Sumando apoyos de RN, Evópoli y el Partido Nacional Libertario, la bancada de diputados de la UDI decidió insistir en la remoción del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia, por viajar en dos ocasiones (2020 y 2022) fuera del país mientras se encontraba con licencia médica.
Según consignó La Tercera, fue la noche del martes durante una reunión con el Presidente José Antonio Kast, en cerro Castillo, que le entregaron al Mandatario una carta pidiendo que invoque su facultad constitucional para requerir la apertura de un cuaderno de remoción en contra del magistrado. Esto pese a que la Corte de Apelaciones de Santiago lo absolvió a mediados de mayo.
Fuera de la arista política, el terma sigue estando presente en el Poder Judicial. De hecho, se espera que en las próximas semanas el pleno de la Corte Suprema revise los casos de todos los funcionarios sumariados por viajar con licencias médicas.
La idea, según dijo la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, a ese medio, es "tomar definiciones" al respecto, luego de analizar todos los casos.
"La idea es verlos todos juntos para tomar definiciones. Los órganos que toman decisiones de orden jurisdiccional tienen que ser coherentes y tampoco sería pertinente que la Corte Suprema un día diga A y otro día diga B", sostuvo Chevesich.
Plan de trabajo
En paralelo, la presidenta de la Suprema comenzó este año un plan nacional de trabajo para mejorar la oportunidad en la dictación de las sentencias, logrando una reducción del atraso en la tramitación de las causas judiciales y disminuir su stock.
Para ello, ha sostenido -junto a un equipo- reuniones con los tribunales para conocer las razones de los atrasos, problemas de gestión, así como encontrar posibles soluciones. Hasta el 28 de mayo, se habían realizado 16 encuentros (entre presenciales y telemáticos) con 200 tribunales.
Por otra parte, se le solicitó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), elaborar una herramienta informática que hiciera un análisis estadístico para determinar los juzgados con mayor atraso y aquellos con mejor gestión.
En el diseño del plan estratégico 2026-2030 del Poder Judicial, a cargo de una consultora externa, se advirtió diferencias importantes en la oportunidad con que se resuelven las causas en los distintos tribunales del país. Esto afecta el derecho a la igualdad en el acceso a la justicia, pues algunos usuarios tienen tiempos de respuesta más acotados que otros, algo que buscan evitar.
Así, estiman que es necesario generar conciencia en los tribunales que con los índices más altos de causas rezagadas; así como generar la información pertinente para detectar los nudos críticos que entraban la gestión. Además de promover acciones de parte de los tribunales para abordar el retraso; relevar las buenas prácticas de gestión y desarrollar estrategias que permitan asistir a los tribunales que requieren mayor apoyo.
