Una batería de anuncios dio a conocer ayer el Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad pública, uno de los ejes del relato del "gobierno de emergencia" con el que arribó a La Moneda.
Hoy, a dos semanas de asumir el cargo, el ministro Martín Arrau dará a conocer la estrategia de seguridad pública durante una sesión especial en el Senado, y donde la mayor expectación está puesta sobre los anuncios de Kast ayer desde el Salón de Honor del Congreso Nacional.
El Mandatario señaló que "la mano cambió", pero advirtió que el complejo escenario de seguridad en el país "no va a cambiar de un día para otro. Requiere un esfuerzo de todos".
Entre los anuncios se encuentra un Plan de Intervención Barrial Intensivo que articulará las capacidades del Estado en 50 barrios críticos, que incluirá un copamiento policial dirigido mediante patrullajes preventivos y operativos focalizados contra mercados ilícitos y crimen organizado.
Además, se crearán siete Fuerzas de Tarea que "buscarán unir las capacidades hoy dispersas entre distintos poderes autónomos, entre las policías, Gendarmería, y servicios fiscalizadores". Según se detalló, cada una estará dedicada a una amenaza precisa: Fronteras y puertos; Secuestro y sicariato; Ciberdelito; Crimen organizado; Mercados ilícitos; Finanzas criminales y la Violencia en la Macrozona Sur.
Además, se pondrá el foco en dar urgencia a aumentar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas "y reforzar las facultades autónomas de nuestras policías; fortalecer el control migratorio y la capacidad de expulsión efectiva, y ampliar los plazos de retención".
Al listado se agrega avanzar en un proyecto que sanciona a los encapuchados en manifestaciones, y calificar como incivilidades "la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario".
El Mandatario advirtió que "estas conductas también darán lugar a la pérdida de los beneficios sociales". En esa misma línea, anunció algo que ya había adelantado en su campaña, que "en los próximos días ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades".
"Nadie que destruye lo público merece tener gratuidad en la educación (...) Nadie que destruya lo público merece tener una Pensión Garantizada Universal. Tiene que hacerse cargo de los destrozos que haga en nuestra patria. Y por eso digo que la mano va a cambiar. Hay otros beneficios sociales a los cuales alguien que destruye, alguien que mata, alguien que atenta contra la vida de otros no va a poder postular", sostuvo el Presidente.
Se suman proponer una asignación trimestral para mejorar la remuneración de funcionarios de Carabineros, fortalecer la institución de Gendarmería y de recintos carcelarios de alta seguridad del país. Además, se recalcó en un Plan de Infraestructura Penitenciaria proyectado hasta el año 2030 que contemplará aumentar en 20 mil las plazas para internos e iniciativas de rehabilitación para la reinserción social.
En materia migratoria, otro de los compromisos fuertes del Gobierno, se anunció el Plan Retorno que busca motivar la salida de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile, y desincentivar su permanencia en el país.
La preparación de Arrau
Ayer, tras el discurso de Kast, el ministro Arrau mencionó que "como nos mandó el Presidente, hay que recuperar los espacios, recuperar los barrios, los colegios, pero esto no puede ser un eslogan, tiene que ser realidad. Esto lo haremos aplicando todo el peso de la ley, incluidas efectivamente esas cosas que parecen menores, como son el vandalismo, y las incivilidades".
"Unos son delitos, los otros serán falta. Y las penas accesorias, como, efectivamente, perder gratuidad o perder la posibilidad de ingresar a un estadio, serán los que estarán enlistados de penas accesorias en cada uno de estos dos registros separados, dependiendo si es que son delitos o faltas", explicó.
Respecto del Plan Retorno, el secretario de Estado afirmó que "hay medidas que ve Interior a través de Migraciones. El Presidente anunció una iniciativa legal que ingresaremos que va a corresponder a una reforma constitucional, que es poder, efectivamente, retener a las personas que estén de manera regular en el país que cometan un delito por un plazo bastante extenso que nos permita que esa persona sea expulsada o que salga del país de manera efectiva".
"Es una iniciativa muy potente que da la señal correcta, de tal manera que las personas que están en Chile no vengan a delinquir", sostuvo, y respecto de los plazos afirmó que "estamos pensando en 180 días".
Sobre su presentación de hoy ante la Cámara Alta, señaló que "hemos estado, precisamente, trabajando intensamente en esta semana y poco más que llevamos. Agradecer el trabajo de todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, de los equipos, del otro ministerio que están colaborando en esto".
Añadió que "vamos a hablar de lo que anunció el Presidente en parte. Son más de 25 proyectos de ley que priorizaremos, algunos son nuevos proyectos de ley. Y, adicionalmente, tenemos siete fuerzas de tarea, siete focos de gestión, que es donde están agrupadas una cantidad de iniciativas, planes y programas muy, muy potentes, que es lo que detallaremos mañana precisamente acá en el Congreso".
Expertos ponderan anuncios
En conversación con Emol, expertos en seguridad ponderaron la batería de anuncios dados a conocer ayer por el Presidente Kast.
El director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la U. San Sebastián (CESCRO USS), Luis Toledo, mencionó que para él "el anuncio más relevante es la intervención focalizada en barrios críticos, porque apunta al problema central que es la pérdida de control territorial del Estado (...) Lo que queda pendiente es avanzar hacia una política integral de seguridad con metas verificables, indicadores públicos, evaluación permanente y continuidad institucional. En seguridad no basta con reaccionar frente a la contingencia, se requiere una estrategia de largo plazo".
Respecto de la iniciativa, afirmó que "los indicadores no pueden limitarse al número de controles o detenidos. Eso mide actividad estatal, no necesariamente eficacia. Hay que evaluar reducción de homicidios, balaceras, extorsiones, robos violentos, recuperación de espacios públicos, denuncias vecinales, avances concretos en la persecución penal mediante formalizaciones, condenas efectivas y cumplimiento de las medidas orientadas a fortalecer el proceso penal, tiempos de respuesta policial, incautación de armas, cumplimiento de órdenes pendientes y percepción de seguridad en el territorio intervenido".
"En el mediano plazo, el indicador clave es si el Estado logra sostener presencia institucional después del copamiento inicial y evitar la reocupación de esos espacios por organizaciones criminales", subrayó.
En esa misma línea, el director del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, calificó la intervención barrial "en la dirección correcta", pero alertó que "este tipo de medidas conlleva un riesgo relevante: el desplazamiento de la actividad criminal hacia otros sectores. Por eso, estas intervenciones deben ser parte de una estrategia más amplia, que no solo considere los barrios intervenidos, sino también los efectos que esa acción puede generar en zonas aledañas y la forma en que el Estado enfrentará ese eventual traslado de la delincuencia".
"Sin estrategia" contra crimen organizado
Uno de los grandes anuncios del discurso presidencial fue el Registro de Vándalos, que según Toledo "puede tener utilidad si se diseña como una herramienta precisa, proporcional y asociada a conductas objetivamente acreditadas. El riesgo es que termine siendo una medida simbólica, difícil de ejecutar o jurídicamente vulnerable si no distingue entre infracciones, delitos, reincidencia y debido proceso".
En ese contexto, recalcó que "las incivilidades sí deterioran la convivencia urbana, pero su control exige fiscalización municipal, policías, justicia local, recuperación urbana y sanciones efectivas, no basta un registro".
Latorre, por su parte, valoró la creación de un Registro de Vándalos pero advirtió que "la efectividad de estas herramientas dependerá de su diseño e implementación. Es fundamental definir con claridad los criterios de ingreso y permanencia en el registro, las garantías para las personas involucradas y los mecanismos para su eventual eliminación. Si estos aspectos no quedan adecuadamente regulados, existe el riesgo de crear un instrumento difícil de aplicar, vulnerable a cuestionamientos legales y con escasa utilidad práctica para la seguridad pública".
Para Diego Hernández, experto en seguridad y crimen organizado, y académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), "sin duda el anuncio más relevante es precisamente la infraestructura carcelaria. Resguardar las cárceles y contribuir a la infraestructura es una medida acertada para detener a las organizaciones criminales que están dentro de esta y se celebra, es algo positivo que se que se haya anunciado en esta Cuenta Pública, dado cuenta de que se está escuchando a los organismos de orden y seguridad, en particular, Gendarmería".
Respecto del plan de seguridad del Ejecutivo, Toledo apuntó que "se observa una señal política fuerte en seguridad, pero todavía debe verse si existe una estrategia integral contra el crimen organizado. Hay medidas de impacto inmediato como copamiento territorial, más presencia policial, control de incivilidades que son necesarias, pero insuficientes si no se articulan con inteligencia criminal, persecución patrimonial, análisis financiero, fortalecimiento del Ministerio Público, protección de testigos y control efectivo de las cárceles".
Asimismo, Hernández afirmó que "no se visualiza una estrategia como tal en contra del crimen organizado sino, más bien, son medidas orientadas a focos. Con seguridad, podría asegurar que estos focos han sido levantados desde la información de las policías y el trabajo en terreno operativo que están llevando a cabo, y que dan cuenta también de una planificación sobre las medidas que se vienen o que se van a adoptar próximamente".
Misma opinión tiene Latorre, quien señaló que "a partir de los anuncios realizados, no se aprecia con claridad una estrategia integral contra el crimen organizado. Más bien, predominan medidas de carácter operativo que pueden tener efectos acotados, pero que no configuran una política con alcance estratégico (...) El desafío para el Ministerio de Seguridad Pública sigue siendo avanzar desde medidas de impacto inmediato hacia una política más estructural y sostenible en el tiempo".
El académico de la U. Autónoma cerró con que "las expectativas que se tienen en materia de seguridad yo creo que se satisfacen parcialmente. Un aspecto positivo es que el Gobierno retoma con fuerza el tema como una prioridad, además de enfrentar el fenómeno de una forma integral y con decisión (...) Sin embargo, sigue pendiente un mayor énfasis en la lucha contra el crimen organizado, mediante un plan articulado y coherente que permita abordar esta problemática con una visión estratégica".
