Aton / Archivo, El Mercurio
La Entidad Patrocinante Social Arquitectura Ltda. presentó ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar una querella criminal en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz; y del director (s) del Serviu Valparaíso, por la demolición de viviendas en sector de El Olivar.
Según detallaron en un comunicado, la querella es por una serie de hechos que configuran "graves delitos" cometidos en el marco del proceso de reconstrucción del sector El Olivar.
En esa línea, la acción judicial sostiene que "las autoridades habrían utilizado sus cargos para ejecutar una decisión previamente adoptada: excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción que desarrollaban para 356 familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024".
Desde la empresa aseguran que dicha decisión se habría materializado mediante "resoluciones administrativas carentes de fundamento legal, presiones a funcionarios públicos y la generación de antecedentes destinados a justificar la terminación de contratos válidamente celebrados y la posterior demolición de viviendas".
La abogada de Social Arquitectura, Érika Maira, señaló que "hemos presentado una querella criminal contra el ministro Poduje, pues utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas. Esperamos que en una investigación objetiva e independiente, el Ministerio Público pueda esclarecer los hechos".
En ese sentido, mencionó que las situaciones "se han desarrollado con presiones a funcionarios, falsificación de instrumentos públicos, engaños a las familias damnificadas y una demolición innecesaria, incurriendo además en fraude al Fisco".
La querella afirma que el ministro habría ordenado la paralización total de las obras "pese a que los informes técnicos disponibles sólo establecían observaciones corregibles en una parte de las viviendas".
Asimismo, sostiene que funcionarios del SERVIU "habrían sido presionados para elaborar informes que respaldaran decisiones previamente adoptadas, incluyendo la emisión de documentos con fechas distintas a las reales y antecedentes destinados a justificar la terminación de contratos y la remoción de las empresas involucradas".
La abogada mencionó que "el señor Poduje, bajo un discurso de emergencia, rompió la normalidad de un contrato que se desarrollaba bajo la fiscalización del SERVIU y sujeto a los procedimientos legales y contractuales correspondientes. Como autoridad, no estaba legitimado para interrumpir e imponer su voluntad al margen de fundamentos técnicos, de la transparencia y de la legalidad".
Agregó que las decisiones adoptadas provocaron 73 días de paralización de las obras, afectando directamente a familias que esperaban la reconstrucción definitiva de sus viviendas.
La presentación judicial también cuestiona la utilización de resoluciones que contendrían antecedentes falsos respecto de supuestas graves fallas constructivas, "las que habrían servido para inducir a los vecinos a poner término anticipado a contratos vigentes". Según la acción legal, "estas actuaciones alteraron el normal desarrollo del proceso de reconstrucción y vulneraron derechos contractuales de las familias afectadas".
"Esperamos que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva, objetiva e independiente que permita esclarecer los hechos denunciados, determinar las responsabilidades que correspondan y establecer si se utilizó el aparato estatal para fines distintos de aquellos previstos por la ley en el proceso de reconstrucción de El Olivar", concluyó la abogada.
