La marcha que se desarrolló el miércoles en Santiago y que fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) continúa generando repercusiones tras los incidentes. Mientras el Gobierno defendió el actuar de carabineros y llamó a no "normalizar la violencia", organizaciones acusaron una "represión desproporcionada" durante la movilización.
Según cifras oficiales, la convocatoria reunió a 4.500 personas y dejó 35 detenidos, tres de ellos por porte y manipulación de bombas molotov, además de tres civiles y tres carabineros lesionados.
A través de su cuenta de X, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, mencionó que "una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva. La opinión pública también debe considerar a los tres civiles heridos, a los tres carabineros lesionados resguardando el orden público y la gravedad de 35 detenidos, tres de ellos por portar bombas molotov".
"El deber del Estado es cuidar a todas las personas, resguardar el orden público y respaldar a quienes protegen a los chilenos", afirmó Arrau.
Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló esta mañana en Radio Universo que la violencia y porte de artefactos incendiarios en protestas "está tan normalizado que en realidad esto amerita que hagamos una pausa, que de verdad entendamos que tener derecho a la movilización no es tener derecho a destruir la ciudad".
"La verdad que cuando uno observa el comportamiento que tuvo carabineros fue solamente una respuesta frente a situaciones que se salieron de control", sostuvo.
El delegado agregó que "se pueden manifestar por cierto, lo resguarda la Constitución, nosotros no solamente lo respetamos sino que además creemos que una democracia sana tiene que saber escucharse. Por lo tanto, como Gobierno vamos a seguir adelante también en aquellos casos que se nos den garantías de que no va a haber violencia, poder brindar las autorizaciones".
El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, mencionó "lamentar la situación concreta que ocurrió. O sea, nunca es bueno que, como consecuencia de una manifestación, independientemente bajo qué condiciones se dé, ocurran situaciones como las que ayer vivimos".
Desde el oficialismo, el diputado José Kast Adriasola (Republicano) cuestionó "¿dónde estuvieron los últimos cuatro años? Esa es la pregunta que ningún estudiante que marchó hoy día te va a poder responder. Cuatro años aguantando la crisis en educación sin una sola marcha, y hoy día reaparecen".
Lanzó que "no engañan a nadie y nadie les cree. Esto no es un interés por la educación, no le interesan sus compañeros, esto es pura conveniencia política. No son más que la caja de resonancia que los peones de la izquierda radical. A los que hoy día están marchando, no les interesa nada la educación, lo único que les interesa es obstruir".
Estudiantes denuncian "represión desproporcionada"
Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), emitieron un comunicado en que enfatizaron que "la libertad de expresión y el derecho a manifestarse son pilares fundamentales de toda democracia".
En esa línea, acusaron que a la altura de la Casa Central de la Universidad Católica "un fuerte contingente policial interceptó la columna e inició una represión desproporcionada que obligó a la manifestación a retroceder. Como mesa directiva denunciamos categóricamente la fuerte represión por parte de Carabineros".
Añadieron que "esta es una demostración clara que para el Gobierno de José Antonio Kast su principal enemigo no es el narcotráfico, no es el crimen organizado, sino la organización social y particularmente los y las estudiantes de nuestro país".
Por ello, pidieron el pronunciamiento "inmediato" de la ministra de Educación, María Paz Arzola, "frente a las graves vulneraciones que presenciamos hoy en las calles".
Asimismo, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (Feusach) añadieron que "condenamos la represión desproporcionada ejercida por Carabineros contra estudiantes y trabajadores que nos encontrábamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a la manifestación", y adjuntaron un llamado a la comunidad a "mantenerse organizada y unida en la defensa de nuestros derechos por una educación pública, gratuita y de calidad".
En tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (FEUC), Martina Matus, señaló que "es imposible ignorar la violencia que se desarrolló en esta manifestación: la brutal represión de las fuerzas policiales dejando compañeros en situaciones complejas de salud, como aquellos manifestantes que cometieron actos violentos que nos expusieron aún más a la represión policial. Esta violencia afectó incluso a un estudiante de la comunidad UC en el frontis de nuestra universidad, acto que lamentamos y condenamos".
"Como estudiantes debemos instaurar que la violencia no tiene cabida en la lucha contra el retroceso de nuestros derechos. Esto no puede deslegitimar nuestra profunda convicción de no retroceder, sino de seguir avanzando en derechos para todo el pueblo de Chile", cerró Matus.
Oposición acusa
Desde la oposición, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, señaló en sus redes sociales que "el gobierno de Kast transformó una movilización estudiantil legítima en contra de los recortes que afectarán la educación pública en una confrontación que terminó en represión desmedida: cambió el recorrido a última hora, se cerró al diálogo y no permitió que se desarrollara la movilización".
"La autoridad tiene el deber de resguardar tanto el orden público como el derecho a manifestarse. En democracia, una cosa no puede hacerse a costa de la otra", sostuvo la timonel del FA.
La diputada del partido, Emilia Schneider (FA), señaló que "para que una manifestación sea pacífica y controlada, las autoridades deben dar certezas y conversar, además de tomar las medidas de prevención necesarias. Por desgracia, el gobierno de Kast entiende esto como una confrontación y trabaja para un mal clima".
"Circulan imágenes de una fuerte represión, cuestión altamente preocupante y grave. Nadie debe exponerse a violencia por ir a manifestarse. Llamo al gobierno a recapacitar y colaborar porque las expresiones de la ciudadanía sean resguardas y bien conducidas. Una democracia requiere orden, por cierto, pero también libertades", defendió la parlamentaria.
El diputado Juan Santana (PS) mencionó en su X que "una estudiante salió a una movilización estudiantil y terminó gravemente herida. Aunque todavía deben esclarecerse las circunstancias exactas de lo ocurrido, hay algo que no podemos normalizar: que estudiantes que salen a manifestarse terminen con lesiones de esta gravedad. Además, dirigentes estudiantiles han denunciado una alta represión durante la jornada y decenas de personas resultaron lesionadas".
"Vamos a oficiar a Delegación Presidencial RM y al Ministerio de Educación para esclarecer los hechos, conocer qué medidas se adoptaron, explicar por qué no se autorizó la marcha y entregar respuestas a estudiantes, familias y comunidades educativas", sostuvo.
Profesores y organizaciones de DD.HH.
Por su parte, el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile también acusó una "dura represión" en la movilización en la Alameda.
El presidente del gremio, Mario Aguilar, señaló que "la marcha se dispersó con una muy dura represión injustificada, la gran mayoría de los manifestantes con total y absoluta calma y orden en esta marcha que convocó la Confech".
"Ellos además pidieron los permisos respectivos, no se los dieron, le dieron un recorrido que no tenía nada que ver con la tradición histórica de nuestro país, la tradición es que las marchas se hacen por la Alameda, no se justifica la represión que hoy día se generó", sostuvo.
Añadió que "es una provocación del Gobierno no haberlo autorizado, hay razones para protestar: la educación chilena está amenazada, hay razones para manifestarse".
En conversación con Radio UChile, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, señaló por la manifestación que "ejercer el derecho de reunirse, de protestar incluso, es un derecho humano. Y, lamentablemente, hoy día en Chile hay diversas restricciones, tanto normativas como de prácticas de la autoridad política, que dificultan este derecho humano. Y eso, lamentablemente, se ha ido deteriorando también en los últimos años, después del estallido social".
"Una cuestión que hemos dicho reiteradamente desde ámbito internacional es que lamentablemente, hoy día, en 2026, estamos en peores condiciones que en 2019 para ejercer el derecho a manifestarse en lugares públicos (...) Además, tenemos una ley, como la ley Naín Retamal, que a nuestro juicio es, de alguna forma, un cheque en blanco para la policía, si es que llegan a utilizar la fuerza de manera desproporcionada", apuntó Bustos.
En esa línea, afirmó que "se ha instalado y reforzado una narrativa que criminaliza la manifestación. Y, lamentablemente, esta primera gran manifestación que se da en el Gobierno del Presidente Kast se da en ese contexto".
