Un plan con siete ejes, 26 iniciativas legales y 39 acciones operativas. Esa es parte de la agenda en Seguridad que presentó ayer el ministro de la cartera, Martín Arrau, ante el Senado.
La jornada ya había partido con un golpe de timón del ministro al pedir la salida de ambos subsecretarios de la cartera, Andrés Jouannet (Seguridad) y Ana Victoria Quintana (Prevención del Delito).
Arrau apuntó a la "constante evaluación" y "desempeño" como razones para configurar un nuevo equipo, recogiendo además la libertad que le dio el Presidente para que tomara las decisiones que considerara necesarias en este sentido.
El equipo de Arrau ahora está conformado por María del Pilar Giannini Bravo como nueva subsecretaria de Seguridad Pública, y Gonzalo Guerrero Valle como nuevo subsecretario de Prevención del Delito. Se trata de nombres ya conocidos por el Ejecutivo, puesto que Guerrero era jefe de gabinete del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y Giannini lo asesoraba en asuntos de seguridad.
La agenda de Arrau
Más tarde, en el Congreso, Arrau enfrentó su "examen" ante los legisladores, detallando una batería de proyectos del Ejecutivo que tendrán distintas etapas. Si bien se impulsarán 26 en total, el foco estará en ocho proyectos.
Entre las iniciativas, el ministro destacó la extensión de la flagrancia; anunció el ingreso de un proyecto que busca modificar el sistema de expulsiones de extranjeros que cometen delitos, permitiendo su retención por un período mayor al actual; la denominada ley antiencapuchados, que busca sancionar el ocultamiento de identidad en manifestaciones, así como el fortalecimiento de las normas contra el crimen organizado; la urgencia de avanzar en el juicio oral en ausencia, considerando que actualmente existen más de 77 mil órdenes de detención pendientes, y un proyecto que sanciona la fuga como mecanismo de impunidad.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una reforma estructural a Carabineros, orientada a mejorar incentivos y condiciones laborales. A esto se suma una reforma a Gendarmería, que busca integrarla plenamente al Ministerio de Seguridad, y ajustes en la PDI para fortalecer la persecución de delitos financieros y tecnológicos.
Finalmente, el ministro recordó que otras iniciativas complementarias también forman parte de la agenda, como el Registro Nacional de Vándalos, la tipificación de ingresos clandestinos, el robo por tumulto, mejoras en expulsiones administrativas, seguridad en recintos penales, reglas de uso de la fuerza, seguridad en el Metro y el fortalecimiento de los estados de excepción.
"Darle una oportunidad" y "empoderado"
En cuanto al despliegue del ministro, voces como la del diputado Raúl Leiva (PS), integrante de la comisión de Seguridad, valoran que Arrau ha tenido apertura al diálogo, que se trata de una persona ordenada y que "hay que darle una oportunidad", según dijo hoy en Radio Universo.
Si bien existe un reconocimiento por parte de la oposición a que Arrau haya validado y considerado la Política Nacional de Seguridad del gobierno del ex Presidente Gabriel Boric, persisten cuestionamientos relativos a que no se presentaron "metas ni plazos".
"Él reconoce que la Política Nacional de Seguridad está muy bien hecha, y en ella se basan estos planes y programas que esperamos que los delinie, porque no tienen metas, objetivos ni plazos (...) sólo titulares, sin bajadas. Él, lo que replica son los ejes temáticos o estratégicos que define la Política Nacional de Seguridad", subrayó el parlamentario.
Por su parte, Kenneth Bunker, director del Laboratorio de Democracia y Gobierno de la U. San Sebastián, comenta que el ministro llega "empoderado" en esta etapa que lidera en su cartera.
"Creo que tiene sentido que en una cartera tan importante y crítica políticamente, el ministro pueda trabajar con un equipo de confianza, con personas que conoce, con sus redes, con sus contactos, con sus sistemas, y creo que muestra que el ministro llega con fuerza, llega empoderado, y llega con un plan. Creo que lo que ha mostrado estas últimas semanas es precisamente que no está improvisando. Hay hay medidas específicas, y obviamente eso también tiene que ver con el cambio del equipo", subrayó.
Registro de vándalos y pérdida de beneficios sociales
Respecto al registro de vándalos y el catálogo de delitos o faltas asociadas, el diputado Leiva cuestionó que hay materias que ya están tipificadas como delito, "como la venta ilegal de alcohol, el dañar la infraestructura pública tampoco es incivilidad, es un delito de daño, pero además, no hay proporcionalidad".
"Siempre desde el punto de vista punitivo, y volvemos al tema de la prevención... que la corrección de la conducta de una manera brutal es a través de la imposición de una pena. El problema no es la pena, las penas en nuestro código penal son altísimas; el tema es de persecución penal, el cómo investigo y llego a ese delincuente", reflexionó el diputado.
El parlamentario también cuestionó respecto al registro de vándalos que se trata de un proyecto "absolutamente clasista y que no guarda ninguna proporción".
Esto, explicó, porque hay que diferenciar entre derechos sociales y beneficios sociales, como la pensión, "que es un derecho de seguridad social". "Entonces, a un joven que comete un ilícito de esta naturaleza, ¿le voy a quitar la PGU en 45 años más?", o "está hecho para la gente más pobre, como si la gente que delinquiera fuera la más pobre, ¿y qué pasa con quienes cometen delitos mucho más graves, que causan un perjuicio mayor, a quienes se coluden, ¿les vamos a quitar la PGU?".
Sobre este tema, Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, comentó a Radio Universo que el registro de vándalos "tiene un problema de base y nosotros creemos que no es una medida que vaya a ser efectiva".
Johnson sostuvo que primeramente es relevante que se entienda qué es una "incivilidad", "porque para una persona, tomar en una plaza puede no ser una incivilidad, para otros sí, y eso la norma lo tiene que establecer claramente. Los más antiguos entendemos que sí, pero por ahí hay quizás conceptos nuevos a incorporar".
En segundo lugar, abordó el tema de las sanciones. "A todos nos gustaría que un aumento de sanciones fuera automáticamente una disminución de delitos, eso sería maravilloso, pero eso lamentablemente no funciona así. Está absolutamente demostrado que un aumento de sanción no inhibe la comisión de infracciones, y esto es particularmente fuerte en el caso de los jóvenes que cometen infracciones por acciones mucho más irracionales".
Asimismo, como tercer punto, apuntó a la posibilidad de captura. "Si una persona no siente que hay real posibilidad de que lo detecten, aunque la sanción sea más alta, tampoco va a tener un impacto".
Por último, apuntó a "un problema de diseño, puesto que las sanciones tienen que ser justas para todas las personas por cometer la misma infracción, pero los usuarios de beneficios sociales son principalmente un sector de la población". Esto, sumado a que si se quitan beneficios sociales, "puede tener un efecto contraproducente".
Por su parte, Búnker comenta "obviamente llama la atención el registro de vándalos, pero eso en combinación con el proceso de deportaciones o de las salidas reguladas, muestra que algo se está haciendo. Hay varios anuncios, hay cambio de equipo, creo que eso muestra que está funcionando. Ahora, vamos a ver si funciona o no".
"Esas son las señales que se han dado, y es de esperar también que haya algún tipo de proceso donde pueda ir dando a conocer a la ciudadanía cuáles son los avances y los logros en todas estas distintas materias, porque sin eso, obviamente, va a persistir la sensación de que no se está abordando el tema con con con la suficiente responsabilidad o con la fuerza que se merece", zanjó.
