Héctor Burgos, El Mercurio.
Las compras de tierras agrícolas y forestales que ha realizado el Estado para su traspaso a comunidades mapuches, en el marco de la Ley Indígena, promulgada en 1993, superan las 260 mil hectáreas. Organizaciones mapuches y gremios coinciden en que la mayor parte de esos terrenos salieron de los circuitos económicos y hoy no son explotados productivamente. Hugo Alcaman, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche, destaca que los cambios propuestos a la Ley Indígena "buscan otorgar mayores libertades y herramientas de desarrollo" a las comunidades. A su juicio, "hay que ordenar y transparentar el actual sistema de compra de tierras, y el otorgamiento de derechos de uso y goce individual sobre las tierras entregadas". El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, concuerda en que "permitir que las comunidades indígenas puedan arrendar sus tierras va a transparentar y dar certeza jurídica a algo que, en la práctica, ya ocurre".
