El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, abordó el proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado ayer en la Cuenta Pública y defendió que "esto no es capricho de la autoridad" ante las críticas por la pérdida de beneficios sociales de los inscritos.
Fue ayer en la Cuenta Pública que el Presidente José Antonio Kast informó del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, que horas después firmó desde Cerro Castillo.
En concreto, la medida busca crear una base de datos con antecedentes no solo de quienes cometan delitos, sino también incivilidades como venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario.
En conversación con Tele13 Radio, García Ruminot abordó la iniciativa y defendió que "esto no es capricho de la autoridad, esto no puede ser arbitrario, tiene que estar debidamente respaldado en la ley (...) básicamente se trata de que personas que cometen determinados delitos tengan una sanción adicional".
"Si una persona golpea a carabineros o golpea a un funcionario de la salud, va a tener la sanción correspondiente a ese delito. Pero además, determinado por los tribunales, va a poder ser sancionado con la pérdida de algún beneficio del Estado que esté recibiendo", explicó.
En ese sentido, afirmó que a su juicio la medida "parece completamente justo, porque alguien que atenta contra personas que le sirven al Estado, personas que le sirven a la sociedad, contra instituciones que le están prestando servicios a toda la sociedad, contra bienes públicos, no puede al mismo tiempo estar recibiendo beneficios del Estado que se pagan con impuestos de todos los chilenos".
"Es un castigo adicional que busca persuadir para que las personas no cometan este tipo de delitos, no lleven adelante este tipo de acciones, porque no sólo van a sufrir la pena correspondiente a lo que establece nuestro Código Penal por golpear a una persona, por herir a una persona que está al servicio de la sociedad, sino que también se le impida tener acceso a beneficios sociales", afirmó.
Entre los reparos al proyecto, algunas voces han expresado preocupación por la equidad social. Al respecto, el titular de Segpres señaló que "lo que buscamos es dar esa señal, que no pueden estar recibiendo beneficios del Estado quienes atenten contra el Estado pero que al mismo tiempo están recibiendo un beneficio del Estado, porque es una incongruencia completa. O sea, yo atento contra carabineros, pero recibo la gratuidad en la educación superior. Atento contra funcionarios de salud en el consultorio y percibo la Pensión Garantizada Universal".
"Eso no puede ser. Si el Estado le está entregando beneficios, es porque se trata de personas que ameritan esos beneficios y deben tener un comportamiento también acorde con ellos. No pueden estar cometiendo ese tipo de delitos", subrayó.
Por los reparos que han surgido a la iniciativa, el ministro mencionó que "estamos dando la señal con el envío al Congreso Nacional de este proyecto. Esperamos que haya una discusión muy seria, muy profunda durante toda la discusión parlamentaria. Y, por supuesto, estamos abiertos a corregir si es que finalmente hubieran inequidades. El principio de igualdad ante la ley es un principio universal que también debe cumplirse. Y son materias que finalmente los jueces también van a tener que tener presente".
