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Registro de Vándalos al debate: Los argumentos en pro y contra de la idea más deliberada post Cuenta Pública

Además, alertan de un posible impacto en las garantías fundamentales de quienes infrinjan la ley.

02 de Junio de 2026 | 21:15 | Por Sofía Campos, Emol.
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El Registro de Vándalos e Incivilidades impulsado por el Gobierno abrió un nuevo flanco de debate, con una serie de reparos por parte de exautoridades de Gobierno y expertos por su eventual impacto en beneficios sociales y garantías fundamentales.

La medida busca crear una base de datos consolidada con antecedentes no solo de quienes cometan delitos, sino también incivilidades como daños a infraestructura pública, rayados y consumo de drogas y alcohol en la vía pública. Entre quienes ingresen al registro perderán beneficios sociales y no podrán hacer solicitudes de trámite como la devolución de impuestos a la renta ni obtener ni renovar documentos de identidad.

El exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, envió una carta a El Mercurio en que expresó "la propuesta de crear un registro de vándalos e incivilidades ha abierto una discusión necesaria sobre cómo enfrentar conductas que deterioran la convivencia urbana y afectan la calidad de vida de miles de ciudadanos. Quienes viven a diario las consecuencias de rayados, destrucción de mobiliario público, daños a la propiedad y ocupación indebida de espacios comunes tienen derecho a exigir respuestas eficaces del Estado".

Sin embargo, advirtió que "la búsqueda de soluciones no puede llevarnos a relativizar principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. La eficacia de cualquier registro dependerá de que su incorporación se funde en resoluciones judiciales y no en simples denuncias o detenciones. De lo contrario, se corre el riesgo de transformar una herramienta de seguridad en una fuente de arbitrariedades".

El también exdiputado añadió que "cabe preguntarse si la eventual pérdida de beneficios sociales constituye una sanción equitativa. Mientras afectaría a quienes dependen de ayudas estatales, dejaría prácticamente sin consecuencias a quienes cuentan con mayores recursos económicos. La igualdad ante la ley exige mecanismos que alcancen por igual a todos los infractores".

A juicio de Harboe, "más que castigos diferenciados según la condición socioeconómica, parece razonable avanzar hacia fórmulas de reparación efectiva del daño causado, reforzando así la responsabilidad individual y el respeto por los bienes públicos y privados. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la legitima demanda de orden y el respeto irrestricto a las garantías que sustentan nuestro Estado de Derecho".

Por su parte, la exministra del Interior, Carolina Tohá, mencionó en Radio Duna que "vándalos no me gusta como palabra, pero creo que el tema incivilidades es un gran tema. O sea, creo que es un tema que hay que tomar. Es relevante porque la cosa de la inseguridad es como una cadena de cosas, y este es como el primer eslabón".

"Sin embargo, creo que los beneficios sociales no son herramientas para aplicar sanciones. Creo que tienen otro objetivo y que las sanciones deben ser sanciones. Porque, si no, lo que empieza a pasar es que tú, al ocupar los beneficios sociales como mecanismo sancionatorio, generas una discriminación social, porque solo sancionas a las personas que necesitan los beneficios sociales (...) Yo soy partidaria de otro tipo de sanciones, no de ocupar los beneficios sociales como, porque tampoco son premios", sostuvo.

Tohá afirmó que "yo elegiría mecanismos sancionatorios que puedan aplicar a todos por igual y que a todos les duela más o menos parecido. No una sanción que es dolorosa para los pobres, más o menos para la clase media y a los acomodados ni les resbala. No me gusta esa señal".

En ese sentido, afirmó estar "de acuerdo con tomar el tema, pero creo que hay que tomarlo de otra forma para evitar esta dinámica social complicada, que creo que por muchas razones, en la sociedad chilena cae en terreno fértil. O sea, ya hay muchas injusticias, muchas exclusiones sociales para que les agreguemos otras así por decisión. Yo buscaría otro tipo de sanción".

Agregó que "el mayor problema con el vandalismo es la dificultad de pillar a las personas. Si tú ya los tienes y los pillaste, yo soy mucho más partidaria de temas que son tipo trabajos sociales. Me parece que eso es mucho mejor, que es más educativo, que no tiene este efecto, y se le puede exigir a cualquiera y para cualquiera es un esfuerzo hacer eso, de mucha, poca o mediana plata".

Asimismo, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió en Sonar FM que la iniciativa "podría entrar a confundir delitos graves con incivilidades. Los delitos graves los hemos tratado en muchísimas ocasiones, se han aumentado las penas (...) incluyendo lanzamientos de bombas molotov. Atentar contra las policías tiene penas altísimas".

Para el extitular de Seguridad, "antes de hablar del registro, creo que no hay que desatender que lo que el país tiene que discutir en primer lugar es cómo abordamos las incivilidades". De lo contrario, advirtió que "el registro puede terminar siendo meramente simbólico".

Respecto del debate por su rol social, subrayó que "es un registro que lo que busca es más bien retirar beneficios o derechos. Hay algunos que no se pueden retirar por expresa disposición constitucional. Por ejemplo, en Chile no se puede aplicar como sanción la pérdida de derechos previsionales".

"Autoritarismo de terciopelo"


Por su parte, el cientista político e investigador UDP-COES, Alfredo Joignant, ayer en Tolerancia Cero de CNN Chile vislumbró su opinión al consultar sobre el tema al jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno. Para lanzar la pregunta recordó el caso de dos jóvenes que hace un tiempo rompieron un grifo en Vitacura y afirmó "sabemos por clase social de cuna que ellos, la educación la tienen garantizada, van a colegios privados. La salud la tienen garantizada. (Son) hijos de papá que les pagan la Isapre. La jubilación, en caso de que sean adultos y estén trabajando, están cotizando en AFPs. ¿Qué derecho social, de verdad, universal, se puede perder? ¿O estamos en presencia definitivamente de un registro completamente clasista y antipobre?".

El sociólogo Eugenio Tironi también abordó la iniciativa en conversación con CNN Chile y señaló que "dicho con esta suavidad del confesor, pero tiene algo de autoritarismo de terciopelo. O sea, tiene algo de decir 'miren, yo los dejo elegir, pero si usted no cumple con ciertas normas, usted no va a tener acceso a cierto servicio, no va tener acceso a bienes'".

"Yo no voy a echar a las personas porque no tengo medios para echar a los inmigrantes irregulares, pero los invito a salir (...) La segunda derivada de eso es que la próxima vez no los voy a invitar. Hay un peligro en eso que hay precedente en la historia de la humanidad, En general, los pogroms, lo del racismo, el ataque a cierta raza que se estima inferiores, siempre parten con algo parecido (...) con la idea de invitarlos (...). Incluso los judíos eran invitados a subirse a los trenes, y los llevaban a Auschwitz", relató Tironi.

Oficialismo celebra iniciativa


En contraste, desde el oficialismo celebraron el anuncio del Mandatario. El diputado e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Eduardo Cretton (UDI), mencionó que la medida "nos parece que es una buena noticia, porque nadie puede pretender que aquel que daña el patrimonio, que es de todos, o a las autoridades, siga recibiendo beneficios sociales con la plata que es de todos".

"El que daña lo que es de todos los chilenos no puede pretender que todos los chilenos le sigan pagando beneficios sociales (...) Los chilenos están cansados de pagar los platos rotos de aquellos que validan la violencia, de aquellos que delinquen, y es hora también de que empecemos a darle señales a los chilenos honrados, a los que cumplen la ley y a los que quieren recuperar la seguridad de nuestro país", señaló el parlamentario.

Por su parte, el diputado Mauro González (RN), integrante de la comisión de Seguridad, mencionó que "valoramos el anuncio del registro de vándalos e incivilidades. Es una iniciativa que estamos impulsando con mucha fuerza, especialmente en lo que es sancionar con mayor severidad a aquellos que dañan o rayan bienes públicos, bienes privados, monumentos nacionales, y que en la actualidad no tienen ningún tipo de sanción o consecuencia".

"Creemos que es fundamental avanzar y sancionar con altas multas, o incluso, sanciones de cárcel efectiva según el daño a aquellos que destrozan nuestros bienes públicos o los bienes privados. Por otra parte, es fundamental también sancionar con reducir derechos sociales a aquellos que cometen otros actos, como, por ejemplo, la venta ilegal de alcohol en la vía pública o el consumo de drogas", defendió el RN.

Asimismo, la diputada Sara Concha (PSC) apuntó que desde su colectividad "valoramos los anuncios en materia de seguridad. La creación del Registro Único de Vándalos es una medida importante, que además fue parte de los compromisos de campaña y que hoy cobra aún más sentido frente a los hechos de violencia que hemos visto en las últimas semanas".

"Hemos sido testigos de agresiones a autoridades, a ministros y también de hechos de violencia en establecimientos de educación superior, por lo que seguir fortaleciendo las herramientas de seguridad es fundamental", aseguró.
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