El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseveró esta mañana que el levantamiento del secreto bancario permitiría agilizar las investigaciones, pero afirmó que "el mayor problema" que enfrentan actualmente, cuando consiguen accesos de un tribunal a cuentas corrientes, es la "demora" y el "formato" en que los bancos entregan la información.
Esta mañana, en conversación con Radio Universo, el líder del Ministerio Público fue consultado en torno al debate que se abrió por la denominada "Operación Tokio", que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado alrededor de US$80 millones en Chile.
"El secreto bancario, por supuesto que tiene que tener límites, y está asociado con la protección de la intimidad. Le corresponde al Congreso Nacional definir cuáles son los límites de ese derecho a la intimidad", partió diciendo el fiscal nacional.
Agregó en esa línea que "sí, a veces hemos sostenido, de manera casi majadera, que esta discusión se ha distraído, casi obsesivamente, a la regulación de la protección de la intimidad, del secreto bancario, respecto de personas naturales, sin considerar que tenemos que avanzar en otros aspectos que creo que no son tan 'calientes', como esa otra discusión... en la que quizás podríamos avanzar con mucha mayor celeridad, y que quizás se distrae por este otro debate".
El fiscal sostuvo que "si esto tiene por objeto proteger la intimidad, nos preguntamos ¿cuál es la intimidad que tienen las corporaciones municipales, los municipios, las empresas del Estado, los ministerios en sus cuentas corrientes bancarias?".
"Lo que hemos insistido majaderamente es que no advertimos que tengan una privacidad equivalente a la que tenemos nosotros (personas naturales) en nuestras vidas personales, cuando se trata de instituciones públicas. Sin embargo, cuando se trata de instituciones públicas tenemos que pedir autorizaciones, y hemos planteado que deberíamos poder avanzar de manera mucho más rápida con estas instituciones", complementó Valencia.
La misma lógica, afirmó, sería aplicable respecto a corporaciones y fundaciones sin fines de lucro. "¿Cuál es la intimidad que quiere proteger? ¿Por qué no se puede permitir que instituciones como la fiscalía podamos analizar los movimientos bancarios de esas instituciones que además tienen un conjunto de beneficios tributarios?", inquirió.
En cuanto a grandes corporaciones y sociedades anónimas, el fiscal nacional planteó el mismo dilema. Y según planteó, algunas instituciones del Estado, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), podrían tener acceso más ágil.
"Y cuando llegamos a las personas naturales, nosotros hemos sostenido que hemos tenido algunos inconvenientes con jueces que nos rechazan algunas medidas de revisión de cuentas corriente, pero que no es el problema más frecuente que enfrentamos", sino que es "la rapidez, la oportunidad, con la que los bancos nos entregan la información, cuánto se demoran, y además el formato en que nos la entregan", subrayó.
"Lamentablente, muchas veces la información que nos entregan los bancos no solamente se demora, sino que viene en formato PDF, por ejemplo, en papel. La cantidad de tiempo que perdemos tecleando y transcribiendo esa información. Hemos desarrollado herramientas de IA... no, ahí la regulación es pobre".
Con todo, el fiscal enfatizó que "no cabe duda que si pudiéramos acceder a las cuentas corrientes de todo el mundo podríamos avanzar con mayor celeridad... a quién le cabe duda, es una obviedad que si la policía y la fiscalía pudieran revisar la cuenta corriente de cada uno de nosotros sin pedirnos permiso, tendrían mucha más información, la pregunta es si queremos vivir en un país como ese, y esa pregunta tiene que responderla el Congreso".
"El Congreso Nacional es el que tiene que decidir si queremos vivir en un país en el cual la fiscalía o policía puede revisar la cuenta de cualquier persona solo porque un funcionario pensó que era necesario. Ese es un problema que tiene que resolver el Congreso Nacional", sostuvo.
