Durante su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció el ingreso de un proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.
A su juicio, el combate al crimen organizado y la delincuencia "no basta" para la construcción de un país seguro, sino que también es necesario "proteger a nuestro vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública".
Lo anterior, sirve como argumento para crear esta base de datos con antecedentes de quienes no solo comentan delitos, sino que también acciones que serán tipificadas como "incivilidades".
Ejemplo de estos serán: Venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario.
En tanto, toda persona que cometa delitos que atenten contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes o el daño a monumentos nacionales ingresará al registro de vándalos.
Caer en estas conductas, explicó el Presidente, dará "lugar a la pérdida de los beneficios sociales. Y eso va a ser un hecho".
"Nadie que destruye lo público merece tener gratuidad en la educación. Es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes públicos. Nadie que destruya lo público merece tener una Pensión Garantizada Universal. Tiene que hacerse cargo de los destrozos que haga en nuestra patria. Y por eso digo que la mano va a cambiar. Hay otros beneficios sociales a los cuales alguien que destruye, alguien que mata, alguien que atenta contra la vida de otros no va a poder postular. Tendrá que buscar otra manera de llegar a lo que él espera. O tendrá que reivindicarse de una manera tal de que uno pueda pensar en esa rehabilitación", sostuvo el Presidente.
Subsecretario del Interior
Más tarde, cuando se firmó el proyecto, el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, entregó más detalles.
"Las conductas que dañan la vida en civilidad, en ciudad, no pueden quedar sin una sanción ejemplar que sea disuasiva respecto de aquellas conductas que atentan contra la vida, la infraestructura pública, la autoridad y otras conductas que también son reprochables por el ordenamiento jurídico", sostuvo en primer lugar.
Luego, agregó que la iniciativa busca que "personas que estén condenadas por algunos delitos que dicen relación con la vida en comunidad, la vida cívica, como es el maltrato de obra Carabineros, como es el daño a la infraestructura del patrimonio nacional, como es aquellas personas que ponen barricadas, pierdan derechos sociales que están consagrados en alguna legislación".
En cuanto a qué derechos sociales son, detalló: "La gratuidad, la Pensión Garantizada Universal y, entre otras cosas, estén impedidos mientras estén en este registro, de poder obtener licencia de conducir, pasaporte, y también poder transferir vehículos y propiedades".
Esto, según aclaró, sigue el "modelo de otros registros, como el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos".
A su vez, dijo que en los casos en que se verifiquen conductas que no son delitos, pero que la ley va a tipificar como "incivilidades" (como el daño a equipamientos comunitarios, consumo de drogas o venta de alcohol de manera ilegal), "se puedan, en algunos casos, sancionar con una multa y también ser incorporados a este registro con las mismas sanciones, es decir, la pérdida de beneficios sociales o la imposibilidad de obtenerlos".
