Allanamiento policial a sucursal de Santader en Santiago.
Aton
Las instituciones públicas y privadas deben tomar los resguardos para evitar infiltraciones de bandas criminales. Fue lo que dijo esta mañana el biministro Claudio Alvarado.
Lo dijo en relación a la detención por lavado de activos gestada ayer a un ejecutivo de nacionalidad venezolana del Banco Santander, quien fue vinculado al Tren de Aragua por una investigación entre la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones.
El titular de las carteras de Interior y Vocería advirtió que tanto
organismos públicos como empresas privadas son propensas a "infiltración de bandas criminales".
Por eso, hizo un llamado a "acentuar los procesos de reclutamiento de selección personal, establecer oportunamente los controles, en la gestión y en el ejercicio de esas funciones de responsabilidad, para evitar que hechos de esta naturaleza cuenten con la colaboración de personas que tienen información privilegiada", subrayó.
José Carlos Pérez Ascencio trabajó por seis años como ejecutivo bancario de Santander. Paralelamente, era miembro de una asociación encargada de lavar activos provenientes de extorsiones, secuestros, prostitución y tráfico de drogas que recaudaba el Tren de Aragua. Para ello facilitaba cuentas donde se le depositaban estos dineros, que luego eran transferidos a fondos internacionales o a la compra de criptomonedas.
En ese marco, surgió la preocupación de que datos bancarios caigan en manos de agrupaciones criminales, algo que fue consultado a Alvarado: "Esto no es la norma general, yo creo, que, en términos generales, los datos de los chilenos están debidamente protegidos, pero indudablemente siempre pueden existir estos casos puntuales, que espero, sigan siendo la excepción y sigan siendo acotados".
Por último, con la "Operación Tokio" resurgió el debate sobre el levantamiento del secreto bancario. Una de esas voces fue el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien en conversación ADN afirmó que "sería más sencillo si se pudiera revisar cuentas sin autorización judicial".
Frente a esto, Alvarado manifestó: "En causas judiciales no existe problema para conocer los antecedentes financieros o los flujos que se manejan en las cuentas corrientes en diferentes instituciones bancarias. Generalmente, cuando las policías o el Ministerio Público lo requieren, en menos de 24 horas en causa de lavado de activos, los tribunales proceden a levantar el secreto bancario".
