.
Desde el municipio sostienen que, en numerosos episodios, estas instalaciones terminan asociadas a acumulación de basura, consumo de alcohol y drogas en la vía pública, realización de necesidades fisiológicas en espacios abiertos y hechos vinculados a delitos e incivilidades.
La propuesta contempla un sistema escalonado de intervención social, administrativa y penal, donde la sanción penal operaría únicamente como última instancia y bajo ciertas condiciones.
"Estamos frente a un problema a nivel nacional, hoy, los municipios retiran asentamientos irregulares y, a las pocas horas o días, las personas vuelven a instalarse en el mismo lugar. El problema se repite indefinidamente porque el Estado no cuenta con las herramientas adecuadas para enfrentar este fenómeno, y quienes viven y transitan por estos sectores ven deteriorada gravemente su calidad de vida", afirmó la alcaldesa.
La iniciativa considera tres etapas sucesivas. La primera apunta al retiro de la instalación irregular por parte del municipio, junto con ofrecer acceso a programas sociales y registrar el caso en un "Registro de Incivilidades", mecanismo que permitiría acreditar reincidencias.
En un segundo evento, la propuesta establece una conducción administrativa especial por parte de Carabineros por un máximo de 12 horas, instancia en la que también participarían organismos sociales y de salud para evaluar alternativas de apoyo y eventuales patologías incapacitantes.
La tercera etapa contempla la creación del delito de "instalación reiterada", figura que se incorporaría al Código Penal mediante un nuevo artículo 458 ter y que solo podría aplicarse cuando exista constancia de una oferta social previa rechazada.
Según explicó la jefa comunal, el objetivo no es perseguir a personas en situación de calle, sino compatibilizar distintos derechos en el uso del espacio público.
"La respuesta no puede ser solamente social ni únicamente penal. Durante décadas el Estado ha actuado sin coordinación y sin herramientas efectivas. Esta propuesta busca justamente combinar asistencia social, intervención institucional y responsabilidad jurídica en casos reiterados", sostuvo Bown.
El proyecto además busca reforzar programas estatales de apoyo social y salud mental. En esa línea, el municipio pretende impulsar una resolución dirigida al Ejecutivo para fortalecer el Subsistema "Seguridades y Oportunidades", los dispositivos de alojamiento de emergencia y la red de salud mental comunitaria.
Desde la Municipalidad de San Miguel señalaron que los equipos técnicos ya trabajan en la redacción final del articulado y en coordinaciones con parlamentarios para presentar la moción en el Congreso.
