La acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, no solo abrió un nuevo frente político, sino que también comenzó a generar costos al interior del oficialismo y de la oposición.
La ofensiva impulsada por diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano ha estado marcada por cuestionamientos desde distintos sectores, principalmente por la falta de coordinación entre ambas colectividades. El anuncio, realizado el mismo día y con apenas 40 minutos de diferencia, evidenció desorden y debilitó la señal política, según reconocen en el oficialismo.
Además, según consignó El Mercurio, la iniciativa tampoco fue bien recibida en La Moneda, donde sostienen que la acción "tensiona" el ambiente en medio de negociaciones clave, como el proyecto de Reconstrucción. En esa línea, la senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares, advirtió que "obviamente es un tema que en este minuto no ayuda a cooperar con un clima de conversación, de tener una oposición que sea razonable y que busque efectivamente cooperar a que el proyecto se mejore".
Pese a estas críticas, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, reafirmó que seguirán adelante con la acusación. "Nosotros vamos a presentar la acusación llueve o truene. Es un tema que tienen que ver los comités. Yo espero por supuesto que presentemos un texto conjunto", señaló.
Sin embargo, en el propio Partido Republicano la decisión generó incomodidad. Aunque desde el PNL aseguran que existieron conversaciones previas, donde se les habría transmitido una "libertad de acción" para evitar conflictos con Chile Vamos y el Gobierno, ese relato no fue compartido por todos.
De hecho, el diputado republicano Benjamín Moreno se adelantó y anunció públicamente la acusación a través de redes sociales: "Como bancada del Partido Republicano queremos expresar que acusaremos constitucionalmente al exministro Nicolás Grau. Encontramos ingresos inflados, gastos escondidos, son hechos aritméticos".
En privado, dirigentes del sector reconocen que la decisión de sumarse a la AC fue impulsada principalmente por la bancada de diputados, con el objetivo de no "quedarse atrás" del PNL. No obstante, admiten que el proceso fue apresurado y que no se evaluó con claridad si existen los votos necesarios para aprobar el libelo.
Esto terminó por incomodar también a Chile Vamos, donde cuestionaron el timing del anuncio, especialmente en medio de la tramitación de proyectos relevantes. El propio presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que aún falta alinear criterios: "Yo creo que incluso la misma oposición, puertas adentro, debe tener claro que el trabajo del ministro Grau fue realmente muy malo, pero eso tiene que empalmar con las causales que establece la Constitución y el día que tengan un resultado yo esperaría que se pongan de acuerdo todas las bancadas".
En este contexto, desde el Gobierno interpretan que tanto el PNL como Republicanos están en una etapa de diferenciación política, buscando consolidar sus propias bases de apoyo. Incluso, algunas voces oficialistas sostienen que el PNL podría intentar disputar el electorado más duro de Republicanos, y que acciones como esta acusación responden a ese cálculo.
Ambas colectividades, sin embargo, rechazan esa lectura. En el PNL aseguran que la acusación responde a convicciones previas y a cuestionamientos que Johannes Kaiser venía realizando desde su etapa como diputado a la gestión económica, tanto de Nicolás Grau como del también exministro Mario Marcel. En Republicanos, en tanto, niegan una estrategia de diferenciación, aunque reconocen que algunos esperaban una decisión más reflexiva.
"Derechita cobarde"
Las tensiones escalaron aún más tras las declaraciones del diputado Agustín Romero, quien advirtió en Desde La Redacción de La Tercera que si Chile Vamos no se suma a la acusación "tendrán que responder frente a su electorado".
Esto motivó una dura respuesta de la UDI, que recalcó en una declaración pública que "como partido siempre hemos actuado con absoluta responsabilidad, convicción y autonomía política, sin someternos jamás a presiones ni amenazas de ningún tipo". Asimismo, agregaron que las decisiones deben adoptarse "sobre la base de fundamentos serios, no por emplazamientos públicos ni cálculos electorales".
Además, calificaron como impropios los dichos de Romero: "Resulta del todo impropio y prepotente querer imponer posiciones a otros partidos mediante advertencias sobre eventuales costos electorales", señalando también que "los tiempos de los eslóganes sobre la ‘derechita cobarde’ se terminaron".
Oposición
En paralelo, la acusación también generó efectos en la oposición. Antes del anuncio, algunos sectores evaluaban que unas eventuales acusaciones constitucionales podrían ir contra el exministro de Vivienda, Carlos Montes, o contra el propio Nicolás Grau.
Sin embargo, al centrarse finalmente en este último, fuentes cercanas a Emol aseguran que en el Socialismo Democrático se instaló una suerte de "relajo", considerando que Montes mantiene una relación política más estrecha con ese bloque que el exlíder de Hacienda.
Cabe recordar que Carlos Montes actualmente es militante del Partido Socialista (PS), pero anteriormente formó parte del PPD, mientras que Nicolás Grau pertenece al Frente Amplio.
